La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno del Partido Popular ha aprobado y que entrará en vigor en los próximos dos meses, tal y como quedó detallado en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ha generado un aluvión de críticas en la Carrera Judicial y Fiscal. La reinvidicación que todos los colectivos hacen es que es "necesaria" una reforma integral de una ley tan importante para nuestro sistema penal.
La crítica mayoritaria, que no unánime, es que la limitación legal de los plazos de instrucción beneficiará a los delincuentes y generará "impunidad". A continuación, se recopilan los principales argumentos esgrimidos por algunas de las asociaciones de jueces y fiscales.
La APM: reforma "positiva" pero no integral
La asociación menos crítica con esta reforma es la Asociacion Profesional de la Magistratura (APM), cuyo portavoz Pablo Llarena, en declaraciones a Vózpopuli, ha señalado que en términos generales la reforma es "positiva" ya que aprueba medidas "urgentes" que habían sido "reclamadas al unísono por toda la comunidad científica en materia penal". No obstante, desde la APM se añade que la realidad es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una ley que data del año 1882 y que "pide a gritos una reforma total".
"Los plazos de instrucción van a imponer ritmos más vivos en los tribunales", sostiene Pablo Llanera, portavoz de la asociación mayoritaria de la Carrera Judicial
Respecto a los plazos de instrucción que prevé la Ley, seis meses para las causas sencillas y 18 meses para las denominadas macrocausas, prorrogables ambos por igual periodo, esta asociación los considera "adecuados y razonables" aunque su portavoz reconoce que "van a imponer unos ritmos más vivos en los tribunales".
En este sentido, el magistrado Pablo Llanera subraya que "en un Estado democrático una persona no puede estar sometida a una investigación judicial por un periodo de tiempo indefinido".
JpD: "Una reforma que muestra el fracaso de esta legislatura"
Más criticos se muestran desde la asociación progresista Jueces para Democracia (JpD) donde sostiene que la nueva Lecrim es "un nuevo parche precipitado a una legislación procesal penal que resulta sistemáticamente insostenible", además de ser una Ley que "se ha aprobado por meras razones de oportunidad política".
En un comunicado, Jpd manifiesta que "se limitan los plazos de instrucción penal sin aportar más medios a los órganos judiciales, que padecen una grave situación de sobrecarga estructural. Y cualquier persona que conozca nuestros juzgados sabe que será manifiestamente imposible el cumplimiento de dichos plazos, lo cual dará lugar al cierre en falso de las instrucciones o, en su caso, a dificultades para la aportación de elementos probatorios para la vista oral. Todo ello resulta especialmente preocupante en los procedimientos por corrupción, pues facilitará la impunidad en numerosos casos".
"Será manifiestamente imposible el cumplimiento de los plazos de instrucción", denuncia la asociación Jueces para la Democracia.
"Esta reforma es una muestra más del fracaso en la gestión en materia de Justicia durante esta legislatura", concluye la citada asociación judicial.
La Francisco de Vitoria: "No se hubieran destapado ni los ERE ni Gürtel"
Desde la asociación Francisco de Vitoria se sostiene que "la reforma agilizadora que ahora nos ocupa consiste en ponerle un plazo máximo a la investigación penal". En un comunicado, este colectivo denuncia que "España sigue a la cola de Europa en número de jueces por habitante; la generalidad de los Juzgados soporta una carga de trabajo inasumible, y proliferan casos gravísimos de corrupción cuya investigación es muy compleja. Periciales forenses y caligráficas tardan frecuentemente años por falta de personal policial para realizarlas".
"No se habría llegado a averiguar lo que hoy sabemos de casos como los ERE, Bárcenas, Palma Arena, etc con los plazos", denuncia la AJFV
"Ante esta situación, es muy fácil adivinar cuál es el futuro inmediato en un gran número de causas penales: la imposibilidad de practicar una investigación suficiente determinará el archivo de la causa o, tras juicio, la absolución y, con ello, la impunidad de los delincuentes. Y ello beneficiará, entre otros, a los implicados en los gravísimos casos de corrupción que todos tenemos en mente y de los que a diario vemos noticias en los medios de comunicación", subraya esta asociación judicial.
"Basta preguntarse, por poner un ejemplo citando los más significativos casos de corrupción que salpican a la clase política: ¿se hubiera llegado a averiguar lo que hoy conocemos sobre los hechos ocurridos y sus responsables de los casos AVE, Astapa, Banca Catalana, Bankia. Bárcenas, CAM, CCM, Emperador, ERE, Fabra, Faycán, Guateque, Gürtel, ITV, Malaya, Mercasevilla, Palau o Palma Arena con la regulación de la LECrim que ahora se introduce?. La respuesta, sin duda, es no", concluyen.
Asociación de Fiscales: "Será imposible investigar hasta el final"
Vózpopuli se ha puesto en contacto también con Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales que coincide en afirmar que estamos ante reforma que supone un "parche" más de la Ley de Enjuiciamiento Crimnal que aunque puede tener "cosas buenas" lo que "resulta imprescindible es abordar una reforma integral del proceso penal".
Frías ha explicado el aspecto quizás "más problemático" de esta ley es que limita los plazos de instrucción y "lo cierto es que una limitación de plazos ha de venir necesariamente acompañada en la dotación por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas de más medios humanos y materiales", algo que no ha ocurrido tal y como apunta el citado portavoz.
"Resulta imprescindible abordar una reforma integral del proceso penal", sostiene el portavoz de la Asociación de Fiscales
Por último, la Asociación de Fiscales coincide que con esos plazos que prevé la nueva Ley va a "ser imposible investigar hasta el final determinados delitos" por lo que "en cierto modo se lleva aparejada la impunidad de los delincuentes".
APIF: Los plazos, "un escollo más"
Por otro lado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales sostiene que "lejos de invertir y dotar al Estado Español de una Justicia fuerte y eficaz, se pretende solucionar el retraso de la Justicia cerrando puertas a la investigación, que es lo único que va a lograrse con los plazos de caducidad".
En un comunicado esta asociación de fiscales cree que con la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "se pone un escollo más a la instrucción de las causas que nos llevará a espacios de impunidad con instrucciones deficientes".
"Se pretende solucionar el retraso de la Justicia cerrando puertas a la investigación", recalca APIF en un comunicado
"La agilización de la justicia pasa por simplificar el procedimiento, por impedir que pueda recurrirse cada paso que el juez vaya dando, por dotar a la Justicia de medios materiales y personales propios del siglo XXI y no por poner plazos imposibles de cumplir y requisitos de prórroga inasumibles. No se ha escuchado a los profesionales. No hay voluntad de que la justicia funcione", denuncian desde APIF.
