El estudio del CIS sobre percepciones de la igualdad entre hombres y mujeres muestra perfiles alentadores de la sociedad española, desmonta estereotipos del discurso oficial sobre la igualdad de género, refleja la antipatía de las mujeres hacia grupos feministas y LGTBIQ+ y destapa algo ajeno al tema de la encuesta pero significativo en este momento político: el convencimiento general de que la ley no se aplica por igual a todos los españoles. Todo ello en vísperas de que llegue al Congreso una ley orgánica que obligará a la representación paritaria de hombres y mujeres en el sector público y privado, elaborada por un Ejecutivo que incumple la paridad que tanto predica en los altos cargos de, al menos, 11 de sus 22 ministerios, algo también detectado en la Presidencia del Gobierno hasta el pasado día 24.
Que el avance del estudio Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género hecho público por el CIS el 15 de enero no ha sido del agrado de Moncloa lo revelan la escurridiza reacción de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la consideración de Patxi López, desafiando la sociología y la estadística desde la redundancia. “Creo que tenemos un problema en la comunicación porque la realidad es radicalmente contraria a esa percepción (…) la necesidad de hacer una política feminista sigue siendo absolutamente necesaria”, ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE respecto a los datos de un 44,1% de hombres y un 32,5% de mujeres que consideran que “la promoción de la igualdad de las mujeres” llega a discriminar a los hombres.
Alguien en el Gobierno de coalición habrá advertido de la improcedencia de amonestar a la población por el limitado entusiasmo que recoge la encuesta del CIS sobre sus políticas de igualdad, más propagandísticas que coherentes en el cumplimiento. La mitad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es de sexo femenino, pero de ahí para abajo desaparece el 50% de ambos sexos y en once departamentos no se respeta la proporcionalidad máxima y mínima de 60/40, como tampoco pasaba en el primer círculo de confianza del Presidente hasta el miércoles día 24 de este mes. Se incumple así la “presencia equilibrada de hombres y mujeres” que requiere desde hace diecisiete años el artículo 52 de la ley de Igualdad promovida por Rodríguez Zapatero.
Según los datos sobre altos cargos de ministerios en el portal de Transparencia, a fecha de 25 de enero la presencia máxima de un 60% y mínima de un 40% de cada sexo solo se cumple en Agricultura, Hacienda, Industria, Justicia (sin Presidencia y Relaciones con las Cortes), Política Territorial, Sanidad, Trabajo y Transición Ecológica. Aunque los ministros tomaron posesión de sus cargos el 21 de noviembre pasado, en Transparencia no constan los nuevos equipos de Cultura, Función Pública y Juventud e Infancia y el de Ciencia y Universidades no incluye los altos cargos de su segunda competencia. Como representa el cuadro adjunto, hay nueve departamentos donde las mujeres no alcanzan el 40% de representación: Asuntos Económicos, Asuntos Exteriores, Ciencia, Defensa, Derechos Sociales, Inclusión y S. Social, Interior, Presidencia y Relaciones con las Cortes y Transportes. Por el contrario, en otros dos las mujeres altos cargos superan el 60%: Educación e Igualdad.
La interpretación común del estudio del CIS ha destacado que casi la mitad de los hombres perciben amenaza de discriminación masculina, siendo igual de relevante que la tercera parte de las mujeres coinciden en esa sensación que, además, no comparte un 54,6% de los varones. Como los datos se ofrecen sin tendencia, no es posible medir la evolución a lo largo del tiempo de la percepción de los hombres sobre el proceso igualitario con las mujeres, aunque sea un indicador positivo que menos de la mitad de la población, el 41,8%, considere que la desigualdad aún es “grande”, un porcentaje que se eleva al 47,8% en el público femenino y desciende al 35,5% en el masculino.
