Pedro es psicoanalista, escritor y roza ya los 70 años de edad. Desde hace unos días sabe que el cáncer que padece se encuentra en fase de metástasis. Ahora aspira a ser una de las primeras personas en acogerse a la ley de eutanasia que entrará en vigor el próximo mes de junio tras ser aprobada en marzo por el Congreso de los Diputados y el Senado.
"No es una decisión tomada a la ligera. Le dio un ictus hace siete años y aunque de aquello se recuperó con el tiempo, desde entonces colabora con una asociación en defensa de la muerte digna con la que hizo el testamento vital y a la que ha estado apoyando", cuenta su hijo Adrián, de 35 años. "Sin embargo, ahora que sabe que el cáncer es metastásico y que no hay vuelta atrás, elegir la fecha o pensar en que pronto va a llegar el día es lo más duro", añade.
A aquel ictus le siguió una operación de las dos rodillas, después una enfermedad respiratoria crónica y ahora el cáncer, por el que Pedro se encuentra hospitalizado desde hace dos semanas. "Tiene muy claro que no ve sentido a una vida en la que por alguna enfermedad tuviese que estar postrado en una cama, sin poder hacer leer ni escribir, ni hacer otras de las cosas que le dan la vida, por mucho que nos quiera a sus hijos o a sus nietos", cuenta su hijo.
Pedro lleva años involucrado en la defensa de la eutanasia por convicciones personales y colaborando con la principal ONG dedicada a esta cuestión, la asociación Derecho a Morir Dignamente. Sin embargo, desde que el Congreso y el Senado aprobaron el pasado mes de marzo la ley de eutanasia impulsada por el PSOE, con los votos en contra de PP y Vox, otras organizaciones que nunca se han dedicado hasta ahora a esta cuestión están empezando a recibir consultas al respecto.
Es el caso de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada (ACUMAFU), según informa a este diario su presidente, Marcelo Cornellá. Las primeras solicitudes de información que han recibido hacen referencia a personas mayores con Alzheimer, Parkinson y demencia, pero no todas se ajustan a una ley que, según apunta Francisco Rubiales, abogado de la asociación, puede resultar de difícil aplicación ya que presenta importantes lagunas legales y su ejecución correrá a cargo de las 17 comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por partidos que se oponen a su aplicación.
"Hemos empezado a recibir consultas de gente de toda España sobre cómo poder empezar a aplicar la ley de eutanasia. Nos hemos encontrado con casos muy sorprendentes como el de una mujer que nos llamó pocos días después de aprobarse la ley para preguntar cómo podría acogerse a ella para aplicar la eutanasia a su madre, que lleva años enferma con alzhéimer, pero la ley no contempla explícitamente esta posibilidad, tiene que ser el propio paciente quien lo solicita", explica Cornellá.
¿Quién puede solicitar la ley de eutanasia?
La ley de eutanasia establece varios requisitos para recibir ayuda médica para morir en un plazo máximo de cinco semanas. El primer requisito es ser mayor de edad y sufrir "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable". El propio paciente debe formular dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días entre ambas, aunque el médico puede acortar ese plazo si cree que existe un riesgo "inminente" de "pérdida de la capacidad" del enfermo para otorgar el consentimiento informado.
En el caso de que el paciente no se encuentre en pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad de forma libre, voluntaria y consciente, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, lo que se conoce como un testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos.
"También nos llamó una pareja que roza los setenta años, que llevan años cuidando a su hijo con parálisis cerebral, para consultar si sería posible acogerse a la ley para que el día que el último de ellos padezca el chico no se quede solo", indica el presidente de ACUMAFU. "Nuestros servicios jurídicos estudiarán cada caso una vez que las comunidades autónomas empiecen a aplicar la ley, pero esto puede abrir un melón que será difícil de resolver. ¿Qué pasará si los familiares quieren alegar que el paciente les dijo que su voluntad era la eutanasia y aseguran tener testigos de ello?", añade Cornellá.
Lagunas legales
Tanto el Partido Popular como Vox anunciaron que recurrirán la ley de eutanasia ante el Tribunal Constitucional tras su aprobación en el Congreso el pasado 22 de marzo. Una situación que hace que algunos abogados duden de que realmente llegue a aplicarse.
"Es muy posible que se acabe declarando como anticonstitucional", indica el abogado Francisco Rubiales. "Se trata de una ley degradante que está llena de lagunas legales desde el punto de vista técnico, que atenta contra la vida y que genera mucha inquietud jurídica", añade.
Rubiales considera que el texto aprobado por el Congreso deja muchos "flecos sueltos" y "abre la puerta" a que alguien que no puede solicitar la eutanasia en nombre de un familiar lo acabe haciendo, dejando en manos de un comité médico la decisión final.
"Además, el hecho de que sea una ley de ejecución autonómica lo complica todo más y hace que los procesos sean más complicados o demasiado laxos en función de qué partido político gobierne en cada autonomía", concluye Rubiales.
