Irene Montero sigue sumando escándalos. Este lunes conocíamos que, supuestamente, Teresa Arévalo no era el único miembro del partido que ejercía de niñera de los hijos de la Ministra de Igualdad y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Ese día por la mañana, el magistrado Juan José Escalonilla citó a declarar como imputada a Gara Santana, una exempleada del departamento de prensa de Podemos, señalada también por ejercer como cuidadora de los menores.
Según informó Vozpópuli, el instructor al frente del caso Neurona, del que deriva el asunto de las cuidadoras, citó a Santana para el próximo 10 de mayo, después de que una exescolta de la ministra asegurase en sede judicial que ella también cuidó a sus hijos pequeños. Este escándalo de la segunda niñera de Montero se suma a una larga lista de supuestas irregularidades y polémicas que rodean a la ministra desde que comenzó su andadura política.
La primera parte del 'caso niñera' afecta a María Teresa Arévalo. En las pesquisas de la investigación sobre la supuesta contratación irregular de la consultora mexicana Neurona por parte de Podemos para las elecciones generales de abril de 2019, se señaló que esta asesora de Podemos, todavía bajo sospecha de la Justicia, ejercía de cuidadora de la hija de Montero. Desde entonces, las críticas han sido constantes hacia la ministra y hacia Iglesias, incluso pese a que la acusación ha sido rechazada tanto por los altos cargos de la formación como por la propia Arévalo.
Además, en Vozpópuli publicamos que, ignorando el escándalo, Arévalo sigue trabajando como asesora para el Ministerio de Igualdad por un salario anual de 53.461 euros, con cargo al erario público, tal y como se puede confirmar en el Portal de Transparencia.
Muy de la mano de este asunto está el de la exescolta de la ministra Montero, Elena González, que fue quien denunció, en sus declaraciones judiciales por el caso Neurona, que había una segunda persona dentro del órgano de Podemos que cuidaba de los hijos de los líderes morados. La que fuera responsable de Seguridad de la ministra reveló anteriormente que la política le encargó realizar funciones que no estaban dentro de las competencias para las que fue contratada. Además, añadió que otras personas también las tenían que hacer porque "seguían órdenes", según fuentes jurídicas presentes en su declaración. Entre dichas gestiones, afirmó que se le encargaron recados para el padre de la Ministra de Igualdad.
La relación de Montero con los abogados del partido
Otra de las controversias que ha rodeado a Irene Montero en los últimos años ha sido el del despido irregular de su abogada y responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona. Junto a su compañero José Manuel Calvente (entonces coordinador de Estrategia Jurídica), inició una investigación sobre las supuestas "irregularidades" en las finanzas del partido. De hecho, ella misma aseguró que avisó al propio Iglesias de ello.
En el año 2019, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, impulsó la purga de ambos porque "molestaban". La abogada de profesión reclamó en su momento al partido 75.000 euros en concepto de indemnización porque entendía que se vulneraron sus derechos. La propia abogada declaró que fue una represalia tomada desde las élites del partido por "investigar hechos sospechosos". En el caso de Calvente, la Audiencia Provincial de Madrid indicó mediante una resolución que Podemos inventó un caso de acoso sexual y laboral para despedir al abogado de la formación.
En todo este asunto, el papel de Montero radica en que, aparte de ser, junto a Iglesias, la gran líder del partido en ese momento, Carmona fue la que, durante sus declaraciones como testigo en el Caso Neurona, inicialmente denunció la irregularidad de las niñeras, señalando directamente a la Ministra.
Montero también ha tenido una relación sospechosa con la que fuera abogada del partido, Marta Flor Núñez. En el año 2018, saltó a la luz que la ministra había utilizado a la abogada del departamento legal de Podemos, y a sueldo del partido, para la cobertura legal de la publicación del poema machista que hablaba de la relación de Montero e Iglesias, un asunto plenamente personal. Además, en 2019, este periódico informó de que la misma Flor criticó que el líder del partido y otros dirigentes la utilizaban a ella y a otros letrados de la formación morada para sus asuntos personales.
Reforma irregular del chalet
La compra del chalet en Galapagar, más allá de críticas por si se trata de una incoherencia o no, también ha traído quebraderos de cabeza a la política y su pareja. En el año 2019, ambos realizaron una reforma de la polémica casa, pero no declararon al ayuntamiento todas las obras, ahorrándose impuestos y actuaron en contra de las normas.
La obra consistió, entre otros cambios, en la conversión del garaje en una tercera habitación, así como en la construcción de una barbacoa. El proyecto estaba presupuestado inicialmente en alrededor de 40.000 euros, pero solo declararon al ayuntamiento de la localidad trabajos por valor de 13.055 euros. De esta manera, y tal y como constaba en la documentación presentada por Iglesias y Montero en el consistorio, con esta declaración se habrían ahorrado impuestos en su reforma.
Las obras de reforma datan del 14 de junio de 2019, se prolongaron hasta finales de ese año y era la segunda realizada por la pareja tras hacerse con la vivienda en 2018 por 660.000 euros.
Polémicas por los sueldos y el gasto en Igualdad
Otro de los asuntos por los que Montero ha sido duramente criticada, más allá de opiniones políticas, ha sido el tema de los gastos y sueldos destinados al ministerio que dirige.
Por ejemplo, tal y como adelantó este diario, el Ministerio de Igualdad fue el que más incrementó su gasto en personal en los primeros nueve meses del 2021, destinando un 103% más que en 2020 y superando la barrera de los 5 millones de euros. Concretamente, pasó de 2,5 millones de euros invertidos en concepto de "gastos de personal" en 2020 a los 5,2 millones del 2021, según se reflejaba en los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El segundo ministerio que más incrementó su coste de personal es el de Universidades, que subió un 28,5%.
Además, de esos 5,2 millones de euros, 427.579 se destinan a pagar a ocho asesores en salarios brutos por el trabajo desempañado desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2021. Esto supone una media de 53.400 euros por 10 meses de trabajo. De estos ocho asesores, cinco pertenecen al Gabinete de Irene Montero y tres a la Secretaría de Estado de Igualdad.
Para más inri, dos de sus asesores, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, fichados por la ministra Irene Montero en octubre de 2021 y que cobran 62.657 y 53.461 euros anuales, respectivamente, están acusados en el caso 'Open de Tenis'. Mayer y Sánchez Mato se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del próximo 25 de abril, por un supuesto delito de "malversación de caudales públicos" y otro de "prevaricación" por el encargo de dos informes externos para denunciar presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid con la Madrid Trophy Promotion (MTP) para organizar el Mutua Madrid Open en la época de Alberto Ruiz-Gallardón.
Por otro lado, la ministra de Igualdad destinará entre este año 2022 y el 2025 20.000 millones a "políticas feministas transversales", quintuplicando la última inversión en un plan de igualdad, que data en el año 2016 y para el que se destinaron unos 3.126 millones de euros. Según Igualdad, este plan tiene como objetivo impulsar políticas feministas desde todas las administraciones y ministerios e incluye medidas encaminadas a fortalecer los servicios públicos de cuidados: ampliación de la educación de 0-3 años, modernización del sistema de dependencia o ampliación del plan corresponsables.
