El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, se ha manifestado en términos "contundentes" respecto al escándalo Bárcenas, según fuentes asistentes a la reunión del comité nacional del partido que se reúne ahora mismo en Génova. Rajoy ha ordenado una "investigación interna profunda" además de una auditoría externa de las cuentas del partido para despejar todo tipo de dudas en torno a la financiación del partido, ahora bajo sospecha por las últimas revelaciones.
Además, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecerá en el Congreso para explicar si Bárcenas se sumó a la amnistía fiscal, petición que ya ha presentado el PSOE ante el registro del Congreso. Pero no se ha quedado sólo ahí. El jefe del Ejecutivo ha anunciado además que “se estudiarán medidas legales contra quienes se dediquen a difamar sin pruebas”, aunque no ha especificado quiénes serán objeto de esas posibles denuncias". Asimismo, ha sido tajante a la hora de afirmar que "ni ha habido ni se han ordenado cuentas privilegiadas fiscales en el extranjero". A pesar de este paquete de medidas, el líder del partido en el Gobierno ha recordado que el caso de Bárcenas "está en manos de los tribunales y debemos estar tranquilos de la limpieza del partido".
Rajoy ha encargado asimismo a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se ponga en contacto con el resto de las fuerzas políticas que haga posible un pacto anticorrupción una vez se conozcan los resultados del estudio encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre la regeneración demcorática.
De la "profunda y exhaustiva" investigación interna tanto sobre las cuentas del partido sobre las retribuciones de sus cargos y personal laboral se encargará la tesorera popular, Carmen Navarro, con los equipos que tiene a su disposición y la asesoría jurídica el partido, tal como ha explicado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al término de la reunión, investigación en la que "todo el partido tiene la obligación de colaborar". En cuanto a la auditoría externa, se escogerá por un procedimiento abierto "a las más reputadas y reconocidas del país". Lo cierto es que el PP viene obligado por un Código de Buenas Prácticas que aprobó en el año 2009, en plena vorágine del caso Gürtel, a auditar sus cuentas anualmente con una auditora externa. Explícitamente, dicho texto establecía que “anualmente se someterán las cuentas del partido a una auditoría externa, cuyo resultado se publicará en la página web”, aunque poco se sabe de su cumplimiento. Ademas, el mismo texto limitaba las actividades privadas de los cargos públicos y trabajadores de la casa a los que obligaba, además, a declarar todos sus bienes e ingresos en un registro propio del partido.
Cospedal ha defendido que el Código se ha venido aplicando y que la actual investigación no arrancará de 2009 sino que se retrotraerá a los comienzos del Partido Popular. No se han piuesto ninguna fecha para tener terminada dicha investigación, "vamos a tardar el tiempo necesario pero va a ser rápido", ha anunciado Cospedal.
En cuanto a las acciones legales pertinentes "para defender la honoralidad del partido" no ha querido Cospedal aventurar quiénes serán objeto de esas denuncias, aunque ha recordado este punto cuando se le ha interrogado sobre las declaraciones que el ex diputado Jorge Trias Sagnier ha publicado hoy El País, respecto a que sabía de la existencia de esos sobres por su amistad con Bárcenas. Tras referirse a él como "ese señor" ha insistido en el derecho del partido a acudir a los tribunales.
En definitiva, Cospedal, que ha basado su comparecencia en la literalidad del discurso de Rajoy, del que ha manejado una fotocopia, ha reiterado que "vamos a ser estrictos y no nos va a temblar el pulso", mientras recababa de todos los dirigentes regionales que han intervenido en el comité ejecutivo, apoyo cerrado, incluido el de Esperanza Aguirre. La presidenta del PP de Madrid ha comentado que "las crisis son oportunidades", ha dado su respaldo a las medidas propuestas y ha reclamado celeridad a la Justicia no sin dejar de recordar que el caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE, lleva 15 años en los tribunales.
