La Audiencia Nacional ha admitido una querella de Vox por torturas en la detención el pasado junio en Gibraltar de su presidente en Madrid, Nacho Mínguez, por orden del ministro principal del peñón, Fabián Picardo, según la denuncia, y ha preguntado al Ministerio de Exteriores si éste goza de la inmunidad diplomática.
En un auto, el juez Ismael Moreno, siguiendo el criterio de la Fiscalía, admite la denuncia por los hechos ocurridos el día 20 de ese mes, cuando se arrestó a Mínguez en Gibraltar por desplegar, junto a otros miembros de su partido, una bandera española.
El juez considera que lo relatado en la querella sobre las malas condiciones en que estuvo arrestado, la incomunicación a la que se le sometió y las circunstancias en las que se le juzgó puede ser constitutivo de los delitos de torturas y contra la integridad moral, cometidos por los funcionarios policiales y judiciales que intervinieron en la detención.
También investiga el juez el arresto del abogado de Vox Pedro Fernández, que se personó en Gibraltar el día 22 para conocer de la situación de Mínguez y fue detenido durante nueve horas, en las que permaneció incomunicado y se le dijo, según la querella, que si no reconocía los hechos se prolongaría su privación de libertad.
A Fernández también se le dijo que el trato que se le estaba dando a los dos españoles "obedecía a razones políticas y por orden directa del ministro principal".
Así, el juez acuerda una serie de diligencias, como pedir a la policía judicial si Picardo es residente en España y reclamar a Exteriores si tuvo conocimiento de los hechos y cómo se le comunicó la detención, si España ha emitido alguna nota de queja al respecto frente a las autoridades británicas y si Picardo está amparado por los beneficios de la inmunidad.
También pide a las autoridades británicas copia de los expedientes policiales y judiciales tramitados con ocasión de las detenciones y del enjuiciamiento practicados a los querellantes, y acuerda que se reciba declaración como testigo a Fernández.
En la querella de Vox, se denuncia que durante la detención de Mínguez se procedió de manera desproporcionada a su cacheo y se le mantuvo en dependencias policiales durante más de siete horas, durante las que le negaron el ejercicio de sus derechos a comunicar su detención y su lugar de custodia, así como la asistencia letrada.
Se le mantuvo, dice Vox en la querella ahora admitida, "sin alimento y aseo en condiciones de dignidad", una situación que se mantuvo tras su puesta a disposición judicial, cuando se acordó su prisión preventiva hasta sentencia.
Los querellantes aseguran que Fernández observó en el juicio contra Mínguez "un trato discriminatorio" y que se le introdujo en una cámara acristalada sin que hubiera podido entrevistarse con su abogado de oficio.
El juicio, relata Fernández, se tuvo que suspender unos minutos para que el líder de Vox pudiera conocer de qué se le acusaba y unos agentes le incautaron el móvil acusándole de haber hecho fotos de la sala.
