Bajo el lema "Pasarela al RETA ya", miles de abogados y procuradores vuelven a salir a las calles para reclamar al Gobierno una solución rápida y efectiva que les permita traspasar sus cotizaciones a la Seguridad Social. Este sábado 3 de febrero, asociaciones y grupos organizados desde otras partes de España se unen en Madrid para exigir a las instituciones "pensiones dignas". Han acudido 1.500 personas, según la organización.

La manifestación convocada para este fin de semana en la capital se ha iniciado desde dos puntos. Los abogados han iniciado su andadura desde la calle Serrano, frente a la sede de la Mutualidad, mientras que los procuradores han dado el pistoletazo de salida desde la calle Bárbara de Braganza, donde se ubica la sede de la Mutualidad de Procura. Las dos cabeceras se han unido en el Paseo de Recoletos para proseguir hasta la sede del Consejo General de la Abogacía. La marcha ha finalizado frente al Congreso de los Diputados.

El recorrido de esta marcha se ha mostrado como toda una declaración de intenciones, una forma de manifestarse de manera directa frente a cada una de las instituciones con competencias para solucionar esta problemática que lleva aquejando a los profesionales del sector desde hace décadas.

Durante la manifestación, han reclamado "ser autónomos, normales y corrientes". La impulsora del Movimiento J2, Isabel Rabell, ha denunciado que el sistema llamado "alternativo" al que acceden cuando se colegian es "un gran engaño" porque se pagan su propia baja.

"Nos lo pagamos todo, solo una pequeña parte de lo que pagamos se acumula para nuestro fondo de jubilación, lo que ha provocado que tengamos a casi 64.000 afectados de mutua abogacía, 11.000 de procuradora y 7.000 de AlterMutua, que percibirán prestaciones muy por debajo de las no contributivas", ha indicado Rabell.

La portavoz de la plataforma explicó que esto empezó hace nueve meses aproximadamente, "cuando a los afectados de mutua abogacía les llega una estimación de las pensiones que percibirían y esas estimaciones, que estaban en torno a 1.000 o 1.200 euros, de golpe bajan a 400".

En la manifestación se ha cantado lemas como "somos abogados, somos procuradores, defendemos derechos, queremos derechos" y los asistentes sostenían pancartas en las que se leía: "Por una retribución digna del turno de oficio", "Abogados y procuradores no merecen la indigencia. Europa ayúdanos" y "Pacto de Toledo, NO. RDL ¡YA!"

Para la cita de este sábado, varias asociaciones y fundaciones han fletado varios autobuses desde varias provincias. Otros, como es el caso de los mutualistas de Galicia y Canarias han viajado en avión. Todo ello para conseguir "una concentración histórica" que ha logrado que por primera vez "la abogacía y la procura se hayan unido" para conseguir "un fin común".

"Míseras pensiones" y coberturas insuficientes en la Mutualidad

Los afectados denuncian que las coberturas que proporciona la Mutualidad son insuficientes y que este sistema, cuyos rendimientos económicos que obtienen dependen -principalmente- de inversiones, lo que provoca que las pensiones destinadas para muchos abogados y procuradores no superen los 400 euros.

En los años 80 y 90, miles de trabajadores se afiliaron a la Mutualidad, un sistema de pensiones que prometía mayores beneficios que los de la Seguridad Social y que, después de varias décadas, les ha condenado a contar con menos prestaciones sociales y poner punto y final en sus carreras con unas "pensiones míseras".

Existen infinidad de casos con características únicas cada uno de ellos, que convierten a esta realidad en una compleja problemática que necesita la implicación de expertos y la coordinación de varios ministerios. Por ello, el Movimiento J2 o la asociación ANAMA (Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía) proponen al Gobierno crear una pasarela de las mutualidades al sistema RETA.

Las últimas concentraciones y manifestaciones han ubicado esta problemática en el centro del foco mediático, lo que ha obligado a que diferentes grupos políticos y miembros del Gobierno se sienten en la mesa con los afectados para iniciar un proceso de transición.

Proposición No de Ley registrada por el PP

Varios parlamentos autonómicos han aprobado ya por "unanimidad" varias Proposiciones No de Ley con el objetivo que lleguen al Gobierno central y se tomen medidas. Ahora, la pelota está en el tejado del Ejecutivo de Sánchez. El pasado 25 de enero el Partido Popular se unía a las iniciativas autonómicas y presentó una PNL sobre la proposición de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de abogados y procuradores de las mutualidades.

Esta iniciativa, registrada en el Congreso de los Diputados, propone construir una Comisión integrada por la representación de las mutualidades, así como de asociaciones y plataformas de afectados, que "analice en profundidad las distintas situaciones que concurren en las mutualidades de ambas entidades". El PP se une así a las reclamaciones de los profesionales del sector afectados por las condiciones de este sistema privado y pide al Gobierno la regulación fiscal del tema para solucionar el problema de las pensiones.

Finalmente, el Gobierno bajo la batuta de la ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, ha trasladado a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo la petición. Una decisión que ha caído como un jarro de agua fría entre muchos de los afectados que exigen a Sánchez una vía más rápida.

Abogados y procuradores descontentos con la última decisión del Gobierno

"Las declaraciones de la ministra han encendido bastante los ánimos", "en la comisión del Pacto de Toledo es donde muere todo". Varias plataformas de afectados entienden que la vía elegida por el Gobierno no es la más adecuada, ya que podría retrasar los plazos años. Por ello, defienden que la solución debe de tramitarse por decreto ley, una herramienta legislativa muy utilizada por los socialistas a lo largo de toda la legislatura.

No obstante, asociaciones como ANAMA entienden la decisión del Gobierno, aunque -matizan- su deseo que esta no sea la única comisión encargada de abordar la problemática. "Nosotros estamos de acuerdo en que se podría hacer por otras vías, por ello, hemos solicitado la comparecencia de técnicos expertos para hacer una valoración económica y presentar la viabilidad de lo que pedimos".

La asociación defiende la importancia de crear una base sólida sobre la que trabajar esta problemática. Para ello, han contratado a un equipo de técnicos para poner sobre la mesa un informe detallado y ayudar a que el proceso sea lo más rápido posible, pero bajo una buena supervisión.

La realidad de esta problemática es mucho más compleja de lo pueda parecer a priori. Una problemática que afecta a miles de casos diferentes y cuya complejidad técnica ha dificultado, hasta ahora, que los anteriores ejecutivos presenten una solución definitiva.

No obstante, profesionales de la abogacía y la procura se han unido después de décadas bajo un fin común: exigir al Gobierno un derecho fundamenta, unas pensiones dignas. No es la primera vez que el Gobierno facilita una pasarela al sistema RETA a clientes de la Mutualidad, por ello, abogados y procuradores piden un sitio en la mesa para ellos.

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