El Gobierno echa balones fuera con el caso Vinícius. Moncloa ha negado este martes que los cánticos racistas que soportó el jugador del Real Madrid en Mestalla el pasado fin de semana hayan abierto una crisis diplomática entre Madrid y Brasilia pese a que el presidente del país, Luiz Inázio Lula da Silva. se pronunciara este lunes a favor de que se tomen medidas para "evitar que el racismo se apodere del fútbol". El problema es que el Ejecutivo, que a través de su portavoz ha negado contactos con Brasil por el asunto de marras, desconocía el comunicado conjunto que han emitido el Ministerio de Igualdad (Irene Montero) y el Ministerio de la Igualdad Racial de Brasil.
Ambos ministerios recuerdan "la obligación de todas las instituciones competentes de responder con la máxima diligencia para tomar medidas ante este y todos los casos que acontecen en el ámbito deportivo y que no pueden quedar impunes, asegurando el acompañamiento, protección y reparación de las víctimas de estos delitos". Todo un dardo al Gobierno español, que este martes ha negado la necesidad de tomar medidas para frenar estos casos de racismo amparándose en que la actual legislación ya funciona.
Igualdad va por libre
Aunque Igualdad, que dirige la número dos de Podemos, discrepa: "El Ministerio de Igualdad de España se compromete en ejercicio de las competencias que le corresponden a la propuesta, impulso y desarrollo de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y la eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de origen racial o étnico".
En Moncloa no se dan por aludidos: "El Gobierno ya se ha pronunciado desde que ocurrieron estos hechos con absoluto rechazo y condena. Son comportamientos que en España no quedan impunes. Se persiguen y se castigan. Por eso, nuestro reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este es un país donde este tipo de acontecimientos se persiguen. Que suceden es una evidencia. No solo en el deporte. Creemos que es un asunto sobre el que no cabe ser neutral. Somos antirracistas", ha espetado la portavoz del Ejecutivo.
Lo cierto es que el caso Vinícius se ha convertido en un terremoto mundial de consecuencias diplomáticas imprevisibles para España. Las denuncias de racismo contra el jugador internacional del Real Madrid son el único asunto de la agenda informativa en Brasil. La prensa anglosajona ha vuelto a situar a la afición española en la diana por un supuesto comportamiento racista recurrente. Y en algunos foros especializados se especula con la posibilidad de que España pierda la sede del Mundial 2030. La candidatura compartida con Portugal, Marruecos y Ucrania parte como gran favorita para organizar esa Copa.
Los riesgos para Sánchez
El episodio del pasado fin de semana en Valencia se suma a otras denuncias recientes de Vinícius. Y la imagen del país como racista es una constante en los medios de comunicación internacionales. Pero el Gobierno no considera que el racismo esté creciendo en España si bien mira hacia determinadas formaciones políticas por amparar estos comportamientos.
El problema para España no es solo de imagen, que también, es que puede tener consecuencias diplomáticas. El racismo amenaza con colarse en la agenda de Pedro Sánchez durante la presidencia española de la Unión Europea entre junio y diciembre de este año. Brasil es un actor clave en el gran evento del semestre español, que será la cumbre Unión Europea-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se celebrará los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas. Y en la que el presidente del Gobierno ha puesto todos sus esfuerzos a trabajar, ya que pretende que el acto sea una lanzadera para su perfil global.
Y es que el presidente Sánchez lleva tiempo preparando este evento y tiene, como contó este diario, un especial interés en la asistencia de Lula, al que ha mimado en estos meses, según fuentes conocedoras de los preparativos del semestre español consultadas por Vozpópuli. El aluvión del caso Vinícius se ha producido a pocos días de las elecciones del 28 de mayo. Además de las diligencias abiertas por la Fiscalía y la denuncia del Madrid, la reacción oficial del Gobierno está recogida en un comunicado del Consejo Superior de Deportes (CSD).
