La trama de corrupción desarrollada en torno a la consultora Efial -actualmente, denominada CGI- que desembocó la semana pasada en un macrooperación de la Guardia Civil en 24 Ayuntamientos de España, no se habría extendido de Cataluña a diferentes puntos de España sin la participación de la interventora de la Administración municipal, Lucía Mora.
Así lo pone de relieve un informe de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Vozpópuli, donde los representantes del Ministerio Público analizan las entradas y registros llevadas a cabo por distintos puntos de España en el marco de la operación Térmyca. En el citado documento, los fiscales del caso destacan la labor desempeñada por Blas Acosta, director y máximo responsable de la zona centro de CGI y Lucía Mora, quien ostenta el cargo de interventora de la Administración local con habilitación de carácter nacional.
La Fiscalía sostiene que "Mora tiene conocimiento de informaciones cuya custodia le está confiada y no debe ser divulgada" pero que, aún así, informa de ellas a responsables de CGI
Anticorrupción sostiene que ambos "actúan con la intención de dirigir en su beneficio los contratos públicos de corporaciones locales, transgrediendo los principios de competencia y concurrencia pues supone que se adjudiquen aquellos contratos CGI que no necesariamente ofertan unas condiciones más beneficiosas económica o técnicamente para la Administración". De esta forma, el Ministerio Fiscal alerta que se causaba un "perjuicio económico" a los consistorios "puesto que no se produce la adjudicación a la empresa más adecuada para realizar el trabajo ofertado".
Los investigadores sospechan que, tanto cuando la organización criminal actuó bajo el nombre de Efial Consultoría como cuando lo hizo como CGI, los acusados construyeron una estructura paralela en los Ayuntamientos para evitar en su actuación la labor supervisora del Secretario e Interventor municipales. A lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de sociedades públicas (Entidades Públicas Empresariales Locales) carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de Ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada.
Mora daba "información privilegiada"
Dentro de este entramado, la interventora Lucía Mora -quien actualmente simultáneamente trabaja en el Ayuntamiento de Trillo (Guadalajara) y el Consistorio de Miraflores de la Sierra (Madrid)- "favorece la adjudicación de determinados contratos a CGI" dándole a uno de sus máximos responsables "información privilegiada". Anticorrupción explica que "Mora tiene conocimiento de informaciones cuya custodia le está confiada y no debe ser divulgada, habiéndose constatado en las conversaciones telefónicas cómo transmite contenidos de determinados pliegos al señor Acosta".
La interventora, "consciente de la ilegalidad de su actuación, adopta para ello medidas de seguridad para no ser descubierta" por los investigadores
Se da la circunstancia que previamente al puesto de trabajo que ostenta ahora, Mora trabajó como interventora en el Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz, otro de los consistorios investigados. "En el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se han observado una serie de conversaciones telefónicas entre Lucía Mora y Blas Acosta en las que la primera muestra interés en que sea CGI la que se presente a un determinado concurso, facilitándole a Blas los pliegos. Consciente de la ilegalidad de su actuación, adopta para ello medidas de seguridad para no ser descubierta", destaca la Fiscalía.
Actualmente, en la operación Térmyca se investigan a una decena de personas por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las Administraciones e infidelidad en la custodia de documentos. La semana pasada la Guardia Civil, por orden del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell (Tarragona), el juez Josep Bosch Mitjavila, y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, practicó medio centenar de entradas y registros en diferentes puntos de España y Andorra. El objetivo de tales diligencias era desarticular la "organización criminal" que "ejecutó actos contrarios a la ley que permitieron asignaciones de concursos ilegales" en distintos ayuntamientos del país.
