Cuatro sentencias con un mismo resultado. En apenas un mes, el Tribunal Constitucional ha dictado cuatro fallos, el último solo hace unos días, en los que anula múltiples acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Se trata de diversos vetos a iniciativas de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). En todos los casos la Mesa, controlada por la mayoría del Partido Popular, impidió que se debatiese en la cámara legislativa sobre la corrupción política. Y sobre otros asuntos como las preferentes de Bankia o la fallida operación de Eurovegas. Así las cosas, en numerosas ocasiones las iniciativas de los magentas, que siempre denuncian la corrupción de los populares, no se debatieron en la cámara regional.
En la última sentencia, del 19 de enero, la Sala Segunda del TC asegura que "se ha vulnerado su derecho a ejercer sus funciones con los requisitos que señalan las leyes"
La última de estas cuatro sentencias está fechada el pasado 19 de enero de 2015. En ese caso, el Tribunal Constitucional otorga el amparo al portavoz de UPyD en la Asamblea, Luis de Velasco. La Sala Segunda del máximo garante de la Carta Magna asegura que "se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes". Unos requisitos que recoge el artículo 23 de la Constitución. En el fallo se explica que la Mesa de la Asamblea -cuya mayoría ostenta el PP- frenó los debates que proponía UPyD sin apoyarse "en ninguno de los límites materiales del Reglamento de la cámara".
Nuevas resoluciones tras el veto
En este último caso, los magistrados declaran la nulidad de los acuerdos que tomó la Mesa de la Asamblea el 29 de abril, el 6 de mayo y el 13 de mayo de 2013. Y ordenan al organismo público "retrotraer las actuaciones al momento anterior del de dictarse los citados acuerdos" de forma que la citada Mesa "adopte nuevas resoluciones respetuosas con el derecho fundamental reconocido". Más en concreto, esta cuarta sentencia evidencia que la mayoría del PP impidió que se debatiese sobre tres iniciaticas propuestas por UPyD: la reforma de la administración, la posible puesta en marcha de Eurovegas y las acciones legales frente a los responsables de la venta de preferentes de Caja Madrid.
Similares, muy similares a esta son las otras tres sentencias del Constitucional fechadas el 15 de diciembre (dos de ellas) y el 23 de diciembre del pasado año. En todas ellas los magistrados del TC, igualmente, aseveran que la Mesa violó los derechos de UPyD, anulan los acuerdos del organismo y ordenan que se vuelva a pronunciar respetando a la formación magenta. En los cuatro casos, en suma, la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, se saltó el reglamento para impedir los debates propuestos por los magentas. En la mayoría de los casos, se trata de iniciativas que tenían que ver, textualmente, con "la corrupción política" en la comunidad.
No por motivos políticos
Desde la formación magenta, en la que están empeñados en luchar contra la corrupción, aseguran a Vozpópuli que a partir de ahora, según las sentencias del Constitucional, no se pueden rechazar iniciativas por motivos de fondo, es decir, que la valoración política no es motivo justificado para inadmitir las propuestas de los grupos. Estas sentencias, remarcan desde UPyD, sientan precedentes para todos los parlamentos regionales, así como para el Congreso de los Diputados. Las mesas de todos esos organismos no podrán vetar iniciativas por motivos políticos. Y es que estos organismos de los diferentes parlamentos ya no podrán entrar a valorar el fondo de la iniciativa, sólo la forma.
Ramón Marcos, candidato de UPyD en las autonómicas, asegura que "se estaba vulnerando el derecho de representación del grupo parlamentario, un derecho que decidieron así los ciudadanos con su votos"
En suma, afirman los magentas consultados, lo que han pretendido presentando estos recursos de amparo por estas cuestiones es defender la democracia. Según el candidato de la formación magenta a las autonómicas de Madrid y portavoz adjunto en la Asamblea, Ramón Marcos, "se estaba vulnerando el derecho de representación del grupo parlamentario, un derecho que decidieron así los ciudadanos con su votos". "La mayoría absoluta del PP se estaba saltando a la torera un derecho fundamental de los ciudadanos y nosotros tenemos la obligación de defender a la gente, ya que si no se respetan estos derechos, no hay democracia", añade.
