“He dado orden de que se colabore con la Justicia”. Es el discurso oficial de Mariano Rajoy sobre el llamado 'caso Bárcenas'. Sin embargo, las evidencias que podrían apuntar a la supuesta financiación irregular del partido siguen desapareciendo. La última en esfumarse ha sido una que podría haber contenido los correos electrónicos de dos antiguos responsables del área económica del partido, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, y que la Policía no halló cuando realizó el registro 'de facto' de la sede la pasada semana. Ésta es la batería de evidencias que han desaparecido y la colección de explicaciones o excusas que ha esgrimido Génova.
- Los discos duros de los ordenadores de Bárcenas: el pasado 20 de agosto, el PP entregaba en la Audiencia Nacional los dos ordenadores portátiles que usaba Bárcenas junto a un escrito en el que reconocía que había destruído el contenido de sus discos duros con el fin de poder asignar ambos equipos a otros trabajadores del partido. Lo había hecho un mes después de que un juez de Plaza Castilla archivara la denuncia por robo que el exsenador había presentado contra la formación por no devolverle ambos. El posterior análisis de las dos computadoras, realizado por peritos de la Policía Científica, reveló que uno de ellos, un Macintosh MacBook Pro, había sufrido el formateo de su memoria el 3 de julio, sólo unos días después de que el extesorero ingresara en prisión. El segundo ingenio informático, un PC de la marca Toshiba Libretto 100 CT, fue entregado a la Audiencia Nacional sin disco duro por "haber sido extraído con anterioridad". Éste último presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujección de que podía haber sido extraído o cambiado con anterioridad", según reveló el acta que levantó el secretario judicial cuando los recibió. El pasado mes de septiembre el juez Pablo Ruz dictó un auto en el que apuntaba a la supuesta existencia de un delito de encubrimiento por estos hechos, aunque remitió las pesquisas a los juzgados de instrucción de Madrid al considerar que la Audiencia Nacional no era competente para investigarlo. Mes y medio después, la magistrada que recibió la causa decidió archivarla provisionalmente sin realizar ninguna diligencia. Sin embargo, otro juzgado, que había recibido una denuncia presentada por una de las acusaciones en el caso, el Observatorio DESCH, había decidido sólo unos días continuar con las pesquisas sobre dichos hechos al considerar que la destrucción de estos ingenios informáticos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Esta demanda sigue viva.
- Los libros de visitas de Génova 13: el 31 de mayo, el magistrado dictó un auto por el que reclamaba al entonces jefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, cuñado del propio Bárcenas, que enviará al juzgado los libros en los que se anotaban las entradas de las visitas en la sede de Génova 13. En concreto, pedía los datos que dichos registros tuvieran sobre ocho de los empresarios que aparecían como presuntos donantes en los apuntes contables del extesorero y que ya entonces habían sido imputados. El magistrado exigía también que se detallara el día, mes, año y persona a visitar por estas personas. De la Fuente respondió dos semanas más tarde que la información que pedía el juez había sido destruida. Aseguraba que esto se hacía periódicamente, en concreto cada 30 días, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de datos sobre sobre Ficheros Automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios, en la que se prohíbe la conservación de los datos personales recogidos en el acceso una vez transcurrido un mes desde el momento en que fueran recabados".
- Las grabaciones de las cámaras de seguridad: el juez también había reclamado las grabaciones de las cámaras de seguridad con el argumento de que las imágenes permitirían aclarar si los empresarios imputados habían visitado la sede de Génova. Los 'populares' informaron al juez que no conservan esas grabaciones. La respuesta al juez la firmaba el exjefe de seguridad, quien se amparaba precisamente en la ley de protección de datos para justificar la destrucción automática cada mes de estas imágenes, como se hacía con los libros en los que se registraba la entrada en la sede de personas ajena al partido. Sin embargo, cuando De la Fuente acudió a declarar ante el juez el pasado 13 de junio reconoció que el documento en el que se justificaba todo esto y en el que aparecía su firma, no lo había elaborado él, sino el equipo jurídico del PP y que él sólo se limitó a estampar su firma. En una entrevista en televisión, el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, aseguró que uno de los ordenadores de su cliente cuyos discos duros fueron destruidos por los responsables del partido contenía "información relativa a agendas, visitas, nombres, circunstancias, e incluso imágenes de personas que visitaron" la sede de la madrileña calle de Génova.
- Las agendas de los extesoreros: el pasado 10 de septiembre, Estrella Domínguez, secretaria en el PP de Luis Bárcenas, acudió a la Audiencia Nacional a declarar como testigo. La mujer, que aseguró haber comenzado a trabajar con el ahora recluso en 1990, reconoció que llevaba unos dietarios con las actividades de su jefe en los que anotaba, por indicación de éste, "todo" lo que hacía, incluidos sus encuentros, cenas y reuniones. La mujer también admitió que los mismos estuvieron en su poder hasta, al menos, diciembre de 2012, cuando, dijo, los tiró a la basura al considerar que ya no tenían ningún valor. La secretaria también reconoció que en 2009, al poco de estallar el 'caso Gürtel', el propio Bárcenas le pidió que guardase dichas agendas en su casa y que en 2011 se las reclamó para devolvérselas tiempo después. Tampoco han llegado al Juzgado las agendas del otro extesorero imputado, Álvaro Lapuerta. Su secretaria, Rosa María López Merinero, también aseguró al juez Ruz el pasado septiembre que ya no conservaba estos documentos ya que las iba eliminando con el "paso del tiempo". Finalmente, a comienzos de noviembre, el abogado de Bárcenas entregó en el Juzgado una serie de anotaciones manuscritas que el extesorero supuestamente había transcrito en 2011 de las anotaciones recogidas en sus agendas de los años 2006 y 2007. Con ellas, el político ahora encarcelado intentaba probar el supuesto pago realizado en 2007 de 200.000 euros por parte del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, a la campaña electoral de la actual secretaria general ‘popular’, María Dolores de Cospedal, para las elecciones autonómicas que se celebraron aquel año.
- Los 'emails' de Lapuerta y Páez: el último episodio se produjo la pasada semana, cuando el magistrado ordenó el registro ‘de facto’ de la sede principal del PP en busca de facturas sobre las obras de reforma del edificio y revisó los servidores informáticos donde estaban alojados los correos electrónicos de los empleados del partido. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se llevaron una desagradable sorpresa al descubrir que alguien había ‘borrado’ los emails de dos de los imputados de la causa, Lapuerta y Páez. Según el acta judicial, la eliminación del contenido de los buzones de ambos no pudo ser realizado "por el usuario físicamente debiendo ser solicitado explícitamente". Los representantes del PP que asistieron a la diligencia negaron cualquier implicación en esta maniobra y aseguraron que "ninguna persona de la actual gerencia ni tesorería ha ordenado dicho borrado". Los mismos apuntaron que "lo lógico es pensar que debió ser él mismo [en referencia a Lapuerta y Páez] quien antes de marcharse diera la orden ya que tenía funciones para ello". Curiosamente, sí se conservaban los emails de los dos buzones que tuvo Luis Bárcenas, aunque los agentes policiales constataron que en los mismos no existía ningún “correo electrónico relevante a los fines de la investigación”.
Oficialmente, el PP ha rechazado tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta destrucción de pruebas y ha hablado siempre de “cumplimiento estricto de la ley” o de “coincidencias”. Como aseguraba recientemente el propio Mariano Rajoy, la formación insiste una y otra vez que siempre ha colaborado con la Justicia.
