El senador del PP Juan María Vázquez ha solicitado al Gobierno central que modifique la Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque "pone en jaque" al sector de la acuicultura de la Región de Murcia, informaron fuentes del partido en un comunicado. Vázquez ha hecho esta petición con el objetivo de "preservar los derechos concesionales y acabar con la inseguridad jurídica" que va a ocasionar, a su juicio, esta norma que el Ejecutivo de la Nación pretende sacar adelante el próximo otoño.
Así, el senador 'popular' ha pedido al Gobierno central que "no ponga en riesgo las nuevas inversiones sobre el sector de la acuicultura", al considerar que la aprobación de la nueva propuesta de la ministra del ramo, Teresa Ribera, supondría "un nuevo golpe a los intereses" de estas empresas.
Vázquez ha apuntado que las empresas de acuicultura de la Región de Murcia soportan un empleo directo e indirecto superior a las 2.500 personas, con una facturación anual de unos 200 millones de euros, "con tendencia creciente". Así, ha defendido que "se deben de hacer compatibles las acciones para mitigar el cambio climático con la sostenibilidad del sector creciente y próspero".
En este sentido, ha vuelto a incidir en que medidas como las anunciadas "solo significarían un retroceso poniendo en riesgo no solo su crecimiento sino el mantenimiento de los puestos de trabajo". "El principal activo de las empresas de acuicultura son las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, donde desarrollan su actividad", ha remarcado el senador, tras conocer de primera mano la preocupación de la Asociación de Empresas de Acuicultura de la Región de Murcia.
Así, ha indicado que el Grupo Popular se ha dirigido tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que modifiquen el artículo 18 del proyecto de ley.
"El Ministerio responsable de las competencias en pesca no se puede lavar las manos ante medidas propuestas por otro Ministerio, como ha hecho; por eso hemos solicitado el informe preceptivo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca remitió al Consejo de Ministros cuando aprobó el proyecto y del que esperamos que defendiera los intereses de los acuicultores".
Según la información a la que ha tenido acceso el PP, "ninguna mención hace al artículo 18 y que afecta directamente al mantenimiento de la actividad del sector de la acuicultura, que se ve abocado a un futuro incierto con pérdida de empleo, huida de inversores ante desarrollos de nuevas granjas marinas y, en definitiva, una inseguridad jurídica de una actividad de la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene la responsabilidad y las competencias".
"De hecho, el propio Consejo de Estado recomienda que este tipo de modificaciones se realicen en la Ley de Costas y que ponerla en esta Ley suscitaría dudas interpretativas contrarias a la seguridad jurídica", ha concluido el senador del PP.
