Iván Yáñez, el 'broker' de JB Capital Markets que Luis Bárcenas utilizó de testaferro para vaciar en 2009 sus cuentas en Suiza y acogerse a la amnistía fiscal en 2012, también se aprovechó de la Declaración Tirbutaria Especial de Cristobal Montoro. Con él ya son cuatro los imputados en el 'caso Gürtel' que blanquearon el dinero que tenían oculto en el extranjero gracias a la medida aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. Yáñez confesó esta circunstancia este viernes durante su comparecencia de cerca de cuatro horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quien le hacía citado acusado de blanqueo de dinero por su participación en las actividades del extesorero en el paraíso fiscal. Al término de su declaración, el magistrado mantuvo la imputación.
El 'broker' reconoció que cobró 1,3 millones de euros por "asesorar" al extesorero en los movimientos para vaciar sus cuentas suizas
Yáñez detalló que por "asesorar" a Bárcenas, con el que firmó un contrato el 1 de octubre de 2009, cobró 1,3 millones de euros que depósito en dos cuentas en Suiza a nombre de una empresa fantasma de su propiedad, la panameña Granda Global: una en el LGT-Dresdner Bank y la segunda en la Banque SYZ. El testaferro aseguró que se acogió a la amnistía fiscal a finales de 2012, precisamente, para regularizar este dinero, pero que para entonces sus dos depósitos en el país helvético llevaban bloqueados cerca de dos años por las autoridades de Berna y se vio obligado a pedir un préstamo al propio Bárcenas para pagar la tasa de 132.000 euros. Éste supuesto crédito entre ambos quedó reflejado en un documento firmado el 20 de septiembre de 2012.
En su declaración, el 'broker' ha intentado en todo momento respaldar el testimonio que prestó el pasado 25 de febrero Luis Bárcenas, con el que reconoció tener una vieja amistad a través de su padre, Francisco Yáñez, antiguo empleado del PP en la etapa de Manuel Fraga. Así, por ejemplo, aseguró que le contrató a comienzos de 2009 y que las cartas que las autoridades suizas enviaron a España y en las que el exsenador por Cantabria le concedía plenos poderes para mover sus fondos secretos se las había entregado "en mano" el propio Bárcenas. Sin embargo, dijo no recordar si le vio escribirlas. Un detalle importante, ya que el extesorero negó en su última declaración que fueran de su puño y letra. Entonces sólo reconoció ser el autor de la firma en un intento de evitar que sean utilizadas como documento indubitado para comprobar si la supuesta contabilidad secreta del PP que ahora investiga el juez Ruz fue escrita por él.
Para inversores y Sanchís
Iván Yáñez también respaldó las declaraciones de su "amigo" sobre el destino final de los 3,5 millones de euros que en su nombre transfirió a cuentas en Nueva York de dos empresas uruguayas, Brixco SA y Lidmel Internacional. Según el testaferro, esa cantidad estaba destinado a devolver el dinero de otros inversores y a pagar un préstamo a Ángel Sanchís, el también extesorero del PP que posee diferentes negocios en Argentina y Brasil, y cuya presunta participación en la trama también ha investigado la Policía. En idénticos términos se expresó Bárcenas en su última comparecencia ante el juez.
Sobre los inversores, el testaferro se limitó a decir que eran extranjeros y que los captó Edgardo Patricio Bel, un abogado argentino presente en el equipo directivo de la principal empresa de Sanchís, La Moraleja SA. La Policía considera clave a este letrado bonaerense en la creación de la estructura de empresas fantasmas utilizada por Bárcenas para poner a salvo su fortuna suiza. En este punto, uno de los abogado preguntó al 'broker' por qué no había denunciado las maniobras de su amigo. Según abogados presentes en la declaración, Yáñez titubeó en sus respuestas. En un principio, aseguró que no sabía que tenía que hacerlo, aunque finalmente reconoció que "no se atrevió" a delatar a su "amigo".
Sobre el bloqueo de sus dos cuentas y de otras a nombre que Bárcenas tenía en Suiza a nombre de la empresa uruguaya Tesedul, Yáñez reconoció que se produjo en diciembre de 2010 después de una denuncia de Visa que alertó a las autoridades antiblanqueo del país helvético de que el extesorero había solicitado una tarjeta de crédito con un límite mensual muy elevado, 25.000 euros, como adelantó Vozpópuli.
