Nada dignifica más la muerte que la sepultura. Enterrar a nuestros seres queridos es el último acto de amor y respeto a lo que han representado en este mundo durante sus vidas. Un rito que se remonta a épocas antiquísimas de la civilización. Sin embargo, y por extraño que pueda sonar en nuestros días, hay miles de personas que nunca obtienen el tan esperado adiós.
En diciembre del año 2020, el Gobierno de la Comunidad de Madrid inauguró en Valdebebas la nueva sede del Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses, uno de los mayores centros de autopsias de toda la región.
El citado macrocentro funerario, que cuenta con una superficie construida de 13.500 metros cuadrados y ocho plantas, posee 17 mesas de autopsias, dos salas frigoríficas de congelación colectivas y 123 cámaras individuales, con capacidad para albergar, en total, hasta 225 cadáveres. Además, diez laboratorios, aulas de formación, salas de rayos X y 61 despachos de trabajo y salas de descanso y polivalente de los forenses.
A los dominios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) llegan todo tipo de fallecidos, incluidos aquellos que nadie reclama y que terminan pasando su mundana eternidad congelados en una cámara frigorífica por los siglos de los siglos.
Estos 'hijos de nadie', que recitaba Eduardo Galeano, se acumulan por decenas en el IML, generando un problema real de ocupación. Al no tener familia o amigos que se puedan hacer cargo de su sepultura, la Comunidad de Madrid ha decidido atajar el problema de una vez por todas.
La CAM dispondrá de 145.000 euros para enterrar
A tenor de lo adelantado por Infobae y El Español, y confirmado por Vozpópuli, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha sacado a concurso un contrato de 145.479 euros para que empresas funerarias se encarguen de enterrar estos cadáveres durante dos años, dejando sitio en el IML para nuevos fallecidos.
Aunque este concurso sigue abierto, cinco empresas funerarias ya han mostrado su interés. El procedimiento se activará a los quince días de la llegada del cuerpo a las instalaciones, siempre y cuando nadie lo reclame al cabo de la citada quincena.
Entonces, la empresa ganadora del contrato llegará al Instituto de Medicina Legal a recoger el cadáver, contando con un plazo máximo de dos días desde que reciba la documentación correspondiente. Tiene el deber, además, de inscribir la defunción en el Registro Civil para recibir la licencia de enterramiento.
Después, lo llevarán a un cementerio de la Comunidad de Madrid, a elección de la compañía funeraria. Si es cremación o inhumación dependerá del juez que lleve las riendas del caso. Se priorizará la cremación. De este modo, el Ejecutivo regional espera paliar un problema que genera quebraderos de cabeza en la institución de Valdebebas.
Este proceso se ha puesto en marcha debido al traspaso de competencias de la Administración de la Justicia a la propia Comunidad de Madrid, quien ha tenido que acelerar el proceso para comenzar a tejer una solución.
Un mecanismo que se activará cuando la Consejería de Sanidad reciba del juzgado la orden correspondiente para hacerlo. Un descanso eterno en condiciones al que todos los seres humanos tenemos derecho.
