En pleno repunte de las cifras de siniestralidad en las carreteras españolas, el Ministerio del Interior ha decidido no reparar en gastos para detectar a aquellos conductores que se ponen al volante bajo los efectos de la droga. La Dirección General de Tráfico acaba de licitar un contrato por dos años, prorrogables a cuatro, para realizar los análisis cuantitativos de sustancias estupefacientes en la saliva de aquellas personas que hayan dado positivo en el primer test que la Guardia Civil realiza a pie de asfalto. El departamento que dirige María Seguí ha presupuestado una inversión de 2,9 millones de euros, Iva incluido, para detectar hasta 21 tipos de diferentes de psicotrópicos. De la cocaína y hachís, las habitualmente más detectadas, hasta las drogas de diseño como el éxtasis o la 'píldora del amor'. Los resultados de las mismas resultan claves para determinar la sanción penal o administrativa que recaerá a aquellas personas que den positivo.
En julio, una campaña de control detectó que un tercio de los 1.000 conductores sometidos al test habían consumido drogas. Tres pasaron a disposición judicial
La licitación se produce poco después de hacerse públicos los recientes resultados de una campaña de control realizada entre el 14 y el 20 de julio en la que se practicaron más de 200.000 pruebas de alcohol y drogas y que se saldaron con 2.553 conductores denunciados. De todos los test, 1.000 fueron específicos para la detección de estupefacientes. Un tercio dieron resultados positivo. En concreto, 309, de las que 230 fueron por consumo de cannabis y los 89 restantes por cocaína. A todos ellos se les abrió el correspondiente expediente sancionador que incluye una multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos. Tres fueron puestos a disposición judicial al presentar signos evidentes de estar bajo los efectos de las drogas. Es en este punto donde Tráfico quiere reforzar el control, ya que los análisis que pretende contratar deben cuantificar exactamente la presencia en la muestra de saliva analizada para poder ser utilizados ante los tribunales.
En concreto, el departamento de Seguí pretende que la empresa adjudicataria (ahora los realiza el Laboratorio de Toxicología de la Universidad de Santiago) analice la segunda de las dos muestras de "fluido oral" que la Guardia Civil toma a los conductores que somete a control en la carretera sólo si la primera da positivo en el test que los agentes realizan en el acto "o bien el conductor muestre signos externos de haber consumido drogas". Esta segunda muestra será remitida por el Instituto armado al laboratorio adjudicatario para que, mediante una analítica, detecte la presencia de algunos de los 21 estupefacientes determinados en el pliego de condiciones e, incluso, otros nuevos. Y, todo ello, en un plazo máximo de cinco días naturales. Además, bajo unas condiciones estrictas de transporte de las muestras para que se mantenga en todo momento la cadena del frío y la de custodia, y así evitar que se invalide la prueba.
Cocaína, 'speed' y píldora del amor
En concreto, Tráfico quiere que, además de confirmar la sustancia que dio positivo en el primer teste, se realice "el barrido de la totalidad de las sustancias" que figuran en el pliego, y al que ha tenido acceso Vozpópuli. Estas son, además del cannabis, la cocaína y sus derivados, siete psicotrópicos de la familia de las benzodiapecinas, hipnóticos-sedantes como la zopliclone y zolpidem, la morfina, la codeína, la heroína, la metadona, las anfetaminas, la píldora del amor (MDA), el 'speed', el éxtasis y el 'Eve'. Para algunas, en concreto los fármacos, la cantidad mínima a detectar es de un nanogramo por mililitro. En el resto, de 5 nanogramos. Sólo en el Lorazepan, uno de los psicotrópicos, está cifra se eleva a los 10 nanogramos, según detalla el escrito.
Los últimos estudios señalan que el 9% de los conductores españoles se ponen al volante tras consumir drogas. Muchos de ellos, combinadas con el abuso de alcohol
El pliego también detalla que los resultados finales de los análisis, que incluyen sofisticados sistemas de cuantificación por cromatografía líquida o gaseosa y espectrometrías de masas, deben ser transmitidos telemáticamente en un plazo máximo de cinco días a la unidad policial que tomó la puesta. Este mismo resultado, será trasladado en papel en menos de dos semanas para su inclusión en el expediente abierto. Y finalmente, los datos de todas las pruebas realizadas a lo largo de cada mes serán remitidos a los servicios centrales de la Dirección General de Tráfico al finalizar ese periodo con fines estadísticos y de custodia.
El refuerzo de estos controles, y la consiguiente inversión millonaria, viene propiciada por los alarmantes datos de consumo de drogas entre los conductores españoles. Según los resultados del Proyecto Europeo Druid'13, con el que se pretendía estudiar la prevalencia del consumo de alcohol y drogas en aquellos que se ponen al volante, en España el resultado fue desalentador: nueve de cada cien conductores guiaba sus vehículos después de haber consumido sustancias psicoactivas. Muchos de ellos, además, combinadas con el alcohol. La droga más consumida fue, con diferencia, el cannabis. Un 4,4% habían fumado 'porros'. Le seguía la cocaína, con un 2% de positivos. Un 1,2% habían tomado varias. Además, de los conductores fallecidos en accidentes, un 35% habían consumido algún tipo de estupefacientes, y un 33%, psicofármacos.
Además, el consumo de alcohol y drogas supuso en 2013 el mayor porcentaje de condenas contra conductores: el 64% de las 83.796 sentencias dictadas con sanción penal estaban motivadas, precisamente, por ponerse al volante bajo los efectos de algunas de estas sustancias. Actualmente, hay 251 presos que cumplen condena por este motivo, un cuarto de los cerca de 1.000 reclusos por delitos de tráfico que hay en nuestras cárceles. La propia Dirección General estima que si ningún conductor consumiera drogas se evitarían cada año, al menos, 400 muertos en las carreteras españolas. Mil muertos menos si a ellos sumamos los producidos por el uso abusivo de alcohol. El año pasado, el número total de fallecidos en España en accidentes de tráfico fue de 1.680.
