Rajoy no se altera, dicen en su entorno. Dentro del proceso de excepcionalidad en el que se encuentra Cataluña, la reacción de las instituciones y los órganos del Estado han reaccionado en forma impecable. La aprobación en el Parlament (por 72 votos a 63) de la resolución separatista recibió una respuesta prudente pero firme. El aparato oficial funcionó como un reloj. Fiscalía, abogacía del Estado, Consejo de Estado y, finalmente, Tribunal Constitucional, la fase más complicada de la serie. Tanto el presidente catalán en funciones como la presidenta de la Cámara recibieron en mano la comunicación del auto del TC. Una medida fundamental puesto que en con ocasión del plebicisto apócrifo del 9N, el Govern argumentó que no recibió la pertinente información del tribunal cuando se lo requirió.
La imagen de descontrol, improvisación y desunión en el frente secesionista fue plasmada gráficamente en las tres sesiones del debate de investidura
La imagen de descontrol, improvisación y desunión en el frente secesionista, plasmada gráficamente en las tres sesiones del debate de investidura, ha contrastado poderosamente con el perfecto funcionamiento de las instancias del Estado.
Mariano Rajoy se mostró muy complacido sobre este extremo en una reciente comparecencia ante los medios en Malta, donde asistía a una cumbre sobre el drama de los refugiados. Todo funcionó con precisión. En su entorno destacan el apoyo recibido por el presidente del Gobierno español por parte de sus socios europeos, que viene a sumarse al que las principales fuerzas democráticas españolas le han mostrado en las últimas fechas.
Unánimes en la desobediencia
Pese a la rápida e incuestionable reacción del Constitucional, persisten algunas dudas sobre cuáles serán los próximos pasos que darán los secesionistas en su marcha hacia la anunciada república catalana independiente. Tanto la vicepresidenta en funciones del Govern, Neus Munté, como la propia titular del Parlament, Carme Forcadell, respondieron casi al unísono que sólo aplicarán las leyes catalanas y que ignorarán las que procedan de los órganos políticos o jurídicos españoles. La resolución aprobada por la mínima mayoría de diputados catalanes incluye la puesta en marcha de las tres leyes tendentes a poner en marcha el proceso de 'desconexión'. Ente ellas se incluye la preparación de las bases para la puesta en marcha del proceso constituyente, la creación de una seguridad social y de una hacienda pública.
De acuerdo con lo que refleja el propio Estatut catalán, el Ejecutivo en funciones tan sólo puede proceder al "despacho ordinario de los asuntos públicos"
Nada de ésto se puede hacer sin que se haya procedido al nombramiento de un presidente de la Generalitat, dicen las fuentes de Moncloa. Un Ejecutivo en funciones, añaden, no puede presentar proyectos de ley a la Cámara. Tan sólo puede aprobar decretos leyes, lo que no es el caso. De acuerdo con lo que refleja el propio Estatut catalán, el Ejecutivo en funciones tan sólo puede proceder al "despacho ordinario de los asuntos públicos". No puede, por ejemplo, efectuar adjudicaciones públicas, ni aprobar presupuestos, ni, menos aún, promover leyes de tanto calado como las que suponen acolchar el camino hacia la independencia.
Descabezado el Ejecutivo, la autonomía del Parlament en este punto es similar. Los grupos podrían presentar proyectos pero no podrían tramitarlos. Se quedarían en el dique seco a la espera de que se despeje la incógnita sobre quién será el futuro president. La CUP se reúne este día 29 para analizar la situación. Este grupo antisistema, minúsculo y trasnochado, tiene la llave del Gobierno catalán. De momento le ha negado la presidencia a Mas dos veces. Nada se sabe sobre el futuro, pero todo pasa por lo que se decida en su 'jamboree' de finales de mes.
Tan sólo una cosa podría trastocar esta calma hasta el 20D. Que los partidos soberanistas se saltasen la normativa fijada en el propio Estatut e iniciaran la ruta legislativa sin ni siquiera contar con un Ejecutivo, como una suerte de concesión más hacia la CUP. Ya se están saltando todo lo imaginable, así que también podrían acordar la negociación de esas tres leyes fundacionales al margen del actual descabezamiento de la Generalitat. Sin embargo, esa opción por el momento se antoja bastante remota, máxime a la luz de las dificultades existentes para ponerse de acuerdo con el nombramiento del president. Si ni siquiera son capaces de consensuar un president, ¿cómo van a acordar lo demás?
La misión
No caben, pues, hasta entonces, demasiadas sorpresas en el camino hacia la secesión, al menos en las próximas fechas, ya que se da por supuesto que Junts per el Sí no intentaría saltarse lo recogido en el propio Estatut. Aunque todo sea posible en el desquicie político en el que está sumido ahora Cataluña, poner en marcha estos pasos legislativos resultaría casi imposible. El calendario fija hasta el 9 de enero la fecha límite para que se logre un acuerdo sobre el nombre del futuro inquilino del Palacio de la Generalitat. Mientras tanto, todo quedará centrado en las negociaciones de Maragall y su consorcio para convencer a la CUP de que les preste su apoyo para desatascar la situación actual. El bloqueo, pues, impide dar pasos hacia la fractura del Estado. No hay sensación tanquilidad en el entorno de Rajoy, pero sí una sensación de relativa calma. Casi como una tregua. Que de acuerdo con algunas versiones podría prolongarse hasta el 20D, fecha de las elecciones generales.
El Ejecutivo de Rajoy es muy consciente de que en todo momento tiene capturado al Govern por la vía de la financiación
Otro asunto bien distinto es la movilización callejera para mostrar el rechazo a las medidas 'impuestas desde Madrid'. La ANC, la organización que agita el movimiento de ciudadanos separatista, podría mostrar su músculo en las manifestaciones. En esto son consumados especialistas, como lo han demostrado durante tres años en las multitudinarias Diadas. Las instrucciones que emanan desde Interior en Madrid es que no se caiga en provocaciones. Igual que la prudencia guía los pasos del Gobierno en la línea política y judicial, se teme que cualquier incidente fuera de control pueda encender una chispa que algunos están esperando. La atención de los cuerpos de seguridad está estos días muy pendiente del territorio catalán. Tanta prudencia con el 155 y sólo nos faltaría un patinazo en las calles", comentaban las mencionadas fuentes.
De ahí que el único camino que se contemple sea el de tener bien embridadas las cuentas de la Generalitat. El Ejecutivo de Rajoy es muy consciente de que en todo momento tiene capturado al Govern por la vía de la financiación. De momento, se pagarán los servicios sociales con los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico. Eso sí, se pondrá al interventor encima de las facturas de forma que no haya posibilidad alguna de que se financie una veleidad independentista. No se precisa hacer más porque con el bloqueo a la investidura de Artur Mas ya es suficiente. Que se maten entre ellos. Que reine la normalidad. No hace falta excederse en ‘la provocación’ a los independentistas. Ni la agencia tributaria ni la seguridad social son proyectos viables, aseguran fuentes de Hacienda y Empleo. Y hay instrumentos de sobra para ir restringiendo poco a poco el dinero de la Generalitat sin grandes aspavientos. El recurso al interventor sólo ha sido el primero de los que se podrían imaginar conforme se vaya aplicando la Ley de Estabilidad Financiera.
