Algunos de sus nombres suenan para el cargo de presidente del Congreso en la XII Legislatura. Patxi López (PSOE), Ignacio Prendes (Ciudadanos), Celia Villalobos (PP), Micaela Navarro (PSOE) y Alicia Sánchez Camacho (PP), que componen la actual Mesa de la Diputación Permanente, se han negado a hacer pública la información referente a los parlamentarios que han dispuesto de tarjeta de taxi, teléfono móvil, tableta o ADSL en su casa a cargo de la Cámara, así como los pagos a los asesores y asistentes de sus señorías. Lo cuenta el diario El Mundo, que hizo la petición de estos datos en un primer momento ante la Secretaría General de la Cámara baja, vio cómo esta se los denegaba por afectar a la intimidad o seguridad de los diputados, recurrió y ha recibido ahora el rechazo de la propia Mesa.
"Quien sea el sujeto en cuestión que realice el gasto no es un elemento primordial de la información", alega la Mesa, puesto que "lo relevante son los datos numéricos globales" -que en su día sí facilitó- y "la identidad de los usuarios o de los que han renunciado no tiene ninguna incidencia pública". Los "nombres y apellidos" de los diputados que hacen uso de esos privilegios "constituyen un dato personal" cuya protección prevalece "frente al derecho de acceso a la información", argumenta.
En cuanto a los cerca de 300 asesores y asistentes de diputados y grupos parlamentarios, el Congreso ha hecho pública la partida anual presupuestaria -7.560.264 euros- establecida para ellos, y la Mesa insiste en apelar a la Ley de Protección de Datos para no concretar más: "No procede divulgar la información", dice.
