"Orden, pero no demasiado orden". El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce echó este miércoles mano de una anécdota cinematográfica para mostrar sus reparos a los deseos del Gobierno, manifestados por boca de su delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, de "modular" el derecho de reunión y manifestación. Para Torres-Dulce, "restringir excesivamente [este derecho] complica la convicencia democrática". Horas después, sin embargo, era él el que 'modulaba' su opinión y, en la firma de un protocolo para la destrucción de alijos de droga, matizaba esta primera oposición y dijo que prefería esperar a que se concretasen las propuestas por parte del Ejecutivo para dar su opinión sobre las msimas.
"Dejemos que la gente se manifieste, pero reprimamos a quienes usan esos derechos para ir más allá"
El fiscal general del Estado, que hizo las primeras declaraciones durante los desayunos informativos organizados por la agencia Europa Press en presencia de los principales representantes de la judicatura española pero sin ningún miembro del Ejecutivo en el auditorio, insistió en que los límites al derecho de manifestación "ya están fijados" y que su regulación es más un asunto "administrativo que penal o constitucional". No obstante, Torres-Dulce fue muy crítico con aquellos que, en su opinión, están abusando del derecho de manifestación y utilizando el descontento social producido por la crisis para "como medio de deslegitimación en bloque de la forma de Estado, de las Cámaras representativas, y de sus titulares, con a veces grave quebranto de la convivencia democrática". "Dejemos que la gente se reúna y se manifieste, pero reprimamos a quienes usan esos derechos para ir más allá", afirmó en una clara justificación de las cargas del 25-S.
Sobre el destino final de los 35 detenidos durante los incidentes que sucedieron a la concentación cerca del Congreso del pasado 25 de septiembre, y que en los últimos días ha provocado un enfrentamiento entre el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, el fiscal general adoptó una postura más 'salomónica' y apostó porque fueran enviados ante la Audiencia Nacional sólo aquellos sobre los que hubiese pruebas de que haber intentado presuntamente asaltar la Cámara baja.
En su opinión, los juzgados de Plaza de Castilla deberían hacerse cargo de aquellos otros arrestados a los que simplemente se les pueda acusar de haber participado en los desórdenes públicos que se produjeron tras la concentración pacífica. Torres Dulce no quiso, sin embargo, dar su opinión si durante los incidentes que se produjeron durante el 25-S hubo excesos policiales, aunque invitó a los ciudadanos que supuestamente pudieran haberlos sufrido que los denunciaran ante la Justicia para que ésta pudiera actuar. “La Policía tiene toda mi admiración y todo mi respeto, pero está sujeta a la legalidad y si se han producido excesos para eso están los tribunales”, concluyó.
Sin "conformidad" fiscal en el caso Noos
El máximo representante del Ministerio Público destacó que parte del malestar existente en la sociedad es, precisamente, la "perpepción de los ciudadanos de que el sistema no funciona y que todo el monte es orégano" en los casos de corrupción. En este sentido, y preguntado por el caso Noos e Iñaki Urdangarín, insistió que el yerno del rey "es un ciudadano más" y que se le aplicará la ley. También aseguró que la Fiscalía de Baleares se va a oponer a cualquier acuerdo de conformidad que pretendan las partes, en clara referencia a las noticias de que el marido de la infanta y su principal socio podían pactar una pena que les permita eludir la prisión a cambio de devolver el dinero.
Sobre la apuesta soberanista del presidente de la Generalitat, Artur Mas, el fiscal general del Estado recordó que cualquier consulta popular debe hacerse respetando la Constitución, aunque también recordó que la Carta Magna "no es un libro sagrado" y puede reformarse. Torres Dulce evitó, no obstante, anunciar cuál sería la actuación del Ministerio Fiscal si finalmente se convoca una consulta sobre la autodeterminación en Cataluña al insistir que no debe actuar "como un profeta penal".
