España

El PP insiste en el "despido en diferido" pero reconoce que pagó a Bárcenas 200.000 € de más

El abogado del partido asegura en el juicio que al extesorero le correspondían 525.500 euros pero que al final le pagaron 719.500. Afirma que el pacto no está documentado porque creían que Bárcenas "era un caballero".

  • Un momento del juicio, celebrado en el juzgado de lo Social número 16 de Madrid, por el despido del PP de Luis Bárcenas.

"Pagos en diferido", "pacto de mutuo acuerdo", "indemnización compensatoria"... el PP volvió a sacar a relucir los célebres argumentos que en su día expuso su secretaria general, María Dolores de Cospedal, para defender este viernes ante la titular del Juzgado de los Social número 16 de Madrid, María José Ceballos Reinoso, que el despido de Luis Bárcenas se produjo en abril de 2010, y no el 31 de enero de 2013, como el extesorero asegura. No obstante, el abogado del partido, Iván Gayarre, admitió que pese a que la supuesta indemnización que le correspondía por los años de servicio al partido era de 525.500 euros, finalmente se le pagó 719.500 euros. "Puede que pagáramos de más, pero eso no es delito", defendió el representante legal del partido. En concreto, cerca de 200.000 euros, según los datos que el propio Gayarre facilitó durante la vista.

El PP asegura que el acuerdo para la indemnización lo negociaron con Bárcenas "las más altas instancias" del partido que no quiso identificar

No fue el único gesto que el partido reconoció este viernes haber tenido en los últimos años hacia el que fuera máximo responsable de la finanzas del Génova 13. El abogado aseguró que le dejaron seguir contando con su secretaria, que le sufragaron un seguro médico privado y que le pagaron un mes más de lo acordado, el de enero de 2013, por "un error administrativo". Nada menos que 21.300 euros que no le han reclamado hasta ahora. Los representantes de la formación también admitieron que del célebre "acuerdo extintivo de pago en diferido con simulación de renta" no hay constancia documental ya que este supuesto pacto lo alcanzaron con el extesorero "las más altas instancias" del PP que no quisieron concretar y que no se plasmó por escrito. ¿Por qué? "Bárcenas era un caballero", alegó el responsable jurídico de la formación, Alberto Durán, que intervino como testigo.

Durante las cerca dos horas que ha durado el juicio, el abogado del PP ha intentado demostrar no sólo que Bárcenas dejó de trabajar en abril de 2010, cuando dejó su escaño en el Senado por el escándalo del 'caso Gürtel, sino que, incluso, los 32 años de antigüedad que alega el extesorero para reclamar ahora una indemnización de 905.000 euros son falsos. Así, Iván Gayarre desveló que éste no había sido el único despido que había sufrido Bárcenas dentro del PP ya que llegó a ser cesado en 1987 como gerente del partido y, tras recolocarle como asesor del grupo parlamentario meses después, terminó siendo despedido disciplinariamente por ausentarse del trabajo tres días. Pese a ambos precedentes, la formación volvió a 'ficharle' como segundo de las finanzas en febrero de 1989, puesto que mantuvo hasta que en 2004 adquirió la condición de senador.

Cargo "estatutario"

A partir de esa fecha, el PP considera que no volvió a existir relación laboral con Bárcenas y que cuando éste asumió tras el Congreso de 2008 la condición de tesorero en sustitución del octogenario Álvaro Lapuerta, su relación a partir de ese momento con la formación fue "estatutaria" y, por tanto, sin contrato de trabajo. El abogado equiparó su situación entonces con la de cualquier "alto directivo" de empresa, en la que es práctica "bastante habitual" no formalizar contratos, dijo. No obstante, esta relación finalizó con su dimisión en el cargo en abril de 2010, tras su imputación por la trama de corrupción. Es, a partir de ese momento cuando empezaron a pagarle la "indemnización compensatoria" supuestamente pactada y que debía extinguirse en diciembre de 2012, aunque se prolongó un mes más, justo hasta un día después de que salieran a la luz los célebres apuntes contables del extesorero, algo que el representante legal del partido calificó reiteradamente como "un error administrativo".

