Cuentan mandos de la Guardia Civil que Fernando Grande-Marlaska no midió -o no supo- las consecuencias del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por "falta de confianza". Y que el 'desliz' de uno de sus generales en plena pandemia (control de redes en busca de "desafecciones" al Gobierno) abrió otra brecha entre el cuerpo y el titular de la cartera. Su Ministerio -gestión migratoria, olas de disturbios, acercamiento de presos de ETA- es uno de los que ha registrado una actividad más frenética a lo largo de 2020. Y cuanto más reprocha la oposición su gestión, mayor respaldo encuentra en el Gobierno de coalición de Pedro de Sánchez.
Marlaska es uno de los rostros destacados de la manifestación del 8-M. Pañuelo morado al cuello, marcha junto a Carmen Calvo, Isabel Celaá, Arancha González Laya, Carolina Darias y más en el gran encuentro que discurre por las calles de Madrid. Difícilmente se puede sospechar que dos meses después se producirá el desmantelamiento de buena parte de la cúpula de la Guardia Civil.
No tarda en estallar la polémica. Una semana más tarde se decreta el estado de alarma, el número de contagios se dispara. ¿Debió celebrarse aquella manifestación? La pregunta salta al escenario judicial y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declara como investigado. Proceso judicial que requiere informes de la Guardia Civil. El coronel Diego Pérez de los Cobos, al frente de la Policía Judicial de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), lidera las pesquisas.
¿Presiones? El entorno del coronel sostiene que recibe varias llamadas en la que se le requiere el contenido del informe sobre la manifestación del 8-M; que éste se niega y que a los minutos se le anuncia su cese. Prende la chispa en el polvorín. Marlaska niega la mayor: "Pérdida de confianza", alega. Pero es innegable que el cese llega en un momento crítico, con las investigaciones en marcha. Y que la noticia es el punto de partida de la gran crisis en la cúpula de la Guardia Civil.
Del cese del coronel Pérez de los Cobos a la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), general Laurentino Ceña, número dos del Instituto Armado [éste se despedirá en acto privado de Margarita Robles, pero no de Marlaska]. Después es apartado el general Fernando Santafé. Sobresalto por día. "No habíamos sufrido una convulsión como esta en las últimas décadas", señalaban entonces fuentes del cuerpo a Vozpópuli. Su máxima representante, María Gámez, no tiene más remedio que admitir que los cambios "cimbrean" cualquier institución -incluso aquellas con más de 175 años de historia-.
Vigilar las "desafecciones"
Llueve sobre mojado. Unas semanas antes, el general Santiago, habitual en las ruedas de prensa de técnicos para informar de la pandemia del coronavirus, había afirmado que el cuerpo investigaba bulos con "desafecciones" hacia el Gobierno. Según fuentes del cuerpo, la redacción de la orden era equívoca y se refería a amenazas contra el Estado; y criticaban al Ejecutivo por la exposición que sufrían los uniformados en estas comparecencias diarias.
Una vorágine de episodios con la Guardia Civil que ponen a Fernando Grande-Marlaska en el ojo del huracán. La palabra "dimisión" resuena con fuerza en esferas políticas y el Congreso de los Diputados debate su reprobación. Sólo los partidos que conforman el Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- aprueban su gestión. Los demás, entre la abstención y el voto en contra, le dan la espalda. El ministro del Interior, por su parte, justifica la decisión en un ejercicio de "impulso" y "remodelación" del cuerpo.
En medio de ese incendio, Marlaska anuncia el desbloqueo de 247 millones de euros para mejorar las retribuciones de policías y guardias civiles, en cumplimiento del acuerdo de mejora salarial firmado con sindicatos y asociaciones. La oposición califica este movimiento como una dádiva para acallar las críticas; por la crisis en la Guardia Civil y la polémica sobre la idoneidad de las medidas adoptadas para prevenir el contagio del coronavirus entre Policía Nacional e Instituto Armado.
Oleada de disturbios
Más consecuencias de la pandemia. El Ministerio del Interior afronta las consecuencias más drásticas de las restricciones anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en la segunda oleada del coronavirus: disturbios que se extienden por toda la geografía española, amalgamas radicales de diversas ideologías -desde ultras de fútbol hasta grupos de extrema izquierda o extrema derecha- que desatan el caos en las calles. Estamos a finales de octubre y principios de noviembre.
