El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo ha seguido la estrategia marcada por los presuntos líderes de la red 'Gürtel' y se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que quería preguntarle si cobró al menos 488.054 euros a cambio de mediar para que las empresas de Francisco Correa obtuvieran "contratos y otras resoluciones administrativas favorables", informaron fuentes jurídicas.
"No voy a hacer declaraciones. Muchas gracias", se ha limitado a decir López Viejo a su salida de la Audiencia Nacional, en la que apenas ha permanecido veinte minutos. Cuando ha llegado, el exconsejero madrileño se ha dejado unas gafas de sol de marca en el control de la entrada y ha tenido que ser advertido de su olvido por un policía nacional.
Ruz tenía la intención de preguntar a López Viejo por un informe de la Agencia Tributaria, al que tuvo acceso Europa Press, que señalaba el exconsejero cobró de las empresas de Correa 106.000 euros en 2004, 115.000 en 2005, 196.866,01 en 2006 y 70.188,55 en 2007 por la obtención de estas adjudicaciones.
El exconsejero, que ingresó junto a su mujer, Teresa Gabarra, 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002, defraudó a Hacienda 1.925.718,14 euros en los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2006 y 2008, según consta en este informe, elaborado por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF).
El organismo tributario también destaca que en los años 2002, 2003 y 2008 el patrimonio del exconsejero madrileño "sufrió importantes acrecentamientos" que no se corresponden con las rentas que recibió como "empleado público de la Comunidad de Madrid y como diputado regional en la Asamblea".
"De manera que estas manifestaciones de riqueza no pueden haberse generado por ahorro de su renta declarada", concluye el organismo tributario. El exconsejero está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Comisión en cada operación
En un auto dictado en octubre pasado en el que el juez citó a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Ruz señalaba que López Viejo recibió "cuantiosos pagos" de la red 'Gürtel' como consecuencia de "la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid".
De la instrucción se deduce que López Viejo ejerció labores de "intermediación" entre varias consejerías del Gobierno regional y la red de Correa a través de "sociedades pantalla o velo para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios". Estas empresas intermedias, según el auto, solían recibir una comisión variable de entre el 5 y el 11,5 por ciento del contrato adjudicado.
El juez cifró entonces en 8,7 millones de euros el importe pagado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la trama 'Gürtel', que habrían obtenido un beneficio irregular de 4,9 millones de euros. Este dinero se habría repartido en "abonos a favor" de López Viejo, comisiones a personas vinculadas con las empresas de Correa y un porcentaje del 5 por ciento para la empresa Over.
