Fernando Grande-Marlaska se une a Margarita Robles y Félix Bolaños y descarta declarar presencialmente en el caso Pegasus. El ministro del Interior se acoge al beneficio que le otorga la Ley y declina acudir a la Audiencia Nacional, órgano al que perteneció como juez de instrucción. Se da la circunstancia de que, pese a ser los damnificados de un supuesto espionaje a sus teléfonos móviles, los ministros han preferido no asistir al juzgado y responder a las preguntas por escrito.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional se ha unido a Robles y a Bolaños, pese a que el juzgado le ofreció participar por videoconferencia. Así pues, la Fiscalía trasladará en los próximos días una batería de preguntas al juez para que éste redacte el cuestionario que se enviará con sobre cerrado al ministro del Interior.
El magistrado José Luis Calama Teixeira le ha citado en el marco de unas diligencias abiertas en mayo para indagar la infección del teléfono de Pedro Sánchez y otros tres miembros del Ejecutivo con este software israelí. La investigación partió de una denuncia presentada por la Abogacía General del Estado después de que el CNI detectara que se espiaron los móviles del presidente y de la ministra de Defensa entre los meses de mayo y junio de 2021.
Marlaska y su pasado en la Audiencia
Sin embargo, a los pocos días de arrancar la causa, ésta se amplió también a los teléfonos de Grande-Marlaska y del ministro de Agricultura, Luis Planas. Tras solicitar al CNI todos los documentos relacionados con el espionaje con Pegasus, el magistrado abrió dos vías de investigación: por un lado libró comisión rogatoria a Israel para escuchar de primera mano al consejero delegado de esta firma, y por otro, citó como testigo a Félix Bolaños para el 5 de julio.
El juez preguntó en septiembre a Marlaska y a Robles si preferían declarar en persona, por videoconferencia o por escrito. Ambos optan por la tercera opción
No obstante, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 le explicó que, tal y como contempla la Ley, por su condición de miembro del Gobierno podía declarar por escrito (artículo 412.1 de la LECrim). El ministro de Presidencia se acogió a este "privilegio" y el juez le respondió que, si lo prefería, también podía participar por videoconferencia "para asegurar el buen fin de la causa". Bolaños no respondió al ofrecimiento y cumplimentó el trámite por escrito.
Tras ello, la Audiencia Nacional dirigió un suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasificara todos los actos e informaciones que afectan directamente a Robles y Marlaska y allanar el camino así para tomarles declaración también como testigos. A finales de agosto, el Gobierno declinó la petición de la Justicia alegando que los informes realizados por el CNI sobre los espionajes no contenían ningún elemento que se encontrase clasificado o reservado. También se negó a facilitar datos al portal de Transparencia esgrimiendo motivos de "seguridad nacional".
Así pues, el juez procedió a llamar a declarar a los ministros aunque, a diferencia de cómo actuó con Bolaños, en este caso antes de fijar una fecha les preguntó directamente si pretendían acudir a declarar en persona, por videoconferencia o mediante escrito. La primera en responder fue Margarita Robles. La también exmagistrada siguió la estela de Bolaños y dejó claro que su participación en esta investigación sería por escrito. Tras ella ha hecho lo propio Marlaska.
Denuncia de la Abogacía
El ministro del Interior, que ha desarrollado gran parte de su carrera como juez en la Audiencia Nacional, tampoco volverá a este órgano. La negativa de los ministros choca con la acción impulsada por la Abogacía General del Estado ya que fueron los servicios jurídicos del Gobierno los que pidieron que se investigasen estos hechos para depurar responsabilidades en relación al espionaje del que habrían sido víctimas junto con el presidente del Gobierno.
La Abogacía solicitó a la Audiencia Nacional que abriera causa por un posible delito de revelación de secretos con las infecciones de los teléfonos. El propio Bolaños así lo anunció en una rueda de prensa convocada de urgencia el 2 de mayo, cuando explicó que los terminales de Sánchez y Robles habían sido espiados por Pegasus. La comunicación se produjo en plena crisis del Ejecutivo con las formaciones independentistas de Cataluña tras conocerse que el CNI espió con autorización judicial a algunos de sus líderes, como el presidente catalán Pere Aragonés.
Comisión rogatoria a Israel
Bolaños dijo entonces que tenían la absoluta seguridad de que había sido un ataque externo, pero no dio más detalles al respecto. Reveló que a Sánchez se le extrajo un volumen de 2,6 gigas en una primera intervención y 130 megas en la segunda, mientras que a la ministra de Defensa se le extrajeron nueve megas. Las infecciones al teléfono del presidente del Gobierno se produjeron los días 19 y 31 de mayo de 2021; fechas que coinciden con la crisis humanitaria desatada en Ceuta por Marruecos en respuesta a la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Las pesquisas, que durante las primeras semanas se siguieron bajo secreto de sumario, se encaminaron a recabar documental clave del CNI (a quien se le ordenó poner a disposición del juzgado el contenido de los terminales cotejados) y también de Israel. De hecho, el pasado 7 de septiembre, tras preguntar a Marlaska y a Robles cómo querían declarar en la causa, volvió a recordar a las autoridades israelíes que tienen pendiente responder su solicitud.
En concreto, Calama Teixeira dijo que todavía no habían obtenido "comunicación alguna" de la petición formulada en mayo y que, por ello, se hacía necesario expedir recordatorio. Entonces el magistrado de la Audiencia Nacional anunció su intención de desplazarse a Israel junto con un equipo del juzgado para tomar declaración en calidad de testigo al CEO de Pegasus.
