Agotados los plazos para alcanzar un acuerdo sobre el reparto de la equiparación salarial, la decisión definitiva queda en manos de Fernando Grande-Marlaska. El ministro tendrá que decidir cómo repartir los 247 millones asignados para el tercer tramo del acuerdo y acelera con la intención de que se haga efectivo en el mes de septiembre. Tendrá que decidir si contenta a los sindicatos de la Policía Nacional, que exigen una mejora del porcentaje de distribución, o calmar los ánimos con el Instituto Armado, que aún se recupera de una "reestructuración" -palabras de Marlaska- que se llevó por delante toda su cúpula.
Los ánimos están caldeados. Sindicatos y asociaciones no fueron capaces de alcanzar la semana pasada un acuerdo sobre cómo repartirse el pastel de los 247 millones para su mejora salarial. La Secretaría de Estado de Seguridad les emplazó a una nueva reunión que se celebró este lunes... y que una vez más concluyó sin entendimiento. Policías y guardias civiles ni siquiera están cerca de alcanzar una postura común. Así, la decisión final corresponde al Ministerio del Interior.
Tome la decisión que tome, Marlaska está destinado a soliviantar a una de las partes, si no a las dos. Los sindicatos de la Policía exigen un porcentaje que orbita en torno al 47% -algunos creen que con unas décimas menos bastaría para completar el acuerdo-. Aducen que en los últimos años han sumado más agentes a sus filas y que necesitan más dinero para repartirlo entre todos los bolsillos. También que los guardias civiles cuentan con una serie de privilegios que, sin formar parte estrictamente de sus salarios, mejoran sustancialmente su situación. Citan como ejemplo las residencias en las casas cuartel.
Las pretensiones son incompatibles con las del Instituto Armado, cuyos representantes piden un 60% de los 247 millones. Las asociaciones sostienen que sus nóminas son notablemente inferiores a las de los policías y se remiten al acuerdo firmado en su día con Juan Ignacio Zoido. Fuentes presenciales señalan que los guardias civiles no cederán "ni un céntimo" en su equiparación salarial.
A este cóctel de desentendimientos hay que sumar las modificaciones que ha sufrido el acuerdo desde su implementación. El pacto inicial contemplaba el 59% para los guardias civiles y el 41% para los policías nacionales, pero a la hora de abonar el segundo tramo se favoreció a los azules en detrimento de los verdes.
¿A quién beneficiará?
Así las cosas, el Ministerio del Interior tiene la última palabra. ¿Tratará de calmar los ánimos con los guardias civiles tras la última crisis que ha azotado al cuerpo? En las últimas semanas se han sucedido las dimisiones, los nombramientos saltándose el escalafón y los ceses que se han llevado por delante a toda la cúpula. Su directora, María Gámez, advirtió que los cambios "siempre cimbrean" cualquier estructura.
De no cumplir con sus pretensiones, Marlaska se arriesga a desatar un nuevo incendio en un Instituto Armado desgastado por la vorágine de movimientos. Algunas de las asociaciones representativas ya han manifestado su malestar por cómo han transcurrido las negociaciones. Si el ministro opta, en cambio, por contentar a la Guardia Civil, se expone a abrirse un frente con la Policía Nacional.
La cláusula octava
Unos y otros lamentan que el informe elaborado por una consultora externa no zanjase la polémica sobre cómo debe hacerse el reparto. Del mismo modo, remiten a la cláusula ocho del acuerdo de equiparación salarial, que abría las puertas a ampliar los 807 millones presupuestados si con esa suma no bastaba para igualar los salarios de guardias civiles y policías nacionales con otros cuerpos autonómicos, principalmente con los Mossos d'Esquadra.
Pero fuentes presenciales de las negociaciones consideran "poco probable" que el Ministerio del Interior amplíe ese fondo de contingencia para la equiparación salarial, máxime en previsión de la crisis económica que se fragua tras la pandemia del coronavirus. Sea cual sea su decisión, Marlaska se enfrenta a una decisión que irritará al menos a una de las dos partes.