Entre los resultados de esta encuesta más adversos al gobierno de Sánchez destaca la respuesta a la segunda pregunta. Antes de entrar en materia sobre el objeto del sondeo, el CIS inquiere a los consultados en estos términos: “¿Y cree que en España a la hora de aplicar las leyes se da el mismo trato a todos o se hacen diferencias según de quién se trate?”. Planteado así de claro en plena polémica por la ley para amnistiar a procesados y condenados separatistas de Cataluña, un 73,8% de los 2.013 hombres y 1.992 mujeres entrevistados por el organismo que preside Tezanos han respondido que en la aplicación de las leyes sí “se hacen diferencias según de quién se trate”. Es un resultado llamativo ofrecido por el mismo Centro de Investigaciones Sociológicas que no ha consultado en sus barómetros por la cuestión de la amnistía, y es representativo del rechazo popular a las consecuencias del trueque acordado por Sánchez con Carles Puigdemont.
Un resultado del estudio que incide en el escaso arraigo de los discursos inclusivos y feministas propios del PSOE, de Sumar y de Podemos, y sus órbitas de activismo, es que las dos organizaciones sociales que despiertan menos simpatía en la población de ambos sexos son las feministas y las LGTBIQ+, un rechazo particularmente considerable entre las mujeres de 35 a 65 años. En la percepción social que ha recogido el CIS sobre igualdad y estereotipos de género se acumulan las experiencias de los ciudadanos con la aplicación de la Ley de Igualdad aprobada en 2007, más la de tres leyes ordinarias y cinco Reales Decretos, uno de ellos de 2020 regulando la implantación de planes de igualdad en el sector público y en empresas privadas, añadiendo a todo ello el prolijo marco legislativo autonómico en la materia.
En paralelo a ese entramado normativo se han creado nuevos organismos, resultando singular el caso del Consejo de Participación de las Personas LGTBI+ que desde su creación en el año 2020 la actividad de sus 31 miembros -incluidos presidencia y dos vicepresidencias- se ha limitado a elaborar seis documentos e informes, uno sobre recomendaciones a los medios de comunicación y otro sobre transexualidad e intersexualidad en el deporte compuesto por 76 páginas, diez de ellas con la relación de clubes deportivos “que fomentan un espacio seguro para personas trans e intersex”.
Todas esas iniciativas y regulaciones se han hecho desde los poderes públicos sin disponer de un estudio riguroso sobre la acogida de dichas medidas por la población, como el recién publicado por el CIS. También se ha elaborado previamente a esa radiografía social y, por lo tanto, desconociendo las percepciones sobre estereotipos de género, una próxima ley orgánica con la que Sánchez Pérez-Castejón quiere dejar su impronta en las políticas de estado sobre igualdad a cuenta de una Directiva europea.
Con nueve meses de diferencia, Moncloa presentó por dos veces la misma ley de paridad
Se trata de la que se denominará `Ley orgánica para garantizar la representación paritaria en órganos de decisión´ o `Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres´, pues ambas son las denominaciones con las que se ha presentado en Moncloa en dos fechas diferentes. La primera ocasión fue el 7 de marzo pasado, víspera del Día de la Mujer, cuando la vicepresidenta Nadia Calviño, lazo malva en la solapa, dio cuenta solemne de la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de una ley que hará obligatoria la representación de hombres y mujeres en las proporciones 60/40 en el sector público, sociedades cotizadas, colegios profesionales, etcétera.
Nueve meses más tarde, el pasado diciembre, la nueva titular de Igualdad, Ana Redondo, se estrenó en el cargo volviendo a anunciar como gran novedad lo que había pasado del nivel de anteproyecto al de proyecto, por decisión del Consejo de Ministros. En la presentación bis de esta ley orgánica, Redondo se refirió a la obligatoriedad de las listas-cremallera en las elecciones, deshaciéndose en promesas de próximas conquistas propias de la democracia avanzada que rompe techos de cristal y eleva la mitad de la población “a todos los niveles de toma de decisiones”, situando a España en el liderazgo de la Agenda 2030.
Cuando la ministra de Igualdad desgranó el 5 de diciembre el contexto social y las bondades de la paridad obligatoria, ignoraba la opinión de la población española sobre estas cuestiones ya que la encuesta del CIS realizado en noviembre aún estaba pendiente de procesar. Que algo de lo recogido por el centro de Tezanos se traslade a la próxima ley orgánica dependerá de su tramitación parlamentaria.
