El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid no acudirá más a la comisión que estudia la corrupción política en anteriores legislaturas, según explicaron este lunes el portavoz en la Cámara, Enrique Ossorio, y Alfonso Serrano, representante popular en dicha comisión.
Esta decisión se veía venir tras las últimas comparecencias de personas que han tenido responsabilidades en anteriores gobiernos y que fueron vapuleadas por los representantes de la oposición.
La lista incluye a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón, pero tuvo su momento de máxima tensión en la presencia de la actual presidenta Cristina Cifuentes. Los populares han insistido en que ha sido una “causa general”, algo prohibido por las leyes.
El Partido Popular de Cristina Cifuentes comenzó la legislatura en la Asamblea aceptando la creación de este grupo de trabajo. Aunque no les hacía ninguna gracia, sí que permitía al nuevo PP desmarcarse de la gestión de los anteriores equipos populares que habían gobernado Madrid.
En realidad, el PP pensó que las reuniones y comparecencias iban a durar, como mucho, un periodo de sesiones y que pasarían desapercibidas porque todos los asuntos que se trataban estaban ya en los juzgados.
Se equivocaron. La oposición sabía lo que hacía y semana tras semana han recordado a la opinión pública los casos de corrupción conocidos y los que poco a poco se han ido conociendo.
De hecho, algunos de los comparecientes, tuvieron que hacerlo incluso desde la cárcel, como fue el caso del exconsejero y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
Otros, como Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, tuvieron más suerte y fueron detenidos a las pocas semanas de haber acudido a dar explicaciones a la Asamblea de Madrid.
La propia comisión ha decidido prorrogar un año más la vida de las sesiones, lo que el PP no estaba dispuesto a aguantar
La oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos han lograron sacar de sus casillas a más de uno, pero los comparecientes no han hecho grandes aportaciones que pudieran dar pistas sobre la ola de corrupción que se instaló en el PP en anteriores legislaturas.
Sí que ha habido casos de falta de educación parlamentaria. Pero es que era la primera vez que en un parlamento se miraba debajo de la moqueta, aunque no se haya tenido mucho éxito porque la mayor parte de las revelaciones ya se conocían por la Prensa o resoluciones de los jueces.
Para colmo la propia comisión ha decidido prorrogar un año más la vida de las sesiones, lo que el PP no estaba dispuesto a aguantar. Un año más desfilando imputados, altos cargos, o antiguos consejeros,… a los que la oposición les echa en cara Púnica, Lezo, Canal de Isabel II,…
Las sesiones se iban a prorrogar prácticamente a las vísperas de las elecciones de 2019, lo que no dejaba de ser un asunto peligroso.
El grupo parlamentario justificó ayer el abandono “por la falta de respecto de los grupos de la oposición, que se escudan de manera vergonzante en su inmunidad parlamentaria”.
Enrique Ossorio dijo en rueda de prensa que en esta Comisión “se confunde de manera deliberada la tensión de un debate parlamentario con el insulto, la descalificación y el acoso, lo que ha convertido a esta comisión en un escenario para el trato inquisitorial y el linchamiento político”.
Respeto a los comparecientes
“El respeto- señaló- es esencial en la democracia y, desgraciadamente, la Comisión de Investigación se ha convertido en una permanente falta de respeto a la institución, al Grupo Parlamentario Popular y a los comparecientes a los que en muchas ocasiones se les ha privado de su derecho a la presunción de inocencia”.
“El comportamiento-añadió-, especialmente en el caso de Podemos, ha contado con la permisividad de la Presidenta de Comisión y del resto de grupos parlamentarios, por puro ventajismo político”.
La realidad es que independientemente del juicio del portavoz popular, la presidenta de la Comisión Dolores González (Ciudadanos) no ha estado lo objetiva que hubiera sido preciso. En algunos casos además de mala educación, incluso por ambas partes, había frases propias de interrogatorio policial, cuando sin duda ese no era el foro.
El PP considera que durante las sesiones se han buscado subterfugios para prorrogar la Comisión de manera permanente toda la Legislatura, “algo que no tiene precedentes en el parlamentarismo español, con la única intención de llegar a las fechas previas a las elecciones autonómicas de 2019”.
El PP se queja de que no se han tenido en cuenta las recomendaciones de los servicios jurídicos ni el Reglamento de la Asamblea, “ya que una Comisión de Investigación no se puede alargar por continuas prórrogas toda la Legislatura, ya que es un fraude de ley”.
El PP asegura que no se ha negado a ninguna comparecencia ni asunto y responsabiliza del fracaso de esta comisión al tripartito
Ponen como ejemplo Andalucía, “donde la investigación sobre los ERE, el mayor caso de corrupción que se conoce en España, se despachó en año y medio porque Ciudadanos no quiso prorrogarlo, aunque solo es uno de los muchos casos por los que el Partido Socialista andaluz está bajo sospecha”.
El Partido Popular cree que “los grupos del Tripartito de la Oposición no buscan averiguar nada sobre la verdad de las materias tratadas, ya tienen hechas previamente sus conclusiones, solo la foto de los comparecientes y la relevancia mediática para desgastar el PP”.
El PP asegura que no se ha negado a ninguna comparecencia ni asunto y responsabiliza del fracaso de esta comisión al tripartito, “que lo han convertido en un circo mediático para buscar titulares e intentar convertir en ‘estrellas’ a algunos de sus portavoces”. César Zafra (Cs) y Miguel Ongil (Podemos) han sido los más combativos durante las sesiones (mal educados, según el PP), mientras que Encarnación Moya (PSOE) fue la que logró más información a base de preparar concienzudamente las comparecencias
