Los lobbies lo pedían a gritos. Y Bruselas también lo exigía: España debía regular la actividad de los grupos de influencia. Y ahora parece que el partido del Gobierno, después de muchas promesas, ha reaccionado y comienza a abordar la normalización de los lobbies: el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentado esta semana una propuesta para regular la labor en el Congreso de estos grupos de presión. La medida ha sido aplaudida, pero sólo a medias: se considera un avance, aunque se ha tildado de insuficiente, tanto por la oposición como por los expertos en el sector.
Con el objetivo de “dotar de plena publicidad y transparencia a los encuentros de los diputados con los denominados grupos de interés”, al actual Reglamento de la Cámara Baja, que data de 1982, el PP quiere añadir una disposición para crear, en el plazo de seis meses, un “registro público de carácter obligatorio donde deban inscribirse” los lobbies.
La propuesta gira en torno a tres ejes: registro público obligatorio para los lobbies, una agenda de reuniones y garantizar un código de conducta
La propuesta del GPP se construye en torno a tres grandes ejes: el registro público ya mencionado, una agenda en la que se deje constancia de las reuniones entre diputados y lobbies y, por último, la aprobación de un código de conducta para comprometer a estos grupos de presión “a no obtener ni información o decisiones de forma deshonesta o mediante un comportamiento inadecuado”.
La crítica principal que se le achaca a esta propuesta es que se limite únicamente al poder legislativo. “Lo óptimo sería ampliar los controles al Ejecutivo nacional, entendido como la Administración General del Estado pero también las administraciones autonómicas”, reclama María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). “La regulación nace ya muy parcial, ya que el 80% de la actividad de los lobbies se desarrolla frente al poder ejecutivo”, comenta Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid e investigador del fenómeno de los lobbies.
“Es una medida de mínimos”, indica Cristina Moreno, de la Fundación Civio, y añade: “Se deja fuera una parte importante de las actividades que estos grupos pueden hacer a nivel del Gobierno y ministerios”. “Cuando se regula tarde es una buena oportunidad para ser innovadores, y aquí no lo estamos siendo”, lamenta Rafael Rubio.
Para extender la medida al control del Gobierno y los distintos ministerios, la regulación de los lobbies debería haberse incluido dentro de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, pero el PP lo rechazó porque entendía que eran los propios partidos políticos y no los grupos de presión quienes actúan de “enlace legítimo” entre la sociedad y los poderes públicos. En este sentido, desde APRI esperan ahora que el Gobierno ceda y establezca un registro de lobbistas en el Ejecutivo a partir del proyecto de ley de altos cargos presentado dentro de la batería de medidas anticorrupción anunciadas por Rajoy este jueves.
El principal problema es que la medida se limita sólo al poder legislativo, sin tener en cuenta las reuniones con el Gobierno y los ministerios
“Incluir la regulación en la ley es importante en un país como España, donde la toma de decisión y los anteproyectos de ley vienen prácticamente cerrados desde el Ejecutivo”, señala Cristina Moreno.
La agenda de reuniones "no aporta demasiado"
Aunque la incorporación de un cuaderno de reuniones, en palabras de Rubio, “permite ver con quién se reúnen los legisladores para obtener así un mapa de los agentes de influencia”, su existencia no deja de ser “redundante”. ¿El motivo? En esa agenda sólo aparecerán los lobbies inscritos previamente en el registro, lo que “sólo serviría para ver cuáles están más activos”. Para convertirla en un instrumento más útil, este experto propone incluir todas las reuniones de trabajo de los parlamentarios para que esa agenda “sirva de elemento de mayor transparencia”.
El problema que surge con los lobbies no es sólo normativo, sino también cultural y de concepto. El PP, en su propuesta, habla del estos grupos como “personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros”. La definición no gusta a la oposición porque se considera "demasiado genérica y un pelín abstracta”, según Rafael Rubio. Tanto la Izquierda Plural como el PSOE piden mayor claridad y que se explique qué se considera lobby y si las ONGs o los colectivos sociales entran en este concepto.
El problema que surge con los lobbies no es sólo normativo, sino también cultural y de concepto
“Una parte del problema cultural tiene que ver con la regulación. Al no haberla, se tendía a relacionar el mundo de los lobbies con prácticas oscuras, lo que acrecentaba su mala fama”, explica Rubio.
Problemas de definición, una agenda poco útil y la opacidad en las reuniones con cargos o funcionarios públicos que no sean diputados empobrecen el intento de los 'populares' de mostrarse transparentes ante la ciudadanía. Y la propuesta tiene más taras: para Civio, el PP no ha tenido en cuenta “otras formas de comunicación que no implican reuniones en persona, como llamadas telefónicas o correos electrónicos”. Asimismo, tampoco se establece un régimen sancionador para los parlamentarios que no estén en la lista previa. “¿Qué pasará si un diputado se reúne con un lobbista no registrado?”, se preguntan.
