El Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena, ha puesto en funcionamiento seis nuevos sistemas de control de semáforo rojo, conocido como 'foto rojo', a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que descalifica este sistema por carecer de control metrológico.
Hasta la fecha el Ayuntamiento perdía el 80% de los juicios con los automovilistas que reclamaban por la vía judicial, según ha explicado a este periódico Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados. En las últimas sentencias, incluso, se condenaba a la Administración a pagar las costas del juicio cifradas en 200 euros. Sin embargo, el equipo de Ahora Madrid ha decidido continuar con la política del Partido Popular e imponer sanciones con un sistema que los juzgados, e incluso el Supremo, han echado para atrás.
La sentencia más importante ha sido la hecha pública recientemente por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que confirmó la anulación de una sanción de tráfico por infracción grave en San Sebastián a un automovilista que se había saltado un semáforo en rojo y su imagen fue captada por el dispositivo foto-rojo.
En los diez primeros meses de 2015 Movilidad puso 18.208 sanciones por un importe de 3,3 millones
La Sentencia decía que la sanción "no es válida porque tal dispositivo (el foto-rojo) no estaba sometido a control metrológico según ordena el artículo 70.2 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial". El tribunal señalaba que es "exigible que el dispositivo quede sujeto a control metrológico para que sus fotos tengan valor probatorio".
Los seis nuevos 'cazasemáforos' que ha instalado el equipo de Gobierno de Ahora Madrid son los primeros de un total de 15 que se activarán a lo largo de 2016 y que han funcionado en pruebas, sin emitir sanciones, durante los últimos meses, según informó la Corporación.
El foto-rojo es un sistema que consiste en colocar cámaras encima de los semáforos con el objetivo, según el Ayuntamiento, de “comprobar el cumplimiento de la normativa de detención de los vehículos, en los pasos de peatones que dispongan de semáforo”. Sin embargo, la Corporación, que en la actualidad tiene como alcaldesa a una exjueza, sabe que ya hay una sentencia del Supremo que declara nulas estas multas.
En los diez primeros meses del año pasado la Concejalía de Movilidad ha puesto 18.208 sanciones por un importe de 3,3 millones de euros. El Ayuntamiento juega con la ventaja de que sabe que serán pocos los conductores que van a contratar a un abogado y un procurador para litigar contra la multa. Sin embargo, la presencia de empresas que se dedican a pleitear sanciones de tráfico ha hecho que la Administración pierda la mayor parte de los juicios. Tampoco le importa que tanto en los tribunales de primera instancia, contenciosos, o en el Supremo les condenen a pagar las costas como está sucediendo en la actualidad.
