El Gobierno da a entender en privado que está echando un pulso político al Ejecutivo de Castilla y León del que obtener rédito electoral. Moncloa ha decidido ir a por todas en la polémica del protocolo antiaborto anunciado el jueves por Vox y desmentido este lunes por el presidente autonómico, el popular Alfonso Fernández Mañueco. Pero la tensión entre los aliados de la derecha, que se lanzan versiones contradictorias, amaga con dinamitar la coalición regional y propiciar un adelanto de las elecciones que el propio PP no descarta; un escenario que teme el núcleo duro del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya que podría provocar una mayoría absoluta de los populares como sucedió en Andalucía que asiente aún más la percepción de cambio de ciclo. "No queremos que se tiña el mapa más de azul", concede una fuente gubernamental.

El PSOE ha vuelto a azuzar el ruido de Vox para movilizar a los votantes de centroizquierda. Esa estrategia se demostró ineficaz tras la victoria de Juanma Moreno el pasado 19 de junio. En la propia sede socialista se dio por superada. Pero en política casi nada permanece estable. El contexto ha cambiado. Y, ahora, con la economía aguantando mucho mejor de lo previsto (ha crecido por encima del 5% en 2022 y mantiene a raya una inflación todavía alta del 5,7%) los planes de Moncloa pasan por disputarle al PP de Alberto Núñez Feijóo la imagen de buen gestor y por arrinconar a su líder en la derecha más extrema.

Precisamente, unas de las consecuencias de la 'bomba' de Vox ha sido la ausencia de PP y Ciudadanos de la gran macha contra Pedro Sánchez, convocadas por dos asociaciones que coparán la plaza de Colón y la plaza de Cibeles este sábado en Madrid. Por las cabezas pensantes del PSOE ya aparecía de nuevo el eslogan del trío de Colón para volver a infundir miedo. Precisamente, el propio Sánchez se refirió el pasado fin de semana en Sevilla a la alianza entre PP y Vox como la "coalición del miedo".

Gasolina para Sánchez

Y claro, estas polémicas creadas por Vox son gasolina para Sánchez que se frota las manos cada vez que los de Santiago Abascal levantan la voz. En verdad, la polémica del aborto tiene tintes incomprensibles, puesto que el Gobierno reconoce que no le han remitido los cambios supuestamente acordados por la Junta. Pero el Ejecutivo zanja que puede emprender el requerimiento de incompetencia sin un hecho administrativo "cuando se emiten comunicados que afectan a derechos".

Lo cierto es que el Ejecutivo confía en que aparezca el documento con los acuerdos del Consejo de la Junta de Castilla y León que actualizan el protocolo, como señalaron en la nota de prensa. Aunque Moncloa cree que el PP está rehaciéndolo para que no sea reprobable por parte de Moncloa y a la vez contente a Vox. Porque esa es la clave que permitiría a Sánchez iniciar en el recién renovado Tribunal Constitucional el recurso de conflicto de competencias. Como señala el propio órgano de garantías en su web, los conflictos de competencia oponen al Estado con una o más Comunidades Autónomas o a dos o más Comunidades Autónomas entre sí.

"El Gobierno o los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas pueden promoverlos cuando consideren que una disposición, resolución o acto sin valor de ley de una Comunidad Autónoma o del Estado, o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos, no respeta el orden constitucional de competencias establecido", especifica el Tribunal Constitucional. Pero Moncloa debe esperar, porque, según fuentes gubernamentales, tanto el requerimiento del domingo, en el que advirtió al Ejecutivo de Mañueco de que se abstuviera "de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”, como el de incompetencia aprobado este martes, son pasos previos.

La respuesta por carta del presidente de Castilla y León, en la que acusa al Gobierno central de hacer propaganda sobreactuada, no es lo que Moncloa espera (y necesita) tras el requerimiento de incumplimiento. Y es que la Junta de Castilla y León tiene un plazo de un mes para contestar. Y es perfecto para Sánchez, porque si Mañueco apura el plazo al máximo las probabilidades de que el tema de marras entre en campaña aumentan. Esa es la baza que juega el aparato electoral del Gobierno. Está por ver si le funciona.

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