El Ministerio del Interior parece decidido a que cada policía disponga de un chaleco antibalas, tal y como reclaman los sindicatos, y ha sacado a concurso la adquisición de 11.000 de estas prendas, con un costo total de 4 millones de euros. La compra forma parte de la anunciada inversión de 6 millones durante 2016 para hacerse con 18.000 chalecos.
Los sindicatos de Policía llevan varios años denunciando que sólo la mitad de los algo más de 65.000 agentes disponen de chaleco antibalas y sólo uno de cada diez guardias civiles, 7.000 sobre un total de 70.000, cuando, en su opinión, dicha prenda debería formar parte de la dotación con que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado salen de la academia.
La queja se concretó el pasado 1 de marzo con la presentación de una demanda contra el Ministerio del Interior en los juzgados de lo social por parte de todos los sindicatos policiales ante lo que consideran un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Fechas después el departamento anunció la inversión de seis millones de euros este año para la adquisición de 18.000 chalecos antibalas, de los que ahora se van a comprar 11.000. Mil de ellos de uso externo y 10.156 de uso interno, por un coste total de casi cuatro millones de euros.
Los sindicatos presentaron el pasado 1 de marzo una demanda contra el ministerio por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
La demanda sindical señalaba que en diciembre de 2014 el director Adjunto Operativo (DAO), el comisario Eugenio Pino, había emitido una circular sobre la obligatoriedad del uso del chaleco antibalas, estableciendo la preferencia en la asignación individual de los mismos a los funcionarios que prestan servicio en la prevención de la delincuencia. Dicha circular establecía que las plantillas que no contasen con dicha prenda para cada policía debían tener una cantidad suficiente para su utilización colectiva, “teniendo en cuenta que los vehículos con distintivos policiales deberán contar, en todo caso y como dotación obligatoria de los mismos, de tantos chalecos como ocupantes tenga el vehículo”.
El precio medio de un chaleco antibalas ronda los 400 euros, según las fuentes sindicales consultadas, lo que elevaría a 37 millones de euros el desembolso total necesario para dotar de esta prenda a los aproximadamente treinta mil agentes de policía que carecen de él y los 63.000 miembros de la Benemérita que están en la misma situación.
El mayoritario SUP señala en una circular remitida a sus afiliados que “la actuación conjunta en riesgos laborales, ejercida por las organizaciones sindicales representativas SUP, CEP, UFP y SPP, con las correspondientes denuncias en los juzgados de lo social y en la Audiencia Nacional, comienzan a dar sus frutos (…) os participamos que continuaremos con las denuncias formuladas en las instancias judiciales hasta que todos los integrantes de la Policía Nacional tengan los medios necesarios que garanticen su seguridad y salud”.
