La Ley de la Eutanasia entró en vigor en España el 25 de junio de 2021, dos años después DMD ha recogido toda la información posible para evaluar su puesta en práctica, identificar fallos y aciertos y proponer caminos de mejora. Según los datos de DMD, se han realizado 370 eutanasias entre junio de 2021 y diciembre de 2022. De acuerdo con sus cálculos, "probablemente más de 1.000 la solicitaron".
Sin embargo, el porcentaje en España no es homogéneo entre comunidades. Mientras en regiones como Navarra, País Vasco, Cataluña o La Rioja se practicó más de una eutanasia por cada mil fallecimientos (>0,1%), en otros territorios como Murcia, Extremadura o Galicia la muerte asistida tuvo una incidencia diez veces menor, de poco más del 0,01 por ciento.
En concreto, de las 295 eutanasias practicadas en España en 2022, 13 se produjeron en Navarra (0,206% de los fallecimientos); 91 en Cataluña (0,128%); cuatro en La Rioja (0,115%); 24 en País Vasco (0,101%); seis en Cantabria (0,085%); 38 en Madrid (0,076%); nueve en Asturias (0,064%); seis en Baleares (0,063); diez en Canarias (0,053%); ocho en Aragón (0,052%); 26 en Comunidad Valenciana (0,051%); ocho en Castilla-La Mancha (0,038%); 29 en Andalucía (0,036%); diez en Castilla y León (0,031%); tres en Extremadura (0,024%); ocho en Galicia (0,022%); y dos en Murcia (0,015%).
Para DMD, esta es "una disparidad muy acusada, difícil de explicar solo por diferencias socioculturales". Por ello, desde DMD sospechaban que estas diferencias entre CCAA se debía más bien a falta de accesibilidad e implementación. A través de un estudio, han comprobado "grandes desigualdades" entre comunidades autónomas y sugiere que algunas han hecho "un mejor trabajo de implantación" de la Ley.
Entre los casos individuales conocidos por DMD, algunas dificultades destacan entre las demás por su frecuencia o su gravedad. Por ejemplo, han comprobado que se ha producido en algunas ocasiones "falta de colaboración de las entidades privadas" que "no han dado respuesta a solicitudes de eutanasia recibidas".
Igualmente, a veces se ha producido un "mal manejo de la objeción de conciencia". "La obligación de todos los médicos es recoger cualquier petición de eutanasia que se les presente, firmarla y tramitarla. En caso de ser objetores de conciencia, deben informar de esta condición a su paciente y remitir la solicitud a sus jefes para que busquen otro facultativo. Tenemos constancia de casos de médicos que se niegan a hacerlo, así como de plazos excesivos para designar un profesional alternativo", han detallado los expertos de DMD.
Plazos excesivos y poca información
Otro de los problemas son los "plazos excesivos", según apuntan desde DMD. Según su información, en muchas comunidades la duración promedio de una prestación de ayuda para morir (desde la primera solicitud hasta el informe favorable de la Comisión de Garantia y Evaluación) es "muy superior a los plazos previstos por los legisladores". "Pese a que todo el proceso debería durar alrededor de 35 días, se extienden a menudo más allá de los 50", han detallado.
Aunque la Ley no fija plazos máximos para algunas fases criticas de la tramitación de una solicitud de eutanasia, desde Derecho a Morir Dignamente han lamentado que "no es razonable que todavía haya personas que requieren de varios meses para completar un proceso que, en las circunstancias adecuadas, puede hacerse con todas las garantías en menos de 25 días".
Por otra parte, la asociación DMD ha lamentado que tras 24 meses la información ofrecida por las administraciones es "escasa, heterogénea y, a menudo, hueca".
Tras dos años desde la entrada en vigor de la ley y, aunque todas las comunidades autónomas han compartido datos con el Ministerio de Sanidad, no todas han hecho público sus informes anuales pese a que lo exige la Ley.
Además, DMD ha criticado que los informes, tanto de comunidades como del Ministerio, "pasan por alto una gran anomalía que se esconde entre los datos". Mientras que en Bélgica, Canadá o Países Bajos el 80 por ciento de pacientes que recurren a la eutanasia son enfermos terminales, sobre todo de cáncer, que acumula dos de cada tres casos, en España son menos de la mitad. Aquí, las enfermedades neurodegenerativas (ELA, esclerosis múltiple, etc.) predominan en la muerte asistida.
