Los magistrados del Tribunal Supremo recusados por el fiscal general del Estado no van a apartarse de la causa que instruyen sobre la posible nulidad de su nombramiento. Los jueces han resuelto en la dirección esperada y han descartado de manera conjunta la solicitud planteada por Álvaro García Ortiz al considerar que carece de fundamento y que es "manifiestamente extemporánea".

En un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados avisan que haberse pronunciado sobre la ilegalidad del nombramiento de Dolores Delgado no les incapacita para resolver sobre este recurso, más bien al contrario, nada tiene que ver y no deben apartarse en tanto no han resuelto nada previo relacionado con el fiscal general del Estado.

"Es absolutamente atípico que, so pretexto del control de la legalidad de ese Real Decreto 1182/2023, se quiera revisar una sentencia firme sobre una cuestión distinta y cuya nulidad pudo haber reclamado el recusante de entender que afectaba a sus derechos (...). Ahora bien, convertir la apreciación de los hechos y los criterios aplicados para resolver un proceso anterior en causa de recusación en otro posterior diferente desvirtúa el mecanismo con el que el legislador quiere asegurar, no "la falta de parcialidad (sic)" que se nos imputa, sino la imparcialidad del juzgador y apunta a la elusión del juez predeterminado por la ley", rezan.

"Espacios de inmunidad"

Del mismo modo avisan que considerar que el tribunal no pueden resolver sobre recursos del fiscal general por haber estudiado previamente dos nombramientos de su antecesora, "significaría inhabilitarle (al tribunal) para ejercer la función que le encomienda el artículo 106.1 de la Constitución y terminaría creando espacios de inmunidad por la imposibilidad de constituir al que pudiera hacerlo", alegan.

El escrito, que firman los magistrados Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero, se refiere, al artículo de la Carta Magna que determina que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

De esta forma la recusación planteada por el máximo responsable del Ministerio Fiscal terminará dilucidándose en la 'Sala 61', conocida de esta forma por ser ese es el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula su formación para resolver, entre otros asuntos, los incidentes de recusación. La misma la integran el presidente del Tribunal Supremo (cargo que ejerce Francisco Marín Castán) además de los presidentes de las cinco Salas y el magistrado más antiguo y más moderno de ella.

El fiscal general recusó a los magistrados que integran la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo alegando que estaban contaminados para resolver el recurso sobre su cese. El motivo esgrimido es que fueron los mismos magistrados que resolvieron sobre los recursos contra los dos nombramientos de Dolores Delgado que propuso el fiscal general.

Recusación del fiscal general

Los togados no solo tumbaron las dos designaciones que efectuó García Ortiz, sino que, en la primera de ellas le reprocharon que actuara con desviación de poder al ascender a su antigua jefa a la máxima categoría de la carrera fiscal. De hecho, este pronunciamiento fue uno de los motivos que llevó a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) a recurrir el propio nombramiento del fiscal general ante la Sala Tercera.

La APIF ha solicitado a esta Sala de lo Contencioso que tumbe la reelección del sucesor de Dolores Delgado su "línea progubernamental", así como a la "reiterada sucesión de errores jurídicos" en su cargo como máxime representante del Ministerio Fiscal. En su demanda, apelaron a una "falta de idoneidad" que habría quedado acreditada con la comisión de "despropósitos y omisiones graves" que tienen como culmen la "condena" en el Tribunal Supremo con el nombramiento de su antecesora.

Tras ello, el fiscal general se personó en las diligencias con abogado y procurador y solicitó que se le informara acerca de los magistrados que iban a resolver contra su recurso, según confirman a Vozpópuli fuentes jurídicas. Una vez tuvo conocimiento de dicho recurso, pidió la recusación de los mismos apelando que ya habían resuelto sobre el primer fallo de Dolores Delgado en el que se le acusó de actuar con una "visible e innegable desviación de poder".

Pendiente del Tribunal Supremo

Sin embargo, los jueces que deben pronunciarse sobre su cese no solo descartan contaminación alguna sino que no ven fundamento en la recusación. Cabe recordar que la misma cayó como un jarro de agua fría dentro del alto tribunal puesto que no es habitual que se recuse de esta manera genérica a los magistrados, siendo además que parece reforzar la tesis de quienes acusan de imparcialidad y 'lawfare' a los jueces.

El fiscal general recusó a estos magistrados apenas días antes de conocerse el segundo varapalo del Tribunal Supremo a su política de nombramientos. A falta de conocer la sentencia, El Tribunal Supremo ha vuelto a anular la segunda designación de Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Se trata del cargo que ejerce en la actualidad la que fuera fiscal general del Estado, proveniente de la Fiscalía de Sala de lo Militar, también anulado.

En este segundo caso los togados reprocharán a García Ortiz que no suspendiera el Consejo Fiscal en el que se propuso el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, puesto que así lo pidieron la mayoría de los vocales que lo integran y tienen competencia para ello. El motivo que esgrimieron la mayoría de los vocales del Consejo era la necesidad de abordar una posible incompatibilidad para el cargo ante un posible conflicto de intereses por las actividades de su pareja, Baltasar Garzón.

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