Es un “error histórico”, señala la eurodiputada de UpyD Maite Pagazartundúa (Donosti, 1965). Desde los casi 1.600 km de distancia que separan su despacho en el edificio Wily Brandt Bruselas de la sede de la Moncloa, la eurodiputada vasca se refiere al apoyo que ha buscado el Gobierno en EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pagaza, como se la conoce en los círculos políticos y mediáticos, ha sido una de las principales voces contra el terrorismo y ahora pelea desde su escaño por la batalla del relato.
“Esta gente no da duros por pesetas”, apunta, convencida de que este acercamiento a Bildu es el principio del fin del régimen del 78. Cree que el apoyo brindado a las cuentas es un primer paso en el logro del objetivo de esta formación que integra a los sucesores políticos de la antigua Batasuna. Y que los efectos de este acercamiento se verán a medio plazo, con un “debilitamiento constitucional”.
No traga el argumento de que pactar con Bildu forme parte de la “normalización democrática”, tal y como defendió el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, o el del Interior, Fernando Grande Marlaska. Porque que este razonamiento es como “hacerse trampa en el solitario” y ella, que empezó su carrera política en el PSOE, lamenta que sea precisamente este partido, “artífice del gran pacto constitucional”, el que haya dado este paso.
Esta gente no da duros por pesetas”, apunta, convencida de que este acercamiento a Bildu es el principio del fin del régimen del 78
¿Y si Arnaldo Otegi se marchase? El pasado miércoles, el titular de Justicia sugirió que el líder de EH Bildu haría bien en abandonar la vida política para desvincular a la formación de su pasado con la banda terrorista ETA. Y coincide en este punto, pero no tiene esperanzas: “Si hubiera tenido el más mínimo sentido de la vergüenza moral y política, Otegi se habría retirado”, opina quien fuera la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo entre 2005 y 2012.
Euroorden
Alumna de la ikastola y licenciada en Filología Hispánica y Filología Vasca, Pagaza vivió en primera persona los años más oscuros del terrorismo. Abandonó los estudios de derecho tras el asesinato en 2003 de su hermano Joxeba Pagazartundúa, sargento de la Policía Municipal de Andoain. Este episodio, del que habla con sensibilidad y sin miedo, marcó buena parte de su actividad contra el terrorismo.
Y ni siquiera en Bélgica se libró de este fantasma. Coincidió en espacio y tiempo con la etarra Natividad Jáuregui, alias “la Pepona”, que recientemente ha sido entregada a España después de más de una década de fuga en el país. Una extradición que ha recibido “con alivio”, después de que la Justicia belga rechazara la entrega hasta en tres ocasiones alegando que existía riesgo de que se vulnerasen sus derechos fundamentales.
Es precisamente la pérdida de confianza entre España y Bélgica en materia judicial la que la llevó a participar, en una iniciativa liderada por el popular Javier Zarzalejos, en la redacción de un informe en el que reclaman una reforma de la euroorden. En este documento, que aprobó el pasado jueves la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, piden mejorar la colaboración entre países a la hora de entregar a los acusados.
Delito de sedición
El mayor cambio que recogió este informe es el de ampliar de 32 a 42 el número de delitos por los que se debe acceder a la entrega automática de los acusados. Y entre las novedades se incorporaron los “delitos contra el orden público” o el “ataque a la integridad constitucional de los estados miembros”. Es decir, lo que en España sería la sedición.
Tenemos un compromiso electoral muy serio con la ciudadanía. Necesitamos tener todos los elementos para evitar que Schengen se convierta en un espacio de impunidad”
Con ello pretenden evitar que se repita el caso de Puigdemont. “Tenemos un compromiso electoral muy serio con la ciudadanía. Necesitamos tener todos los elementos para evitar que Schengen se convierta en un espacio de impunidad”, señala la eurodiputada, que confía en que la Comisión Europea, que es la que legisla sobre la euroorden, tenga en cuenta este informe en el que llevan trabajando desde septiembre.
Cree que precisamente el tema de Puigdemont y la Pepona, entre otros, hacen que sea necesaria “más seguridad jurídica” en Europa. Y esta es una de las tareas por las que está peleando y recibiendo más atención la eurodiputada, que ejerce su vida política sin desviar la mirada del retrovisor, como dice, para no perder de vista lo aprendido durante tantos años dedicada al activismo social.
