Movilización en el barrio madrileño de Lavapiés tras el llamamiento del Sindicato de Inquilinos de Madrid para evitar el desahucio de un hombre de 85 años, quien reside en un piso propiedad de una pariente de Francisco Franco.
El inquilino, Francisco Rodríguez, conocido como Paco, tiene cáncer terminal con metástasis y lleva en el barrio 40 años. A pesar de nunca ha dejado de pagar la renta "va a ser igualmente desahuciado porque la familia Franco tiene prisa por recuperar una vivienda de apenas 50 metros cuadrados (una de entre las que componen su patrimonio de 100 millones de euros en propiedades inmobiliarias) y le ha demandado por extinción de contrato", ha indicado el sindicato.
Un fondo de inversión compró el local y la vivienda de esa calle, calle del Olmo número 35, en 2017 a un precio por debajo del mercado. Un año más tarde, el 30 de mayo de 2018 se les acababa el contrato que no eran renovables. Desde entonces, Paso se sumó a la asamblea de 'Bloque en Lucha' de Lavapiés.
Bajo el 'hastag' #Olmo35SeQueda a través de Twitter los vecinos denuncian la situación y exigen que se detenga el desalojo y más en las circunstancias actuales marcadas por la crisis sanitaria del coronavirus, ya que en caso de confinamiento Paco no tendría una vivienda en la que estar.
La familia Franco quiere desahuciar a Jacky y Paco, con un cáncer terminal y en plena pandemia, tras 40 años viviendo en su casa de Calle Olmo 35 en Lavapiés
Una vez más, las vecinas y vecinos poniendo el cuerpo para defender la vida#Olmo35SeQueda pic.twitter.com/KF21Gem3qn
— Luis Giménez San Miguel (@LuisGimenezSM) September 23, 2020
Propiedad de un pariente de Francisco Franco
El fondo vendió el inmueble a Lian Lay Fournier, nuera de un nieto de Francisco Franco. "Mandaron cerrajeros al edificio, aunque Paco seguía pagando sus rentas y la demanda que le habían puesto todavía estaba en fase inicial. Pero el barrio se volcó con Paco y los cerrajeros no volvieron. En febrero de 2020 intentaron desahuciarle pero finalmente el desalojo fue suspendido", han señalado.
Según ha asegurado el Sindicato de Inquilinos el juez que instruye el caso pidió al Ayuntamiento de Madrid el 15 de julio que contactase con Paco para llevarlo a una residencia como alternativa habitacional, pero "han hecho caso omiso y se han desentendido del problema".
El Real decreto 11/2020 prohíben los desahucios en caso de vulnerabilidad, por lo que la asociación exige que se paralicen todos los desahucios por extinción de contrato de inquilinos en situación de vulnerabilidad y pide al Gobierno de España que cumpla los compromisos adquiridos para la investidura con respecto a la regulación de los alquileres y la protección efectiva del derecho a la vivienda.
PACO NO SE VA!#Olmo35SeQueda pic.twitter.com/6X7crO2QC6
— Coordinadora de Vivienda de Madrid (@AlertaDesahucio) September 23, 2020
