Cataluña se prepara para la inminente sentencia del juicio del procés. La decisión que tomen los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que se espera sea pública al comienzo de la semana próxima, marcará la agenda social y política de los próximos meses en España.
Ante la posibilidad de que grupúsculos independentistas radicales se tomen la justicia por su mano y causen incidentes en las calles, el Ministerio del Interior ha decidido enviar a más de 750 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, la gran mayoría antidisturbios, para reforzar la seguridad en las calles catalanas.
Sin embargo, ante la amenaza de que se produzcan altercados en los próximos días, la Generalitat de Cataluña no quiere que sus agentes aparezcan relacionados con los efectivos del Estado. Según ha podido saber Vozpópuli a través de diferentes fuentes consultadas, en varias comisarías de Mossos corre la orden de que los policías autonómicos no se dejen ver con policías ni guardias civiles. Desde el gabinete de comunicación del Cuerpo, por su parte, niegan que se haya dado este mensaje.
La directriz, que no se ha plasmado por escrito, busca que los ciudadanos catalanes no relacionen directamente a los mossos con las posibles actuaciones policiales que se puedan producir
La directriz, que no se ha plasmado por escrito, busca que los ciudadanos catalanes no relacionen directamente a los mossos con las posibles actuaciones policiales que se puedan producir. Las mismas fuentes informan de que la consigna se dio después de que la Guardia Civil detuviese a nueve miembros de los CDR acusados de delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos, y tras el nombramiento del nuevo jefe de los Mossos, Pere Ferrer.
Desde la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como desde los Mossos d’Esquadra, confirman que la relación y colaboración entre los cuerpos es “excelente”, después de que la situación se tensara tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En los últimos días los ánimos se han vuelto a encender tras el discurso dado por el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, durante la celebración de la Patrona del cuerpo en la comandancia de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona.
Garrido, que aseguró que la Benemérita volvería a actuar como lo hizo hace dos años, provocó la 'huida' de los mandos de Mossos presentes en el acto. El Govern, a través de su portavoz Meritxell Budó, ha exigido su cese inmediato.
Quejas de las asociaciones
Interior ha enviado efectivos de antidisturbios desde varios puntos de España, como Bilbao o Sevilla. Su papel será el de dar cobertura operativa en caso de que los Mossos lo necesiten y el de proteger algunas infraestructuras. A diferencia de lo que ocurrió en el octubre de 2017, en esta ocasión el Gobierno no ha recurrido a ningún barco atracado en el puerto de Barcelona para acoger a los guardias civiles. Según ha podido saber este periódico, los agentes se están hospedando en cuarteles del Instituto Armado y en diversos hoteles.
Algunas asociaciones de la Benemérita, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que los guardias comisionados disponen de 28 euros al día para su propia manutención, y que "en cuanto a las condiciones de alojamiento, baste citar que en algunos casos se están dando situaciones en las que hasta siete agentes deben compartir espacio".
“Mossos indispuestos”
Como ya publicó Vozpópuli, la Generalitat movilizará a todos los agentes disponibles, sin conceder permisos, anular los ya permitidos y retirar las reducciones de jornada, de las que gozan numerosos agentes en la Policía catalana. Todo ello sin una remuneración económica pese a las horas extras trabajadas. Una "destrucción de derechos laborales" que los Mossos no están dispuestos a permitir, tal y como ocurrió el pasado 1-O de 2017.
Ante esta situación se prevé una avalancha de bajas en las unidades de BRIMO y ARRO (antidisturbios) como medida de protesta. Para la primera huelga de este mes de octubre, preavisada para el pasado viernes día 11, los Mossos ya tendrán a sus espaldas 11 días sin descanso.
La sentencia se espera para antes de la señalada fecha, aunque fuentes jurídicas consultadas por 'Vozpópuli' creen que el Supremo dará a conocer el esperado fallo para la cercanía del 16 de octubre
A partir de esta fecha, se les dejará dos días de permiso, siempre y cuando la situación no se agrave. Es decir, la Generalitat permitirá que los agentes desplegados hasta ahora no trabajen el 12-O, día en el que se prevén movilizaciones de constitucionalistas, ni el 13-O.
La sentencia se espera para antes de la señalada fecha, aunque fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli creen que el Supremo dará a conocer el esperado fallo para la cercanía del 16 de octubre, fecha en la que se cumplen dos años de prisión preventiva de los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
