Todos los grupos políticos del municipio madrileño de Parla aprobaron en el pleno de este martes suspender el contrato de externalización de los radares fijos que controlan la velocidad por el casco urbano de la localidad. La decisión, adoptada por unanimidad, refleja el malestar que ha generado la instalación de estos aparatos y el desorbitado aumento del número de multas impuestas por infracciones, tal y como adelantó Vozpópuli.
La propuesta de suspensión del contrato fue presentada por el PP del municipio, y tras las enmiendas de IU y UPyD, todos los grupos, incluidos el socialista al que pertenece la actual alcaldesa, Beatriz Arceredillo, aprobaron la suspensión de este contrato, firmado en su día por el anterior regidor, José María Fraile, imputado posteriormente en la 'Operación Púnica'. Desde el Ayuntamiento parleño matizan, eso sí, que este acuerdo no interrumpe el servicio, y que la Policía no tiene ninguna instrucción de lo contrario, por lo que sigue tramitando denuncias.
La propia alcaldesa, que en el momento de la firma no formaba parte de la Junta de Gobierno y no lo votó, pero que sí se ha mostrado contraria a las externalizaciones, declaraba hace menos de dos semanas que la decisión no dependía de ella, y que el problema era que había una legislación vigente muy clara sobre el cumplimiento de los contratos que había que respetar. "Esto se puede hacer de acuerdo entre las partes o por incumplimiento de una de ellas, siendo más fácil la primera opción, que es la que se está intentando poner en marcha mediante conversaciones con la empresa", explican desde el consistorio a Vozpópuli.
El contrato firmado para cuatro años lleva menos de uno funcionando. La empresa adjudicataria obtiene el 80% de lo recaudado, a lo que ahora podría sumar una indemnización si finalmente se rescinde
En este caso se trata de un contrato firmado por cuatro años que lleva funcionando menos de uno, por lo que el Ayuntamiento de Parla tendrá que valorar que una ruptura por su parte de lo pactado puede suponer una indemnización para la UTE formada por Bilbomática S.A. y Orange España S.A.U., de manera que se estudiará cuándo es menos gravoso para el consistorio. "Ahora puede comenzar un proceso administrativo largo, pero en cualquier caso cabe recordar que los radares siguen funcionando, siguen señalizados en la página web del ayuntamiento y que los ciudadanos tienen la obligación de cumplir la ordenanza municipal de circulación. Las multas impuestas se deben a infracciones cometidas, aunque el ciudadano siempre tiene su derecho a recurrirlas", afirman desde el consistorio, desmintiendo que se fueran a revisar todas las sanciones impuestas desde que el sistema empezó a funcionar.
El propio grupo socialista ya defendió que procedería una suspensión cautelar del contrato señalando algunos posibles incumplimientos, como que no se ha elaborado un plan de movilidad o que no se ha cumplido el objetivo, que no era recaudar sino reducir la siniestralidad en la localidad y prevenir accidentes.
La polémica sigue instalada en el municipio madrileño desde que se conocieron las cifras de multas impuestas en los últimos meses del pasado año, en los que se registraron más de 11.000 sanciones en apenas un mes, a una media de 225 diarias. Además, la indignación de los vecinos creció debido al punto de colocación de los detectores de velocidad y, especialmente, al saberse que la gestión del servicio correspondía a una empresa privada que obtenía el 80% de lo recaudado, mientras que el consistorio recibía el 20%. Ahora podría encontrarse, también, con una indemnización por la ruptura del contrato.
