Los gobiernos del PP utilizaron entre 2003 y 2015 las empresas públicas del Ayuntamiento de Madrid como un vehículo para eludir las limitaciones de endeudamiento de la ciudad, unas operaciones que generaron costes innecesarios y desequilibraron aún más la deuda, según consta en el primer informe de la auditoría municipal encargado por Manuela Carmena.
El documento preliminar sobre la Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas Públicas, de 45 páginas y que habla en esencia de "indicios", ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
El proceso, que tiene como objeto analizar las políticas públicas y las actuaciones municipales entre 2003 y 2015, señala en su estudio inicial que hubo subcontratación inadecuada en ámbitos como la atención a las víctimas de violencia de género, así como falta de control y transparencia en empresas públicas e inversiones no justificadas.
Sin embargo, este informe no aporta información sobre el coste financiero global de las "malas prácticas" de los equipos de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella (PP), unos datos que podrían recogerse en el informe final, aunque Carlos Sánchez Mato ha señalado que "todo no es monetizable" y que los daños de algunas políticas públicas son "muy difícilmente cuantificables".
La deuda del Ayuntamiento de Madrid se multiplicó por siete en una década, al pasar entre diciembre de 2002 y diciembre de 2012 de 1.136 millones de euros a 7.732 millones, lo que conllevó que el gasto financiero municipal -intereses más amortización de la deuda- pasase de un 3,3% en 2002 al 36% en 2014.
Según señala el informe encargado por el Gobierno de Ahora Madrid, en las empresas públicas dependientes del Ayuntamiento se urdió una estrategia que conllevaba "la realización de gastos municipales a través de formas societarias complejas, diseñadas ad hoc con esta finalidad -eludir los límites al endeudamiento-, que determinaban, solo por la realización de gasto elegida, unos costes significativamente más elevados de lo que hubiese supuesto la asunción directa del gasto por parte del Ayuntamiento".
En concreto, el informe destaca la forma de gestión elegida para soterrar la M-30 que llevó al Consistorio a asumir sobrecostes de unos 313 millones de euros por IVA y 128 millones por el pago del impuesto de sociedades, además de sobrecostes en obras realizadas por Madrid Espacios y Congresos o la construcción de aparcamientos en los que hasta 2015 se perdieron 2,5 millones de euros.
La auditoría ciudadana se centra también en señalar el "impacto de las políticas municipales" en las prestaciones sociales a los madrileños.
Tras la presentación de este primer informe, la auditoría inicia una segunda fase en la que se realizarán estudios concretos, grupos de discusión o entrevistas a agentes estratégicos.
Esos estudios desembocarán en la presentación de una serie de conclusiones y recomendaciones a comienzos de 2019.
