El antiguo presidente de Fadesa Manuel Jove, y su exconsejero delegado, Antonio de la Morena, han negado hoy que hubiesen sobrevalorado los activos de la compañía para proceder a su venta a Martinsa, que le reclama una indemnización de 1.576 millones.

Jove y De la Morena han declarado esta mañana ante el magistrado Pablo González-Carreró, titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, en el primer día del juicio en el que se dirimirá si causaron daños por importe de la indemnización solicitada a Martinsa-Fadesa al sobrevalorar varios activos en el marco de su fusión.

Los principales responsables de Fadesa han defendido que la información que se facilitó en 2007 a la consultora CB Richard Ellis para la valorar la compañía fue la correcta, mientras que el actual director general de Martinsa-Fadesa, Antonio Gil, ha denunciado "irregularidades" en la valoración de los activos con consecuencias "dramáticas" para la nueva inmobiliaria que surgió tras la fusión.

El presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, presentó una demanda contra Jove y De la Morena por una supuesta sobrevaloración de al menos 37 activos de Fadesa en el marco de la OPA que lanzo Martinsa en 2006 por el 100 por cien de la compañía gallega y que valoraba esta última en 4.045 millones. De acuerdo con el informe que elaboró entonces la consultora CB Richard Ellis, el valor de esos activos rondaba los 2.700 millones.

La defensa de Martinsa-Fadesa, que presentó la demanda justo después de salir del concurso de acreedores, el mayor de la historia de España, considera que Fadesa facilitó a Richard Ellis datos "falsos e incorrectos" en un acto "doloso" que supuso un daño de 1.576 millones en el patrimonio de la compañía.

En su argumentación, Martinsa-Fadesa se apoya en un estudio realizado por la firma American Appraisal que sostiene que el valor de esos activos no era el anunciado, ya que Fadesa había ocultado que muchos de ellos se encontraban en ecosistemas, huertos o bosques.

En su declaración de esta mañana, tanto Jove como De la Morena han precisado que no eran ellos encargados de facilitar los datos para la valoración de la compañía, pero han defendido el procedimiento interno utilizado para este fin así como la "particular" clasificación de terrenos que utilizaban, que incluía un apartado de "preurbanizables", referencia que no recoge la legislación vigente, que sólo diferencia entre urbanizables, no urbanizables y urbanos.

Jove ha explicado que meses después de cerrarse la operación de venta Martín le llamó para decirle que necesitaba 200 millones de euros que se avino a pagarle como el compromiso explícito de que el abono de esa cantidad imposibilitaba al expresidente del Real Madrid a presentar cualquier tipo de demanda.

Aunque Jove no lo han explicado ante el tribunal, fuentes de su gabinete jurídico han precisado que con ese dinero recompró a Martin algunos activos de Fadesa, concretamente cuatro hoteles en Galicia, dos en Cataluña y algunos terrenos.

Jove ha negado la existencia de un plan para sobrevalorar los activos y puntualizado que Fernando Martín "compró acciones de Fadesa, no activos", y que el precio pactado se acordó libremente por las partes a través de una OPA en función del valor de cotización de la empresa y no del supuesto valor de sus activos. Ha explicado, además, que los informes de valoración eran rutinarios y que, como en cualquier otra empresa, no los realizaban los directivos.

El expresidente de Fadesa también han advertido de que sus abogados han presentado pruebas que demuestran que Fernando Martín tuvo acceso a todos los datos de la compañía desde el 2007, por lo que conocía perfectamente el estado de la empresa cuando la compró.

Por su parte, De la Morena ha defendido ante el tribunal la clasificación de terrenos que realizaba la compañía y ha explicado que los catalogados como "preurbanizables" lo eran porque existía la esperanza de edificar en ellos. "En Fadesa siempre presumimos de que no había ningún suelo que no fuésemos capaces de culminar", ha señalado.

Como testigo de Fadesa ha declarado esta mañana el actual director general de la inmobiliaria, que ha manifestado que tras la venta de Fadesa comenzaron a surgir diversas "irregularidades" e "incongruencias" como hablar de "obras en curso" donde no habían comenzado los trabajos o ejecutar promociones de viviendas que carecían de licencia de obra.

Según Gil, regularizar estas actuaciones tuvo consecuencias "dramáticas" para la compañía en un momento en el que el sector de la construcción había entrado ya en declive como consecuencia de la crisis.

La vista oral, que en principio se prolongará toda la semana, continuará mañana con la declaración de los testigos de Fadesa. El juicio se cerrará el 22 y 23 de diciembre, cuando ambas compañías aportarán las pruebas periciales en las que fundan su defensa.