"Teniendo en cuenta que entre los delitos que se imputan al investigado Alejo Morodo Cañeque se encuentra el delito fiscal, procede convertir la medida adoptada por la Agencia Tributaria (...) en medida jurisdiccional". El juez Santiago Pedraz ha acordado el embargo de los 2.614 euros que le salen a devolver al hijo del exembajador de España en Venezuela en la declaración de la renta de este año.
El pasado 19 de mayo la Abogacía del Estado presentó escrito al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en el que se sigue la causa contra Raúl Morodo, su esposa, su hijo y otras cinco personas desde enero de 2019. En el documento pedía que se dictara resolución para acordar "la retención de la devolución" del impuesto sobre la renta reconocida al primogénito del exembajador. La Fiscalía se ha mostrado a favor de la medida.
Según consta en el auto de 5 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado ha estimado conveniente la solicitud y ha ordenado el embargo del dinero computado por Hacienda el pasado 11 de mayo. Según los cálculos de la Agencia Tributaria al investigado le correspondía el reintegro de 2.614 euros.
En el sumario de la causa consta que en años anteriores a Alejo Morodo también le salía la declaración "a devolver". En concreto, figuran 1.201 euros en 2015, 1.320 en 2016, 2.715 en 2017 y 2.614 euros en 2018.
Inspección de la Agencia Tributaria
Antes de que el juez abriera diligencias del caso Morodo, la Agencia Tributaria dirigía una inspección contra el hijo del exembajador por las operaciones de la mercantil Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL. Las conclusiones constan en un informe que fue aportado al Juzgado a petición de su titular. Tras incluirse en la causa, se procedió a la "paralización y suspensión de todos los procedimientos inspectores que se siguen" desde Hacienda contra el investigado.
Antes de que el juez abriera la investigación contra los Morodo, la Agencia Tributaria dirigía una inspección contra el hijo del exembajador
Los agentes de la Agencia Tributaria comprobaron que la sociedad de Alejo Morodo carecía "tanto de medios personales como materiales para prestar los servicios facturados, siendo únicamente la actividad/intervención del socio, la que produce los ingresos". Advirtieron en el escrito que la sociedad prestó servicios a "un único cliente". Se referían a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
"Desde su constitución en mayo de 2007, salvo unos ingresos, cuyo origen la inspección desconoce, de 6.000 € en ese ejercicio inicial, los únicos ingresos que ha percibido Aequitas han sido los procedentes de esta entidad venezolana", subrayaron los inspectores.
Fondos carentes de justificación
La Fiscalía investiga a Raúl Morodo y a su "círculo familiar más íntimo" por percibir entre 2011 y 2015 "fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela por un importe total de 4.527.270 euros carentes, hasta la fecha, de toda justificación real y lógica comercial". A todos se les atribuyen presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Según la Inspección, Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL carecía de "oficinas o instalaciones distintas del propio domicilio del socio". En los correos intercambiados con PDVSA, sin embargo, el hijo del exembajador ofreció una amplia variedad de trabajos.
