Los funcionarios de prisiones lamentan que la muerte de Álex en Lardero, en La Rioja, presuntamente a manos de Francisco Javier Almeida, que había salido de la cárcel en abril del año pasado, haya servido para sacar a la luz las políticas del ministro del Interior en Instituciones Penitenciarias.
Según publica este martes La Razón, una orden de servicio de enero del año pasado, tres meses antes de que al presunto asesino de Álex le concedieran la libertad, premia económicamente a las prisiones que más presos progresen a tercer grado, dentro del programa de 'Productividad vinculado al rendimiento y a la calidad del servicio para el personal directivo de los centros penitenciarios'.
Así, Instituciones Penitenciarias otorga 2 puntos si la prisión no ha registrado ninguna muerte por suicidio, 1 punto si tiene solo una muerte y 0 puntos si cuenta con 2 o más muertes. Además, valora positivamente la aplicación de programas específicos de tratamiento a los internos. Sin embargo, el artículo del programa que critica el colectivo de funcionarios de prisiones es el atribuible al preso y sus progresos hacia la reinserción, una cuestión que debería ser valorada por expertos. Se trata de los 'Porcentajes de clasificaciones ejecutivas en tercer grado', por los que la cárcel en cuestión obtendrá 2 puntos si aplican al 60%, 1,5 puntos si lo hace entre el 40 y el 60%, 1 punto si es entre el 20 y el 40%, y ningún punto si es menos del 20%.
Este último punto es el que los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo criticando, y fue una orden de servicio dictada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dirigida por Ángel Luis Ortiz, mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska. Para los expertos de prisiones, la intromisión de los equipos directivos de los centros en los criterios técnicos por motivos económicos es gravísimo.
Un modelo deteriorado
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) sostiene que "el deteriorado modelo penitenciario ha alcanzado su máximo nivel con la llegada de Ortiz", recoge La Razón. "Un secretario que criminaliza a sus profesionales, un ministro del Interior que tacha de débiles a los internos… Sus objetivos es que menos personas cumplan penas privativas de libertad, aumenten los trabajos en beneficio de la comunidad y, en resumen, imponer un laxo sistema punitivo para convertir a nuestro país en la cuna de la delincuencia", asegura Rafael Paniza, portavoz de la asociación.
No obstante, Marlaska defiende que todas las administraciones involucradas en la toma de decisiones sobre la pena privativa de libertad del detenido por el asesinato del niño han actuado conforme al principio de legalidad.
