El Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena, inició en el mes de mayo el cambio de los uniformes de la Policía Municipal. La operación afectaba a los más de 6.000 funcionarios, tanto a los llamados operativos (los que están en la calle) como a los que realizan tareas administrativas.
El sindicato CCOO pidió a la dirección del cuerpo que una vez que fueran entregadas las nuevas prendas se fueran recogiendo las viejas para su posterior destrucción en el vertedero de Valdemingómez.
No es que al sindicato le diera un ataque pirómano. La razón es más que sensata. Consideraron que el actual nivel de alerta antiterrorista requería el máximo celo y no tirar a la basura miles de pantalones, camisas y chaquetas, con escudos incluidos, que podrían ser utilizadas por elementos terroristas.
“Es necesario el máximo celo en evitar cualquier suplantación de identidad de miembros de las Fuerzas de Seguridad por lo que pedimos la máxima colaboración de la plantilla”, decían los sindicalistas hace más de dos meses.
La dirección de la Policía respondió con un escrito en el que dijo que se dictarían “las instrucciones oportunas”. Eso hace más de dos meses. Los funcionarios están hartos de tener en sus pequeñas taquillas la ropa vieja y han comenzado a almacenarla en bolsas en rincones que amenazan con terminar una noche en el cubo de la basura.
Múltiples quejas
Algunos jefes de unidad no tienen ningún tipo de información sobre lo que deben hacer con este material, pero son conscientes de que no deben tirarlo.
También hay quejas de que la falta de algunas tallas hace que haya agentes que llevan tres meses con el mismo pantalón. Otra de las críticas es que el hecho de portar arma suponga la obligación de llevar botas, como si con zapatos el agente no tuviera la misma eficacia si debe usar su revólver.
Por otra parte, CSIF ha pedido a los responsables policiales que el reparto de una prenda más por persona, que se aprobó recientemente, afecte a toda la plantilla y no sólo a los agentes que están en la calle.
