Nuevo golpe contra la corrupción. Esta vez en Melilla. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a lo largo de la mañana en la ciudad norteafricana, Málaga, Lanzarote y Madrid a 15 políticos, empresarios y funcionarios presuntamente relacionadas con una trama de fraude de contratos públicos en la ciudad autónoma. El dispositivo, bautizado como 'Operación Tosca', lo realiza el Grupo de Delitos contra la Administración e incluye al menos cuatro registros en busca de documenbtación sobre supuestas irregularidades cometidas desde 2009. La investigación es continuación de otra iniciada en 2013 por la comandancia del Instituto armado en la ciudad autónoma y que recibió el nombre de 'Operación Ópera'. Entonces fueron arrestados el consejero y varios altos cargos de Medio Ambiente del Gobierno local. Ahora son al menos otras cuatro consejerías las que están bajo sospecha
La 'Operación Tosca' deriva de una investigación de 2013 abierta por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales de un pequeño empresario local
Las detenciones se producen sólo unos días después de que el Tribunal Supremo hiciera pública su decisión de investigar al presidente de Melilla y senador del PP Juan José Imbroda por un delito de prevaricación "sin descartar, obviamente, la existencia de otras infracciones penales" por la contratación supuestamente irregular de un abogado al que pagó con fondos públicos. En esta ocasión, las pesquisas de la Guardia Civil también apuntan al gobierno autónomo, según fuentes cercanas a la investigación. De hecho, lka investigación se centra en cinco consejerías del ejecutivo y otros organismos públicos, así como en varias empresas privadas. Las primeras son las de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura y Fomento, además de la viceconsejería de Festejos. Entre las empresas, Eulen e Hinosa.
La Operación Tosca arranca de una investigación de 2013 por supuesto delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales sobre un pequeño empresario de Melilla, Abdelkader Kassen, que terminó salpicado al ejecutivo autónomo. Aquello investigación hizo que la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad hallasen indicios sobre la posible existencia de "adjudicaciones ilegales y arbitrarias de contratos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla" y pusieran en marcha la 'Operación Ópera' que llevó a las prmeras detenciones de octubre de 2013.
5 millones de euros en contratos menores
Según reveló un auto de la magistrada tras aquellos arrestos, la investigación se centró en diversos contratos menores adjudicados por la Consejería de Medio Ambiente en los que se detectaron "posibles fraudes de ley en materia de contratación pública mediante fraccionamientos" de las cantidades de los mismos para no llegar al tope marcado por la ley para este tipo de contrataciones así como la existencia de "conciertos previos entre cargos públicos y/o determinados empresarios de Melilla". Esta práctica, según aquel auto, podría suponer también "falsedades documentales".
Las primeras investigaciones se centraron en irregularidades en contratos de la Consejería de Medio Ambiente, pero ya se han extendido a otros cuatro departamentos del gobierno autónomo
Los contratos menores investigados entonces sumaban casi 5 millones de euros facturados a la Ciudad Autónoma por obras y servicios en un periodo de varios años. Aquella investigación desembocó en octubre de aquel año en la imputación del responsable de la Consejería de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, del anterior Consejero, Ramón Gavilán, y del Director general del área, José Pastor, así como del jefe del negociado de protección de ambiente urbano de la Consejería, Carlos López Rueda.
Con toda la documentación intervenida entonces, la UCO inició al año siguiente otra investigación que desembocó en febrero de 2014 en una primera fase de la actual Operación Tosca, de la cual no trascendió, sin embargo, información a la opinión pública. En aquellas pesquisas, los agentes requisaron más información contable cuyo análisis en los últimos meses les ha permitido detectar "la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas,viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general", según detalla una nota de prensa de la Guardia Civil hecha pública este martes.
Ahora, un año después, la Guardia Civil ha dado el último paso y ha arrestado a una quincena de personas, la mayoría de elas en Melilla, pero también en Málaga (1), Lanzarote (1) y Madrid (3). La investigación la ha realizado el Grupo de Delitos contra la Administración de la unidad de élite del Instituto armado, que ya ha protagonizado en los últimos meses otros dos importantes golpes contra la corrupción política. En octubre desmanteló la trama Púnica, que presuntamente encabezaba el exdirigente del PP madrileño Francisco Granadas. Sólo dos semanas después actuaba en Andalucía en la Operación Enredadera, con la imputación de numerosos cargos políticos de PSOE, PP e IU.