El abogado del partido aseguró que el pago "en diferido" de la idemnización le permitió al extesorero ahorrarse más de 7.000 euros en IRPF

Cerca de tres años de elevados pagos mensuales que alcanzaron la nada despreciable cifra total de 719.502 euros, además de las cuotas a la Seguridad Social. ¿Lo acordado? Según el PP, salvo el pago de enero, sí, aunque admitieron que con ello se superaba la indemnización por despido que le hubiera correspondido con una antigúedad desde 1989, fecha de su incorporación como gerente, hasta 2010, excluidos los años que disfrutó de la excedencia por su condición de senador. Según reconoció, deberían haberle pagado sólo 525.500 euros, muy lejos de los 905.000 euros que ahora les reclama, pero también menos de lo que finalmente si le transfirieron a sus cuentas. Incluso admitió que el dinero no se lo abonaron en un sólo pago porque ello hubiera traído problemas a la formación conservadora con Hacienda y la Inspección de Trabajo precisamente porque no había contratos firmados. No obstante, el letrado aseguró que el acuerdo de la indemnización "en diferido" también fue beneficiosa para Bárcenas, ya que 'se ahorró' más de 7.000 euros en pagos del IRPF.

El abogado del partido insistió una y otra vez que ese cuerdo fue aceptado por Bárcenas y que, de hecho, nunca reclamó nada durante todo ese tiempo, ni siquiera cuando se formalizó el fin de los pagos el 31 de enero de 2013. En este sentido, el PP ha sacado a relucir la declaración que el extesorero hizo días después ante la Fiscalía Anticorrupción, que entonces comenzaba a investigar la veracidad de los polémicos 'apuntes contables'. En ella, ha recalcado, el extesorero aseguró que había causado baja en el PP en 2010 y que a partir de ese momento había dejado de ir a la sede del Génova 13. Días después de prestar aquel testimonio, fue cuando presentó la demanda y "dio un giro de 180 grados" a su testimonio sobre su relación laboral con Génova. Un cambio de estrategia motivado, según el defensor del partido, por "una situación muy complicada tras saltar el asunto de sus cuentas en Suiza y sus papeles".

Asesor con chófer y secretaria

Muy diferente ha sido, sin embargo, la postura defendida por el abogado de Bárcenas, Enrique Villegas. Éste recalcó que los 23.100 euros que mensualmente le abonó el partido desde abril de 2010 a enero de 2013 no fueron ninguna indemnización sino la retribución por su trabajo de "asesor" de la formación y que, durante todo este tiempo, el extesorero tuvo a su disposición secretaria, chófer, despacho, teléfono y ordenadores del partido. De hecho, el letrado ha hecho testificar al jefe de informática del PP, Javier Barrero, quien ha echado por tierra buena parte de los argumentos de la formación política. Así, este trabajador ha asegurado a la juez que Bárcenas tenía un lugar para trabajar en la tercera planta de Génova, que le veía a menudo allí despachando con diferentes personas, que su secretaria le atendía las llamadas y que, incluso, tuvo que ir en alguna ocasión a su casa a arreglarle un equipo informático porque "era su jefe" en el partido.

La defensa de Bárcenas ha asegurado que la "indemnización en diferido" es "un fraude" a la Seguridad Social y apunta a la existencia de un delito de "falsedad documental"

El abogado del extesorero ha esgrimido también que el PP le siguió enviando la cesta de Navidad a su domicilio hasta las Navidades de 2012, como admitió el portero de la finca de los Bárcenas, quien también ha comparecido durante la vista. Enrique Villegas ha insistido en varias ocasiones que lo que ocurrió con Bárcenas fue un "despido unilateral y sin mediar comunicación ni verbal ni escrita". Por tanto, ha recalcado que el célebre pacto para repartir la supuesta indemnización en pagos mensuales nunca se produjo y que, de haber existido, debería haberse plasmado en un documento. Asímismo, ha recalcado en dos ocasiones que la "indemnización en diferido" que esgrime el PP tampoco existió y que "de ser cierta, sería un fraude a la Seguridad Social por haber cotizado de forma irregular por un trabajador", además de sugerir la existencia de un delito de "falsedad documental". El juicio ha quedado visto para sentencia.

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