Los trabajadores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del Ayuntamiento de Madrid se movilizarán en septiembre tras no recibir respuesta del Ministerio del Interior a una carta en la que solicitaban más protección en su trabajo.
Los trabajadores habían solicitado, vía Delegación del Gobierno de Madrid, que se iniciaran los trámites para que ser declarados autoridad. De esta manera, según explica Eugenia Pillado, de UGT, las agresiones podrán tramitarse por vía penal y no civil, como hasta la fecha.
“Así las sentencias serán más duras para los agresores y evitaremos incidentes graves como los que se producen actualmente”, según explica la representante de UGT. “La agresión, si esto no cambia, resulta muy barata al ciudadano violento”, añade.
Después de 12 años de peticiones, se han retirado de los recursos los datos personales del trabajador. El conductor podía saber de esta manera el nombre de quien le multó y averiguar su domicilio
Los sindicatos del sector se reunirán en septiembre para preparar un calendario de movilizaciones para reivindicar un trabajo seguro. Eugenia Pillado está satisfecha de la medida que ha puesto en marcha Interior tras la solicitud del Ayuntamiento de Madrid.
Después de 12 años de peticiones, ha retirado de los recursos los datos personales del trabajador. El conductor podía saber de esta manera el nombre de quien le multó y averiguar luego el domicilio del agente del SER. En algún caso, el denunciante se presentó en casa del agente para recriminarle su denuncia y amenazarle.
Sin embargo, los sindicatos aún consideran esta medida insuficiente y exigen más protección. “Recibimos insultos, escupitajos, empujones, bofetadas y agresiones físicas”, afirma la representante de UGT.
“Recibimos insultos, escupitajos, empujones, bofetadas y agresiones físicas”, afirman desde UGT
Este año, hasta el mes de agosto, se han producido un centenar de agresiones, muchas de ellas con denuncias. El año pasado se produjeron un total de 200.
Otra de las soluciones sería patrullar en pareja (ya se hace en algunos barrios) o tener un botón en la tableta de trabajo para conectar directamente con la Policía cuando se es agredido. Los cerca de 800 trabajadores del SER imponen el 45% de las sanciones que se producen diariamente en Madrid.
En todos los sectores
El pasado mes de junio, trabajadores ferroviarios se manifestaron en la estación de Atocha para exigir protección ante las agresiones de usuarios insatisfechos con el servicio. CCOO informó que en los primeros cinco meses del 2017 se han producido en Metro un total de 28 agresiones, mientras que a Renfe se han comunicado 79.
Manuel Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, dijo recientemente que “las trabajadoras y trabajadores que prestamos servicio cara al público no podemos ir a trabajar con miedo y mucho menos pagar la ira de los viajeros y viajeras ante la pésima calidad del servicio que se presta debido a la falta de inversión, previsión, planificación y la gestión de políticos y empresariado, y la criminalización hacia la plantilla por defender sus derechos”.
También exigen que se les reconozca como “agentes de la autoridad”, como lo han hecho en Educación y Sanidad, y que se realice una campaña estatal de sensibilización.
Los trabajadores del sector ferroviario exigen que se les reconozca como “agentes de la autoridad”, como se ha hecho con los de Educación y Sanidad
En Educación, las agresiones han sido una constante en los últimos años tanto en Madrid como en el resto de España. Ante el aumento, el Gobierno regional aprobó en tiempos de Esperanza Aguirre la Ley de Autoridad del profesor. La pena por agredir a un docente, con esta ley, es mayor, lo que en opinión de los expertos frena los ataques.
Los médicos españoles han visto cómo aumentaban de forma alarmante las agresiones. En 2016 se produjeron en todo el Estado 361, un 37,12% más que en el año anterior. La Organización Médica Colegial (OMC) organizó un observatorio hace siete años. Las razones de estos ataques son la masificación de las urgencias, el aumento de las listas de espera o la precariedad laboral de muchos profesionales.
Los médicos lograron que, en julio de 2015, la reforma del Código Penal considerara atentado a la autoridad las agresiones contra este colectivo.
La OMC llegó a aprobar un manifiesto en el que denuncia las amenazas y golpes, que afectan especialmente a las mujeres (58%). Cataluña estaba el año pasado a la cabeza de las agresiones (109), seguida de Andalucía (102) y Madrid (99).
