La misma reforma local que parecía languidecer después de que fuera imposible un acuerdo en julio del pasado año parece haber cogido carrerilla de modo que antes de que acabe el mes pasará por la mesa del Consejo de Ministros. Para ello, Gobierno y PP dieron al PSOE esta semana como fecha límite para alcanzar un acuerdo que se viene intentado desde hace meses y cuya interlocución han llevado los responsables de política municipal de ambos partidos, Manuel Cobo por el PP y Gaspar Zarrías por el PSOE, además de otros contactos de más alto nivel.
Esta semana terminaba el plazo, según fuentes populares, que ven posible que la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pueda ir incluso al Consejo de Ministros de este viernes, el mismo día en que arranca la reunión intermunicipal del PP, que se celebra en Almería, y que estará centrada en la reforma local después de los conatos de rebelión popular contra el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas en rechazo a sus primeras propuestas. Sólo la posibilidad de hacer una intentona final para alcanzar el consenso con el PSOE, aunque no sea en el todo, al menos en parte, puede alargar el proceso hasta la semana que viene.
No parece probable, sin embargo, que se alcance dicho pacto a tenor de las declaraciones que este sábado hizo el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al término de la reunión del comité federal socialista. El secretario general del PSOE dijo ver "prácticamente imposible" un acuerdo por entender que persigue la privatización de los servicios públicos. "No estamos de acuerdo con el contenido de fondo de la reforma", dijo, porque consiste en "atiborrar a las Diputaciones provinciales de competencias que no van a poder ejercer" y que por lo tanto tendrán que privatizar. El propio Rubalcaba se había implicado en una negociación con la que se pretendía rubricar un gran pacto de Estado PP-PSOE, el primero de la legislatura, destinado a "despejar" el mapa competencial municipal y meter mano a los gastos de los entes locales.
La reforma local forma parte de la "agenda institucional" que Moncloa ha presentado a la Comisión Europea por la que asegura que se ahorrará en dos años 9.000 millones
Los principales escollos han sido el papel de las diputaciones, la pervivencia de las mancomunidades y el recorte en el número de concejales, así como la determinación del porcentaje de los que tendrán la consideración de liberados. De fondo subyace el reparto del poder municipal que ahora tienen populares y socialistas. De una parte, el PP controla mayor parte de las Diputaciones Provinciales de España, de ahí que no sólo haya decidido su supervivencia sino atribuirles la prestación de servicios públicos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no superen unos estándares de calidad. Por su parte, el PSOE no quiere ver perjudicadas las escasas cuotas de poder municipal que aún tiene, que podría ver perjudicadas si hay una cesión de competencias a los ayuntamientos o se establece que los concejales de la oposición, salvo el portavoz, dejan de estar remunerados.
Por su parte, en el PP se quejan de que no ha habido estas semanas una posición unánime de los socialistas, dado que el PSC ha estado marcando territorio para que no se vieran afectadas las veguerías, que sustituyen a las diputaciones provinciales en la comunidad catalana y que fueron objeto de sentencia contraria del Tribunal Constitucional cuando dictó recurso contra algunos aspectos del Estatut. El alto tribunal exigió una ley concreta de veguerías que determinara la división territorial y electoral del territorio.
Independientemente de si hay acuerdo o no con el PSOE, el Gobierno está obligado a presentar en Europa su Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local porque a ello se comprometió ante la Comisión Europea a principios de agosto cuando presentó el Plan Presupuestario para los años 2013 y 2014, en el que cuantificó el ahorro estimado para los dos ejercicios en 9.000 millones de euros. Moncloa se comprometió al “adelgazamiento de las estructuras administrativas”. En definitiva, la reforma local forma parte de la “agenda institucional” presentada por el gobierno ante el Consejo, que se completará con la reforma de la administración autonómica que se acordó en la Conferencia de Presidentes el pasado mes de octubre, para lo que se ha creado una comisión interministerial presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y que desea tener terminados sus trabajos en junio de este año.
