El reto lanzado por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, al Gobierno de Artur Mas para debatir en el Parlament el documento remitido a las embajadas sobre las consecuencias económicas que tendría la independencia tiene un nombre propio: Fernando Eguidazu. Pesa a que los partidos proconsulta quieren que sea el ministro quien acuda a la Cámara autonómica, él ha delegado tal misión en su director general de relaciones económicas internacionales, del que ha dicho “está dispuesto” a cumplir con el encargo.
Sin embargo, las dudas sobre el acierto de la elección de este emisario, que sería la imagen del Gobierno en el cara a cara parlamentario con los hombres de Mas, empiezan a multiplicarse. Y es que Eguidazu ha estado cuestionado en Exteriores desde que llegó al cargo. Su nombramiento en 2012 ya generó cierto revuelvo por su hoja de servicios. Entre 1995 y 2010 había sido gerente de la Fraternindad-Muprespa (mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), una de las varias entidades de previsión que colaboran con el Estado. En ella su sueldo anual superaba los 320.000 euros. Estas mutuas, pese a tener régimen privado, ejercen funciones públicas y están financiadas por la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Fue en las cuentas de 2008 en las que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo una disposición para reducir el exorbitante salario de Eguidazu y otros gerentes de mutuas colaboradoras como Mutua Universal, Asepeyo y Umivale. En el caso de Eguidazu, su salario como máximo ejecutivo de Fraternidad-Muprespa en 2006 era de 323.554 euros, según publicó El Periódico. La medida acordada por el entonces secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado (el ministro de Trabajo era Jesús Caldera), fijó como límite una retribución de 240.000 euros para el hoy alto cargo de Exteriores. Además de Eguidazu, otros directivos de Fraternidad-Muprespa percibían también sueldos desmesurados de alrededor de 150.000 euros.
Eguidazu también ha sido vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil, donde estaba al frente el exministro de UCD Ignacio Camuñas, uno de los fundadores de Vox
El actual gerente de Fraternidad, Carlos Aranda, y sus colegas de otras mutuas tienen asignada una retribución media de 158.000 euros en los Presupuestos de 2014. Sin embargo, el Gobierno del PP se ha propuesto impedir que cobren estas ingentes cantidades a través de la nueva Ley de Mutuas, que establece el tope máximo de 100.000 euros, el equivalente al salario de un director general de la Seguridad Social o un primer ejecutivo de empresa pública. No obstante, esta cifra todavía es superior a los 78.000 que gana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o a los cerca de 70.000 que obtienen sus ministros.
Tanto Eguidazu como Aranda han ejercido como directores generales en Fraternidad-Muprespa siendo su presidente Carlos Espinosa de los Monteros, nombrado en julio de 2012 Alto Comisionado para la Marca España, con rango de secretario de Estado y dependiente también del ministerio de García-Margallo. Espinosa de los Monteros, que tuvo que pedir perdón por un tweet de su número dos que decía “Catalanes de mierda, no se merecen nada”, es presidente de honor del Círculo de Empresarios, del que Eguidazu fue vicepresidente desde 2008 hasta su aterrizaje en Exteriores.
Partidario del intervencionismo
El fichaje de este director general levantó suspicacias en el ministerio de Exteriores, donde atribuyeron su llegada a la amistad personal que tiene con García-Margallo, ya que, según resonó en este departamento, su mérito no iba más allá de haber sido gerente de Fraternidad-Muprespa durante quince años con un sueldazo.
La línea de pensamiento que ha mantenido Eguidazu estos años con respecto al problema catalán no puede decirse que sea muy diplomática. Todo lo contrario. Como vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil (el presidente era el exministro de UCD Ignacio Camuñas, uno de los fundadores de Vox), apostó por una respuesta intervencionista del Estado ante el desafío de los nacionalistas. “La mejor forma de salvaguardar una cosa es corregirla cuando funciona mal (...) Si dejas que siga funcionando mal, lo mismo consigues acabar con ella”, sentenció sobre el modelo autonómico. ¿Marca España?
