PSOE y Más Madrid recurren la decisión de la jueza de no ampliar la investigación contra el novio de Ayuso

El PSOE y Más Madrid han presentado un recurso ante el juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid contra la decisión de la magistrada Inmaculada Iglesias de rechazar ampliar la investigación contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La acusación popular de la causa que se sigue contra el novio de la presidenta madrileña por fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil solicitó el pasado 24 de junio ampliar la investigación ante la presunta comisión de otros cuatro delitos.

En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la acusación popular defiende la pertinencia de las pruebas que se propusieron y mantiene que su denegación supone una "vulneración del derecho de defensa" y adolece de "falta de motivación". Del mismo modo, PSOE y Más Madrid critican que las diligencias hayan sido rechazadas "en su totalidad de manera genérica en el auto" sin que se argumente por qué se consideran "las mismas inútiles de forma individualizada lo que produce a esta parte indefensión para poder combatir en este recurso la denegación de las diligencias solicitadas".

La acusación popular califica en su escrito la argumentación de la jueza como "contradictoria" y más si se basa sobre el hecho de que "los investigados podrían reconocer los hechos", cuestión sobre la cual -según defienden- "no hay ninguna certeza". En segundo lugar, la acusación popular formada por los socialistas y Más Madrid critica que la magistrada se apoye para rechazar las diligencias solicitadas, dado su gran número, lo que "supondría tal complejidad y dilación en el procedimiento", según la jueza.

Ambos partidos insisten en que dichas "diligencias guardan relación con el objeto de investigación pues con las mismas se acredita lo fraudulento del actuar de los investigados, que de forma coordinada y colaborando todos ellos han desarrollado una estrategia mercantil que el fiscal denomina en su escrito como 'llamativos por no ser propios de una práctica mercantil normal'". A juicio de la acusación popular, las diligencias solicitadas no solo podrían acreditar otros tipos delictivos derivados de la conducta desplegada por los investigados sino también otras facturas falsas que pudieran agravar la responsabilidad por las cuantías defraudadas".

Escrito de ampliación de diligencias

En el primer escrito de ampliación de diligencias con el que se aplazó la declaración del empresario González Amador la oposición madrileña ponía el foco en las conexiones en el extranjero de una presunta organización empresarial que habría hecho uso de toda una ingeniería contable para desarrollar actividades relacionadas con el fraude fiscal y la falsedad documental. El PSOE apunta a la relación de los investigados, en especial, González Amador, con directivos del grupo hospitalario Quirón Prevención, y otras empresas, para solicitar la práctica de nuevas diligencias de investigación.

Entre otras cosas, la acusación popular pidió investigar los movimientos bancarios efectuados entre el 2019 y 2022 y acceder a información sobre la venta de la empresa Masterman & Whitaker, de la cual "pudieran derivarse otras consecuencias penales". El recurso apunta al informe de la Agencia Tributaría en el que se apunta que "la operación simulada relativa a la compraventa de las participaciones de Maxwell a Masterman y de Masterman a Alberto González Amador, a la mujer del director general del Quirón Prevención con la adjudicación de por medio de contratos a Maxwell y derivación de facturación a Masterman de parte de dicha facturación, es desde luego algo que es anormal en el tráfico mercantil".

Por su parte, la magistrada rechazó las diligencias solicitadas al entender que muchas de ellas pueden resultar "innecesarias" por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración. Del mismo modo, la jueza señalaba en el auto ahora recurrido que no existen indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento, en este caso, fraude fiscal y falsedad documental, por lo que dichas diligencias serían "prospectivas".

Por el momento, se espera que Gonzalez Amador pase de nuevo por los Juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración ante la jueza. De igual modo, existe la posibilidad de que el principal investigado llegue a un acuerdo con la Fiscalía. En un primer momento, la defensa acordó que González Amador aceptaría ocho meses de prisión y pagar una multa de 515.000 euros, así como la devolución del importe defraudado.

La pareja de la presidenta madrileña tendría que llegar también a una conformidad con la Abogacía del Estado, que en este caso actúa como representante de la Agencia Tributaria, y el Ministerio Fiscal.