El Consejo de Ministros tiene previsto tramitar este lunes el anteproyecto de ley de secretos oficiales que sustituirá a la ley vigente, aprobada en abril de 1968, en pleno franquismo, y modificada en octubre de 1978.
La nueva norma incorporará cuatro categorías, fijará un mínimo de 50 años para guardar los "altos secretos" de Estado y otorgará la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia, que ahora recae en el de Defensa.
La actual ley reguladora de Secretos Oficiales establece que la calificación de secreto y reservado de una materia corresponde exclusivamente, "en la esfera de su competencia", al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
Desclasificación de secretos
En los 54 años de vigencia de la ley solo en ocho ocasiones los sucesivos Ejecutivos han desclasificado documentos secretos.
Caso GAL
La primera vez fue el 18 abril de 1997, bajo la presidencia de José María Aznar, después de que el Tribunal Supremo reclamara trece documentos relacionados con la actividad de los GAL.
Los llamados "papeles del CESID" habían sido sustraídos por el ex coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa del CESID, y fueron incorporados a los sumarios de los casos "Lasa y Zabala", "Oñaederra" y "Lucía Urigoitia".
El Ejecutivo no sólo acató la orden del Tribunal Supremo, sino que aprobó la desclasificación de todos los documentos relativos a la "guerra sucia" contra ETA.
Atentados del 11-M
El Gobierno volvió a desclasificar documentos el 18 de marzo de 2004, cuatro días después de las elecciones generales, está vez se trató de dos informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid.
En los documentos desclasificados se ofreció una relación cronológica en tiempo real de todo lo sucedido desde las 7:34 horas del día 11 y hasta el día 14, además de facilitar un informe del subdirector general Operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado.
Cuatro meses más tarde, el Consejo de Ministros del 2 de julio de 2004 decidió desclasificar o permitir el acceso al contenido de la práctica totalidad de los documentos reclamados por la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11-M, salvo seis del CNI relacionados con el funcionamiento del mismo, servicios secretos extranjeros u organizaciones internacionales.
El 16 de septiembre de 2005, el Ejecutivo acordó de nuevo una desclasificación de informes secretos para remitir al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo los documentos relacionados con los atentados del 11-M y con el posterior suicidio de supuestos terroristas el 3 de abril en Leganés (Madrid) que obraban en poder del Ministerio del Interior y del CNI.
Aviones de la CIA
El 9 de febrero de 2007, el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación de los documentos del CNI solicitados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno relativos a los vuelos de aviones de la CIA en territorio español con presuntos terroristas detenidos.
Fallecidos españoles en Afganistán
El 20 de marzo de 2009, el Gobierno desclasificó toda la documentación sobre el accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Afganistán en agosto de 2005, con lo que el Juzgado Togado Militar Territorial número 11 podría seguir las diligencias sobre la investigación del siniestro.
Dictadura argentina
El 16 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros desclasificó documentos archivados en la Embajada y Consulados de España en Argentina sobre varios cientos de españoles desaparecidos en los decenios 1970-1980, durante la dictadura militar, así como los expedientes de las denuncias de españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas, a petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Operación Kitchen
El 7 de diciembre de 2018, el Gobierno ordenó desclasificar documentación secreta sobre la Operación Kitchen, supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, tal como solicitó el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea para poder continuar con la instrucción.
También se acordó relevar del deber de secreto que afectaba a los funcionarios policiales que hubieran intervenido en ese operativo para que pudieran declarar.
