La acusación particular ejercida por Izquierda Unida ha anunciado que va a ampliar su querella contra el Partido Popular por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su ex tesorero, Luis Bárcenas, para acusar a la Secretaria General del Partido o a los vicesecretarios por “destrucción de pruebas, encubrimiento y obstrucción a la Justicia”. Según el abogado de la formación, Enrique Santiago, no resulta creíble pensar que “esa decisión se ha tomado a nivel técnico sin la responsabilidad de los máximos órganos del Partido”.
La secretaria General, María Dolores de Cospedal, y los vicesecretarios de organización, Javier Arenas y Política Autonómica y Local, Carlos Floriano, podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de cárcel, según los letrados de la causa tal y como determina el artículo 451 del Código Penal.
La acusación a María Dolores de Cospedal se completará –según la acusación—con nuevas peticiones de responsabilidades por lo que “podría constituir un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública”, después de que el diario El Mundo revele que Cospedal ofreció a Bárcenas un despido “pre-datado” con el que podría haber incurrido en irregularidades que recortaron la base imponible y, por tanto, los impuestos que debía pagar el ex tesorero. “Cospedal ha mentido –asegura el secretario general de IU, Cayo Lara—porque sí sabía qué se estaba haciendo y se siguen desmontando sus mentiras”.
Mariano Rajoy: será llamado como testigo
Las declaraciones y publicaciones de las últimas semanas llevan también a la acusación particular a pedir que el Mariano Rajoy declare en calidad de testigo. “Si no fuera Presidente del Gobierno ya habría sido llamado a declarar –aseguran los abogados—porque se dan todos los elementos para que se presenten diligencias con la declaración testifical del Presidente”.
Las próximas diligencias serán pactadas con el resto de acusaciones pero fuentes de esas acusaciones aseguran que hay un consenso para “ampliar la querella”.
Responsabilidad institucional del Partido Popular
La modificación legal que se aprobó en diciembre de 2012 puede convertir al PP como organización en responsable también de la situación en los papeles de Bárcenas. Antes de diciembre de 2012, los partidos no tenían responsabilidad institucional.
“La ampliación de querella estará ultimada dentro de ocho o diez días”, ha asegurado el Secretario General de IU, Cayo Lara que asegura que el PP como institución puede haber incurrido en un delito de encubrimiento.
