Los ecos del juicio por los primeros encargos de José Manuel Villarejo se están dejando sentir en el resto de piezas que integran la macrocausa por sus espionajes. El empresario Luis del Rivero -que figura como perjudicado por partida doble- ha abierto la veda a que se acuse por organización criminal en la investigación relativa al BBVA por estos hechos. Según explica, aspectos como el vasto número de implicados en los encargos o las transferencias al extranjero facilitarían la imputación de este grave delito.
El expresidente de Sacyr mueve ficha a tenor de lo que está ocurriendo en la primera vista caso Tándem. Hace apenas unas semanas, el tribunal que juzga tres de sus primeros trabajos concluyó que la Audiencia Nacional es la competente para juzgar estos hechos. De este modo desestimó la petición de algunos acusados -entre ellos el propio Villarejo- que explicaron que estos hechos tendrían que ser asumidos por la Audiencia Provincial de Madrid puesto que en las piezas que ahora se juzgan no se les acusa por organización criminal, delito cuyo estudio exige que se siga en la Audiencia Nacional.
El tribunal que encabeza la magistrada Ángela Murillo zanjó la polémica explicando que, aunque es cierto que estos hechos por sí solos "no serían suficientes" para mantener la competencia en la Audiencia Nacional, también concurre que estos espionajes guardan una relación muy directa con los otros del caso Tándem en los que sí se acusa por organización criminal. Ello es debido, sobre todo, a la ramificación internacional de la trama (delitos cometidos por españoles en el extranjero) y a la existencia un gran número de implicados en todos estos trabajos constitutivos de delito, según Anticorrupción.
Por ese motivo, la defensa de Luis del Rivero, Domingo de Ampuero y Vicente Benedito propone al juzgado que incluya este delito en la pieza relativa a los encargos del BBVA. El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, forma parte de un total de cinco escritos en los que se solicita una batería de diligencias. Para ello, los perjudicados de los espionajes sostienen que desde el BBVA se ha apoyado económicamente a la organización criminal dirigida por el comisario jubilado, de tal manera que sin esta relación cliente-comisario, la trama no se habría mantenido en el tiempo.
"Ya en la pieza principal se han detectado transferencias internacionales vinculadas a cuentas en el BBVA que aportan un carácter transnacional a la dinámica de blanqueo de capitales llevada a cabo por los integrantes de la organización criminal", reza el escrito. Se refiere al destino final de parte del dinero que el banco abonó al Grupo Cenyt durante los 13 años que se prolongó la relación laboral. Al respecto, Asuntos Internos acreditó en un informe de 18 de julio de 2017 que Marvila (una de las muchas firmas de su entramado) canalizó pagos de sus clientes VIP en cuentas ubicadas en Panamá y Uruguay.
Entramado en el extranjero
Del mismo modo, enumera las sociedades que forman el Grupo Cenyt para concluir que la envergadura de este entramado "es mayúscula". A las ramificaciones de la matriz (Cenyt Forensic, Cenyt Data, Cenyt Media o Cenyt Salud...) añade otras abiertas en el extranjero como Financiera Uruplán y Financiera Omerán (Uruguay) y las que se han gestionado por familiares directos. Es el caso de Real State o Lextor (administrada por su hijo mayor) o Stuart &McKenzie (a cuyo frente estuvieron primero su socio Rafael Redondo y su mujer Gemma Alcalá).
Sus mercantiles fueron utilizadas en la operativa de blanqueo procedente del cohecho que habría cometido Villarejo e, indirectamente, del blanqueo internacional
Al respecto alude a las conclusiones policiales acerca de que Villarejo se apoyó en algunas de estas mercantiles para blanquear parte de las ganancias que obtuvo por sus espionajes millonarios. Además añade que se valió de un grupo de personas que impulsaron estos hechos por tiempo indefinido. Se trata de dos requisitos que exige la comisión del delito de organización criminal y que ahora recuerda Del Rivero, el cual figura también como perjudicado en la pieza por los encargos de Repsol y Caixa. En lo relativo a los encargos del BBVA, enumera una docena de contratos, siendo el primero de ellos el impulsado para espiarle en el marco del bautizado como proyecto Trampa.
Colaboradores de Villarejo
El expresidente de Sacyr también implica a otro colaborador de Villarejo que, según Anticorrupción, filtró información policial de carácter reservado a cambio de dádivas. Es el caso del exjefe de la UCAO Enrique García Castaño. Del Rivero sostiene que la adhesión al caso Tándem de unas diligencias abiertas contra este mando policial demostrarían la conexidad entre los hechos. Además, asegura que 'El Gordo' fue, según los informes policiales, el mando que facilitó a Villarejo datos privados de los espiados en el proyecto Trampa, con el que se intentó abortar el intento de asalto de Sacyr al capital del BBVA.
La financiación de la organización criminal de Cenyt y el banqueo en el extranjero están sometidos a la competencia de la Audiencia Nacional
Adjunta además una serie de audios que obran en el sumario en los que se alude al posible pago de prestaciones. "Mientras el tema vaya bien y podamos, tal, ¡coño!, el medio kilo al mes yo te lo tengo guardado como hemos quedado", le dijo Villarejo, de acuerdo con un audio de octubre de 2005. Con todo, Del Rivero implica igualmente en estos trabajos al inspector jubilado Antonio Bonilla (que también está siendo juzgado en estos momentos en la Audiencia Nacional) y cuya firma Anbycol recibió pagos mensuales de 1.500 euros del entramado a cambio de "prestación de servicios de inteligencia empresarial".
"Está acreditada la colaboración entre más de dos individuos con una estructura con un reparto específico de funciones y tareas siendo el líder de la organización D. José Manuel Villarejo Pérez que dirige y coordina el conjunto de actividades", rezan los perjudicados, que añaden que formarían parte de esta organización criminal Rafael Redondo, su hijo, su esposa y los mandos policiales García Castaño y Antonio Bonilla.
En relación al requisito de que los hechos se prolongaran en el tiempo, razona que los contratos con el BBVA (firmados por Redondo en nombre de Cenyt y Julio Corrochano de parte del BBVA) se mantuvieron hasta que el hijo del comisario jubilado firmó el acuerdo de extinción el 14 de noviembre de 2017, esto es, once días después del estallido de la causa en la que se detuvo al comisario jubilado y su núcleo más cercano. Finamente, el escrito recuerda que todos los ítems recogidos están sometidos a la competencia de la Audiencia Nacional, al estar "vinculados a una organización criminal que opera en España".
