El 'caso Miguel Ángel Blanco' pone el foco ahora en Arnaldo Otegi. La asociación Dignidad y Justicia ha pedido al juez que investiga el asesinato del concejal de Ermua que les informe de las pesquisas acordadas por este mismo juzgado hace ahora 25 años en relación al grado de participación que pudo tener el líder de Bildu en la decisión del secuestro de Miguel Ángel Blanco.
La asociación de víctimas se remonta a las medidas que acordó la Audiencia Nacional el 11 de julio de 1997, cuando ETA todavía mantenía en cautiverio al concejal popular. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, recuerda que se ordenó intervenir sus comunicaciones y practicar con carácter de urgencia cuantas diligencias fueran necesarias para esclarecer si Otegi tuvo algo que ver con esta acción terrorista.
Al respecto, el magistrado Manuel García Castellón libró oficios al secretario de Estado de Seguridad, al consejero del Interior del Gobierno vasco y a las 513 comandancias de la Guardia Civil en Guipúzcoa para que comprobasen el papel de Otegi en este asunto. El objetivo era esclarecer la veracidad del testimonio prestado por Miren Itziar Olaskoaga Echarro en sede judicial en relación a un atentado de ETA en Villajoyosa.
Testimonio clave
En dicha comparecencia, Olaskoaga señaló a su exmarido (el etarra Ormaza Corral) y a Otegi. Dijo que este primero participó en varios atentados -como el asesinato del capitán Fernando Martín Barrios en Bilbao en 1983- y en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Apuntó que era una de las "cabezas pensantes" de la banda terrorista y también presidente de Senideak, una plataforma dedicada a defender los derechos de los presos de ETA.
En ese contexto, y siempre según el testimonio remitido desde otro juzgado de la Audiencia Nacional, Olaskoaga dijo que Otegi y su exmarido integraban la cúpula del aparato político militar de ETA y que fueron responsable de un episodio de robo de escopetas. Además agregó que, visto donde se había producido el secuestro del concejal de Ermua, lo pertinente era investigar tanto a su exmarido como a Arnaldo Otegi, entonces dirigente de Herri Batasuna.
A pesar de haberse acordado la investigación de Otegi, no consta en la causa resultado alguno de dichas diligencias de investigación, ni comunicación al TSJ del País Vasco
El juzgado movió ficha rápidamente, teniendo en cuenta que las diligencias se acordaron en el plazo de 48 horas que dio ETA al Gobierno para asesinar a Blanco. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió que se investigara a Arnaldo Otegi y el mismo día 11 de julio García Castellón dio luz verde a la solicitud. Dignidad y Justicia recuerda que, según obra en el sumario de la causa, se intervinieron tres teléfonos fijos a través de los que se comunicaba Otegi.
Investigación a Otegi
"A pesar de haberse acordado investigación de Otegi, de informar de las mismas al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (por su condición de aforado), de haberse acordado la intervención de sus comunicaciones, así como cuantas diligencias de investigación pudieran tener relación con los hechos investigados, no consta en la causa resultado alguno de dichas diligencias de investigación, ni remisión, ni comunicación alguna al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de cuanto se hizo en relación al control de este investigado", razona la asociación.
Por ello solicitan ahora al Juzgado Central de Instrucción número 6 que dé traslado a las partes personadas del resultado de las investigaciones impulsadas hace ahora 25 años sobre Arnaldo Otegi. La asociación reclama que se les explique si participó en el diseño de la estrategia del secuestro y "en qué grado". En caso de que todo esto se remitiera al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se solicita que se traiga a esta causa.
García Castellón reabrió las diligencias que él mismo impulsó hace 25 años para investigar la autoría intelectual del atentado. En su auto de admisión a trámite, encargó a la Guardia Civil un informe para acotar la participación del comité ejecutivo de ETA en los hechos. La Policía judicial remitió hace apenas unas semanas su informe. En él plasmó que se debía investigar a la entonces cúpula no solo por haber ordenado al comando Donosti el atentado, sino también por no haberlo evitado pese al clamor de la sociedad que así lo rogó entonces.
Declaran dos jefes de ETA
El magistrado atendió el reclamo e imputó en la causa a tres de los cuatro jefes señalado por la Guardia Civil: José Javier Arizcuren 'Kantauri'; Miguel Albisu 'Mikel Antza' y María Soledad Iparraguire, alias 'Anboto'. Sin embargo, dejó fuera del procedimiento a Iñaki de Rentería, alegando prescripción de los delitos. Al respecto, ordenó librar una nueva orden de detención europea para Kantauri tras el reciente rechazo de Francia a entregarlo por este asesinato.
Además, citó a declarar para este jueves 21 de julio a Mikel Antza y Anboto. Fuentes jurídicas informan de que el primero de ellos acudirá en persona a la sede de la Audiencia Nacional, mientras que la segunda (que suma más de 200 años de cárcel por numerosos atentados de ETA) participará por videoconferencia desde la prisión de Álava. El Ministerio del Interior autorizó su acercamiento al País Vasco en junio del año pasado.
En lo que respecta al histórico Iñaki de Rentería, las acusaciones han recurrido su absolución. Tanto el Ministerio Fiscal como Dignidad y Justicia y el Partido Popular sostienen que el que fuera "número uno" de ETA tiene que responder por el asesinato de Miguel Ángel Blanco ya que la reforma legal de 2010 declaró los delitos de terrorismo imprescriptibles. El magistrado resolverá ahora sobre los recursos interpuestos contra el archivo de su causa.