Barcelona, Burgos, Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia, Bilbao... ¿Había alguna posibilidad de prever las algaradas? De nuevo, la oposición arremete contra Marlaska. Desde filas populares le acusan de estar "desaparecido" y exigen su comparecencia inmediata en el Congreso de los Diputados: exigen saber quién sacude la violencia y qué respuesta ha dado el Gobierno.
Fracturas que se manifiestan en el seno del propio Ejecutivo. A juicio del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, hay un elemento común en todos estos episodios y apunta a grupúsculos de la derecha como grandes agitadores. El ministro del Interior le desmiente y habla de un cóctel diverso.
La crisis de la inmigración
Y también a causa de la pandemia -al menos así lo sostiene el Ejecutivo- estalla una crisis de magnitud humanitaria. Canarias vive una presión migratoria sin igual. Cientos de barcazas se lanzan al mar para alcanzar las islas; miles de personas desembarcan en suelo español por vías ilegales. Centros saturados, apoyo del Ejército para adecuar más instalaciones. Miles de personas a las que se hospeda en hoteles. ¿Su destino?
"Cuando se habla de traslado a la Península digo que hay que luchar contra la emigración irregular y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa". Fernando Grande-Marlaska habla desde Rabat, donde intenta desinflar la presión migratoria en una reunión con su homólogo marroquí. A los pocos días se filtran unas polémicas imágenes en las que se insinúa el aterrizaje de inmigrantes a Granada.
Como desveló Vozpópuli, la Policía Nacional había desarticulado una organización criminal dedicada al traslado de personas a la ciudad andaluza y su posterior empadronamiento. Pero ni el Ministerio del Interior ni el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten un traslado coordinado para aliviar la presión que se vive en Canarias. A día de hoy, el Gobierno aspira a devolver más de 5.000 inmigrantes desde Canarias hasta sus países de origen, principalmente Marruecos, Senegal y Mauritania.
Los traslados de ETA
119 miembros de ETA trasladados en 2020. Las víctimas ya hablan de los "viernes de dolor"; semana tras semana, coincidiendo con el último día laborable, Instituciones Penitenciarias ha anunciado más acercamientos de presos terroristas a cárceles próximas a su lugar de residencia. Incluidos algunos de los etarras más sanguinarios: de Mobutu a Kantauri, pasando por otros muchos con delitos de asesinatos a sus espaldas.
"No tenemos noticias de la reunión que llevamos ya demasiado tiempo solicitando con el Ministro del Interior para que nos explique, entre otras cosas, porqué en septiembre de 2018 nos dijo que los acercamientos serían ‘puntuales, sin delitos de sangre y con la mayor parte de condena cumplida’, y en los últimos meses los acercamientos son masivos", lamentan desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Este diario recogió las denuncias que los presos más duros de ETA trasladaban sobre un supuesto "chantaje" para firmar cartas de arrepentimiento y, así, tener más posibilidades de ir a cárceles próximas a sus casas: "No firmo. Me quedo preso en Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia o Madrid, pero no firmo este nuevo chantaje colectivo".
Respaldo del Gobierno
De la crisis de la Guardia Civil a la migratoria; de la oleada de disturbios a los traslados de ETA. Ritmo frenético en dependencias del Ministerio del Interior durante 2020. Y Marlaska como uno de los ministros del Gobierno de coalición que más titulares ha acaparado a lo largo del año.
Del "dimita" que repiten desde la oposición como un mantra al respaldo inequívoco de Pedro Sánchez. Fuentes del Gobierno consultadas por este diario aseveran que el ex juez de la Audiencia Nacional es uno de los miembros del Ejecutivo de mayor confianza del presidente.
Se especuló con la posibilidad de que Marlaska fuese cabeza de lista del PSOE a las elecciones de Madrid, pero Sánchez no quiere desprenderse de él bajo ningún concepto. "Algo muy importante tendría que pasar para que no siga siendo el ministro del Interior durante los próximos años", concluyen estas fuentes.
