Los servicios jurídicos de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado han presentado una denuncia contra el Estado "por incumplimiento de los principios que deben regular a la administración pública del estado al respecto del uso por parte del Ministerio del logotipo de una entidad privada".
La denuncia se fundamenta en que observa parcialidad en el Ministerio Migraciones en el trato dispensado a ACCEM, entidad privada que gestiona el centro en Alcalá de Henares en el que se ha denunciado trato deningrante a los inmigrantes.
En concreto, la la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado objeta que el Ministerio ha colocado el logotipo de la ACCEM, subvencionada al 80% con fondos ministeriales, al mismo nivel que el del Ministerio, es decir, como si se tratara de un organismo oficial.
La Red, que ha trasladado a las autoridades regionales su inquietud por el trato dispensado a los usuarios del centro de Alcalá que gestiona ACCEM, denuncia también que el Gobierno también les ha cedido "las redes sociales y canales de prensa del Ministerio", lo que para la Red supone un trato discriminatorio al resto de asociaciones no lucrativas del Estado. La Red recuerda que "también ha sido atacada por grupos violentos y jamás ha recibido un apoyo así de este Ministerio bajo ningún gobierno ¿Nos tenemos que fiar de su neutralidad? ¿Van a atacar a las ONG que forman parte de la Red a partir de ahora?¿Dónde queda su neutralidad en los procedimientos que se abren en concurrencia y en donde se debe guardar la "apariencia de neutralidad" que ahora han tirado por la borda?”, se pregunta Rafael Escudero, secretario General de la Red.
Sanciones por no observar la neutralidad debida
La entidad recuerda asimismo que "la legislación en materia de buen gobierno es una normativa que específicamente sanciona que las administraciones abandonen la neutralidad debida ya que, de otra forma, serían estructuras que podrían ver como se impugnan todos sus procesos al considerarse de parte y no neutrales, precisamente algo que también reconoce la Unión Europea en varias de sus directivas en materia de libre concurrencia competitiva y buen gobierno.
La denuncia presentada será continuada, cuando se falle, ante el ámbito contencioso administrativo por "considerar que impugna todos los procesos y para buscar consolidar una doctrina que garantice que las instituciones públicas no usan canales que son financiados por toda la ciudadanía para satisfacción de uno de sus contratistas privados.
