Mutua Madrileña contrató a la empresa del excomisario José Villarejo para investigar el patrimonio de su expresidente José María Ramírez Pomatta, según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras de la relación entre la aseguradora y el polémico mando. La Audiencia Nacional investiga los trabajos prestados por el policía -cuando todavía estaba en activo- para la compañía en una pieza separada declarada secreta derivada de la macrocausa abierta tras la operación Tándem.
Las fuentes consultadas por este diario informan de que Villarejo plasmó sus pesquisas en un informe. La investigación se realizó en el marco del litigio que la empresa mantenía con Ramírez Pomatta, presidente de Mutua entre los años 2002 y 2008. Consultada la aseguradora a este respecto, ha rechazado hacer declaraciones por encontrarse la investigación bajo secreto de sumario.
El trabajo fue encargado en 2012 a la empresa Cenyt (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones), propiedad de excomisario. Según las facturas de esta sociedad a las que ha tenido acceso Vozpópuli, constan al menos tres pagos de la Mutua Madrileña por valor de un total de 16.000 euros. Según la descripción, corresponden a “informes solvencia patrimonial”.
Tres pagos por 16.000 euros
La primera es del 21 de febrero de 2012 y asciende a 7.000 euros (más 1.260 euros de IVA). La segunda se emitió el 3 de mayo por 5.000 euros (más 900 euros de IVA) y la tercera corresponde al 1 de julio por otros 4.000 euros (más 720 euros de IVA). Entre la documentación de la empresa Cenyt hay además una cuarta factura por otros 4.000 euros fechada en abril con el mismo concepto, pero desde Mutua Madrileña aseguran que ese cuarto pago nunca se llegó a producir.
Cuatro facturas emitidas por la empresa de Villarejo a Mutua Madrileña por estudios de solvencia patrimonia... by Vozpopuli on Scribd
La aseguradora se limita a recordar lo que viene manifestando desde 2018 cuando el periódico El Independiente adelantó la existencia de estos cobros. Afirman que obedecen a un estudio de solvencia patrimonial encargado para defender los intereses de Mutua Madrileña en los juzgados y en el marco de un litigio judicial al que se enfrentaba en ese momento la compañía.
Las fuentes consultadas por este periódico informan de que el contexto de ese litigio en el que se encargó investigar a Ramírez Pomatta tenía que ver con la reclamación de 21 millones que solicitó a Mutua Madrileña en concepto de pensión de jubilación. El conflicto arrancó cuando el expresidente de la aseguradora presentó su dimisión en 2008 para asegurarse el cobro de esa millonaria jubilación. Lo hizo solo dos días antes de la junta de mutualistas que preveía anular la norma sobre jubilaciones por excesiva y desproporcionada.
La Audiencia le reconoció el derecho a cobrar
Ambas partes acudieron a los tribunales y en septiembre de 2010 un Juzgado Mercantil de primera instancia le dio la razón a Mutua Madrileña. Pero Ramírez Pomatta recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid, que en enero de 2012 le dio la razón al expresidente. Al menos en parte. Le reconocía el derecho a cobrar casi 14 millones de los 21 reclamados. Fue tras este fallo cuando la empresa recurrió a los servicios de Villarejo.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en mayo de 2014 zanjó la cuestión declarando que Ramírez Pomatta -fallecido al año siguiente- incurrió en un “abuso de derecho” y dio la razón a la aseguradora. Según el alto tribunal, "desde la perspectiva de un observador objetivo", la propia pensión había sido "auspiciada" por Ramírez Pomatta, que era el presidente del Consejo y “a quien directamente y más pronto iba a beneficiar, pues constituía una forma de preparar su jubilación".
Datos de Pomatta y sus familiares
Según las mismas fuentes, en el informe no solo se investigó a Ramírez Pomatta, sino también a sus familiares. Expertos en investigaciones patrimoniales indican a Vozpópuli que es habitual que los trabajos de este tipo se amplíen al entorno del protagonista para comprobar si ha registrado propiedades a nombre de otras personas.
Villarejo se encuentra en prisión provisional desde hace más de dos años. Se investigan sus actividades privadas al margen de su función como policía. Muchos de sus trabajos los realizaba para grandes empresas y clientes adinerados. En alguno de estos casos, realizaba labores de espionaje y se valía de su ascendencia en la Policía para acceder a bases de datos privados. Luego usaba ese valor añadido para cobrar grandes cantidades de dinero.
Los investigadores ya han apuntado en otras piezas a la posibilidad de existir cohecho en los pagos a este comisario, especialmente durante el tiempo que estaba en activo. No se jubiló de la Policía hasta el verano de 2016. Vozpópuli ya informó de que al margen de estas facturas por investigar patrimonio, Mutua Madrileña pagó durante años un fijo mensual a una empresa propiedad del excomisario llamada Medialink que prestaba servicios de publicidad. Los pagos en este caso constan al menos desde 2012 hasta 2017.
